POR ROSSANA ESCOBAR M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Hasta que asumió Nicanor Duarte Fru­tos como director, la Entidad Binacional Yacyretá proveía informaciones soli­citadas por Ley de Acceso a la Información Pública. Con su administración varios ciuda­danos quedaron plantados con sus pedidos de informes.

Según el Ministerio de Jus­ticia, institución que coor­dina la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, desde agosto del 2018 la binacional dejó de cumplir la ley.

Desde que asumió Duarte Frutos quedaron 36 pedi­dos de ciudadanos sin res­ponderse.

Sin embargo, en el 2018, desde agosto de ese período específicamente, ingresa­ron a través del Portal Uni­ficado de Información del Estado 42 solicitudes. De las cuales 9 solicitudes no fueron respondidas y 33 sí fueron remitidas, pero ya no se disponibilizan las infor­maciones dentro del portal, porque se enviaba a los recu­rrentes a sus correos elec­trónicos.

En el 2019, ingresaron 36 solicitudes, 4 no fueron res­pondidas y 32 solicitudes respondidas, todas envia­das al correo particular de cada solicitante.

Pedidos de ciudadanos que solicitaron información a Yacyretá y no fueron respondidos.

En el año 2020, ingresaron hasta la fecha 63 solicitudes, de las cuales 23 solicitudes no fueron respondidas, 17 solicitudes respondidas.

En este momento, el portal señala 14 solicitudes inicia­das, 3 solicitudes de recon­sideración no atendidas y 4 solicitudes atendidas. Las estadísticas del Ministerio de Justicia reflejan que el direc­tor de Yacyretá responde soli­citudes a su antojo y aplica la ley a dedo, no en rigor.

Además, queda en evidencia que usó como excusa la auto­rización de los socios argen­tinos que alegó para no pro­veer gastos relacionados a la publicidad y transferen­cias sociales, interponiendo hasta una triangulación a través de la Cancillería.

Llama la atención que algunos pedidos de infor­mes remita directamente al correo del solicitante mientras que al periodista de este medio la administra­ción de Nicanor respondió que debe canalizar su soli­citud a través de la Canci­llería. Existen precedentes de que enviaron respuestas a pedidos realizados a través del portal de Transparencia.

El director de Yacyretá se resiste a brindar detalles de los pagos en concepto de publicidad y las millona­rias transferencias sociales a organizaciones guberna­mentales y no gubernamen­tales. En el portal de la binacional aparecen cifras astronómicas de la repar­tija de recursos y en teoría debería existir una minu­ciosa rendición de cuentas.

El ex director de la entidad, Ángel María Recalde, señaló que todos los aportes entre­gados por la binacional deben tener su rendición de cuentas. Precisamente, realizamos la consulta sobre los informes de gastos ejecutados elevados por los beneficiarios, pero en Yacyretá no facilitan infor­mación al respecto.

El Ministerio de Justicia emitió un dictamen que si bien no es vinculante, le dice a Nicanor y su admi­nistración que deben respe­tar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y proveer la información requerida sobre publici­dad y otros. Sin embargo, el secretario general de la binacional, Óscar Ovelar, señaló que remitieron el documento a su asesoría jurídica para responder si corresponde o no el pare­cer de la mencionada car­tera estatal.

Para Ovelar y la adminis­tración de Nicanor, la bina­cional está por encima de la ley nacional. El secretario general sostuvo que “hay que entender que las binaciona­les son personas jurídicas del derecho internacional, las normas que las crearon y las regulan son instrumentos regidos por el derecho inter­nacional”. Al parecer es un argumento de salvación para ciertas ocasiones en las que necesitan poner obstáculos para no proveer detalles de ciertos pagos, considerando que la entidad está adherida al portal unificado en el que las instituciones deben tra­mitar y facilitar el acceso a la información pública.

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