El titular de la Comisión Permanente, Raúl Latorre, convoca a sesión extraordinaria de esta mesa de trabajo a fin de que los miembros analicen y aprueben la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, que podría darse para mañana miércoles 23 de diciembre en horas de la mañana. El principal motivo es que la Cámara Baja analice el pedido de prórroga de vigencia de la Ley de Emergencia Sanitaria por covid-19.
La resolución firmada por el diputado Latorre convoca a los miembros de la Permanente para esta mañana a las 10:00 para que aprueben una convocatoria urgente de Diputados y ellos, a su vez, puedan analizar cuatro proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Uno de ellos tiene que ver con la prórroga de varios artículos de la Ley de Emergencia por covid-19, cuya vigencia fenece el próximo 31 de diciembre del 2020. Este proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara de Senadores la semana pasada.
Al respecto, el diputado Latorre ya había anunciado el tratamiento de la ampliación de esta normativa a fin de brindar el marco legal al Gobierno para la lucha contra el covid-19, teniendo en cuenta que la pandemia continúa y más aún teniendo en cuenta que se anunció una nueva cepa de este virus, que está teniendo un brote en el Reino Unido.
De acuerdo a la resolución, otro de los proyectos de ley que deberá analizar la Cámara Baja tiene que ver con la prorroga del artículo 46 de la Ley 6.524 de Emergencia para la utilización del ejercicio fiscal 2021. El mismo estipula la utilización de los fondos destinados por el Ministerio de Hacienda al Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago de compensaciones económicas a trabajadores formales suspendidos, en aislamiento preventivo, en situación de riesgo y reposos por salud.
Otro tema pendiente en Diputados es el proyecto de modificación de la Ley 4.392/2011 de creación del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress). Esta normativa es conocida como la Ley Bianquita. Así como el proyecto de ley “de la reserva militar activa”, que tiene como fin contar con una herramienta legal para que los considerados “reservistas” puedan apoyar a las fuerzas militares en el cumplimiento de su misión constitucional, sin que esto implique un gasto adicional para el Estado paraguayo.