El ex titular de la EBY, Ángel María Recalde, aseguró que la hidroeléctrica no puede negarse a facilitar información, que no existe impedimento. Nicanor Duarte Frutos dijo que necesita autorización de argentinos para proveer las informaciones sobre gastos de publicidad y otros; derivó el caso a Cancillería.
Luego de que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a cargo de Nicanor Duarte Frutos, se negara a proveer información sobre los gastos en publicidad, eventos, propaganda y ayuda social que realizó la margen derecha de la hidroeléctrica en los últimos años, el ex director de la hidroeléctrica aseguró que esto no se hacía en su administración. Afirmó que la ley es clara y no puede negársele a nadie los datos.
“Los únicos pedidos que se hacían vía Cancillería eran los del Senado”, expresó Ángel María Recalde, ex director del lado paraguayo de Yacyretá. Según el anterior administrador de la EBY, lo único que se hacía cuando llegaba un pedido de acceso a la información pública era verificar la existencia real de esa persona, “nunca se le negó información a nadie”, aclaró.
Desmintió que sea un procedimiento normal obligarle al ciudadano a realizar un pedido de información mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), tal como argumentaron los funcionarios de Duarte Frutos. “Yo no me acuerdo que hayamos llegado a ningún solo reclamo vía judicial”, comentó Recalde al tiempo de indicar que el departamento de Transparencia de la EBY trataba siempre de cumplir con los 15 días que indica la legislación para proveer los datos solicitados.
Recalde fue directo, dijo que no existe impedimento de ningún tipo para proveer información a un ciudadano sobre los gastos de la binacional. Subrayó que es una mentira el argumento de Duarte Frutos y que esta actitud de derivar el caso a la Cancillería puede sugerir oscuras intenciones de ocultar datos.
El pasado 13 de noviembre, la Oficina de Información Pública de Yacyretá envió a este medio una nota firmada por uno de los subalternos de Duarte Frutos informando que los datos solicitados vía web de acceso a la información pública no podían ser proveídos sin la autorización de la margen izquierda (Argentina), y para esto el pedido debía hacerse a través de Cancillería. Se escudaron en los socios argentinos para no pasar los datos.
De acuerdo con un análisis de la nota hecho por el abogado Federico Legal, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), la EBY cometió una primera falta al comunicar la negativa por medio de la nota firmada por el funcionario de Transparencia de la EBY, Hugo Joel Meza, con base en un dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica, ya que según la Ley 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, debe ser la máxima autoridad quien comunique la negativa, en este caso, Duarte Frutos.
De igual manera, al ser consultado sobre el porqué la entidad binacional Itaipú al ser solicitada por los mismos datos sí proveyó la información sin contratiempos, el funcionario Hugo Meza no supo responder al planteamiento y afirmó que trasladará la consulta a Asesoría Jurídica de la institución. Algo bastante llamativo, ya que él es el encargado de Transparencia de Yacyretá y debiera manejar los alcances de la ley.
Según la nota de negativa de la EBY a este medio, la propia Corte Suprema de Justicia sostiene que los pedidos deben hacerse vía Cancillería y para reforzar esto, la binacional expuso la inconstitucionalidad de la Ley 1167/97 como argumento para validar su negativa. La misma sostenía que las documentaciones referentes a la binacionales “constituyen patrimonio documental de los Estados parte para el efecto”. (Acuerdo y Sentencia Nº 280 de fecha 01/06/2011).
Sin embargo, para el abogado Ezequiel Santagada, de la organización por la transparencia (IDEA), la explicación dada por la EBY tampoco es válida, ya que la inconstitucionalidad mostrada para el efecto es anterior a la actual Ley N° 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. “Esto es claramente una cuestión de índole política, no quieren dar la información porque probablemente tienen algo que ocultar”, había señalado Santagada.