El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley “que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con coberturas de bosques en la Región Oriental”, en la versión de la Cámara de Senadores. Con esto se extiende por 10 años los alcances de la Ley 6.256, incorporando, además, incentivos para quienes preserven sus bosques nativos, así como un relevamiento de las tierras boscosas de las comunidades indígenas.
El documento pasa al Poder Ejecutivo para su posterior estudio.
La decisión de los legisladores se dio por una amplia mayoría, que sancionó la normativa luego de un extenso debate, teniendo en cuenta que la ley fenece el próximo 14 de diciembre. Con esta sanción, la iniciativa extiende su vigencia por 10 años más.
Durante el debate que se dio en el pleno de la Cámara Baja, el diputado Raúl Latorre señaló que pese a que gran parte del país se dedica a la agricultura no se puede dejar de acompañar la iniciativa. “Tenemos que buscar el desarrollo sostenible, por más que nuestro país se dedique a actividades agropecuarias, no podemos más que sumarnos a la aprobación de la Ley de Deforestación Cero”, remarcó.
Por su parte, la diputada Kattya González dio detalles de la deforestación en el país. “La Organización Mundial de Conservación WWF aporta datos sobre pérdida de bosques según los cuales Paraguay en el 2019 ha perdido más de 6 millones hectáreas de cobertura arbórea, debemos entender que sin bosques no hay aire ni vida”, explicó.
Mientras tanto, el diputado Ramón Romero Roa abogó por el cumplimiento de la normativa, de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, y que las instituciones no se conviertan en cómplices de la deforestación. “Esperemos que no solo podamos tener la ley vigente, sino que no haya complicidad de las instituciones que hacen caso omiso a circunstancias que se dan para incumplir la ley”, puntualizó.
PROMULGACIÓN
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la pronta promulgación de la normativa y agradeció al Congreso por la aprobación. “Agradecemos al Congreso por la aprobación de la Ley de Deforestación Cero que vamos a promulgar mañana. La ley prorroga por 10 años más la prohibición del desmonte masivo en la Región Oriental y plantea un relevamiento de bosques nativos en comunidades indígenas”, manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter.
El senador colorado Basilio Núñez indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa. Foto: Archivo
Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
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El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
Peña firmó el decreto que reglamenta Ley Hambre Cero
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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto 1584, que reglamenta la Ley de Hambre Cero en las Escuelas.
El anuncio se dio por parte del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, en una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y varios gobernadores e intendentes.
“Hemos logrado hoy ya emitir el decreto reglamentario de la ley de alimentación escolar, un primer paso determinante que hemos estado trabajando estos días y con eso arranca el gran desafío de llevar adelante esto”, anunció el ministro Tadeo Rojas, presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae).
Las autoridades nacionales y locales se reunieron con el presidente Peña para abordar los principales puntos de la reglamentación de esta ley, que asegurará la alimentación de los alumnos en las escuelas y colegios. “En la reunión que hemos tenido con el presidente de la República, Santiago Peña, los gobernadores y algunos intendentes representantes, presidentes de consejos de intendentes de todo el país y los miembros del Conea, se tomó determinaciones muy importantes”, refirió Rojas.
Entre las determinaciones tomadas en esta reunión se anunció el inicio de la distribución de la alimentación escolar con la nueva ley a partir de los primeros días de agosto.
“Entre ellas, el objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar, prácticamente es un hecho, conforme al calendario que llevamos aprobado hoy, que sea proveído a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, informó el ministro Rojas.
Se determinó, además, iniciar con la distribución en 75 distritos de 7 departamentos, mientras que serán prioridad 22 localidades, según la reglamentación rubricada ayer miércoles.
“Se ha resuelto determinar, encarar el desafío en 75 distritos. Existen 7 departamentos que hoy están priorizados dentro del sistema de protección social; estos también tienen seleccionados 22 distritos, pero igualmente se han incluido 3 distritos de cada departamento”, indicó.
La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
En la propia Seprelad funcionaba la oficina paralela montada para fraguar y filtrar información con el fin de perseguir enemigos políticos del abdismo.FOTO: ARCHIVO
Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
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La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
Esta fecha es clave, 1 de abril de 2022, tres meses antes de las designaciones, la Seprelad remite a FinCEN (oficina del Tesoro de EE. UU.) copia del “informe espontáneo” generado por la institución con informaciones parciales y fraguadas
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.