El ex titular de la EBY, Ángel María Recalde, aseguró que la hidroeléctrica no puede negarse a facilitar información, que no existe impedimento. Nicanor Duarte Frutos dijo que necesita autorización de argentinos para proveer las informaciones sobre gastos de publicidad y otros; derivó el caso a Cancillería.

Luego de que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a cargo de Nicanor Duarte Frutos, se negara a proveer infor­mación sobre los gastos en publicidad, eventos, propa­ganda y ayuda social que rea­lizó la margen derecha de la hidroeléctrica en los últi­mos años, el ex director de la hidroeléctrica aseguró que esto no se hacía en su admi­nistración. Afirmó que la ley es clara y no puede negársele a nadie los datos.

“Los únicos pedidos que se hacían vía Cancillería eran los del Senado”, expresó Ángel María Recalde, ex director del lado paraguayo de Yacyretá. Según el anterior adminis­trador de la EBY, lo único que se hacía cuando llegaba un pedido de acceso a la infor­mación pública era verificar la existencia real de esa per­sona, “nunca se le negó infor­mación a nadie”, aclaró.

Documentos que había remitido Itaipú sobre gastos en publicidad de manera directa al periodista de nuestro medio.

Desmintió que sea un pro­cedimiento normal obli­garle al ciudadano a realizar un pedido de información mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), tal como argumentaron los funcionarios de Duarte Fru­tos. “Yo no me acuerdo que hayamos llegado a ningún solo reclamo vía judicial”, comentó Recalde al tiempo de indi­car que el departamento de Transparencia de la EBY tra­taba siempre de cumplir con los 15 días que indica la legis­lación para proveer los datos solicitados.

Recalde fue directo, dijo que no existe impedimento de ningún tipo para proveer información a un ciudadano sobre los gastos de la binacio­nal. Subrayó que es una men­tira el argumento de Duarte Frutos y que esta actitud de derivar el caso a la Cancillería puede sugerir oscuras inten­ciones de ocultar datos.

El pasado 13 de noviembre, la Oficina de Información Pública de Yacyretá envió a este medio una nota firmada por uno de los subalternos de Duarte Frutos informando que los datos solicitados vía web de acceso a la informa­ción pública no podían ser proveídos sin la autoriza­ción de la margen izquierda (Argentina), y para esto el pedido debía hacerse a través de Cancillería. Se escudaron en los socios argentinos para no pasar los datos.

De acuerdo con un análisis de la nota hecho por el abo­gado Federico Legal, del Ins­tituto de Derecho y Econo­mía Ambiental (IDEA), la EBY cometió una primera falta al comunicar la negativa por medio de la nota firmada por el funcionario de Transparen­cia de la EBY, Hugo Joel Meza, con base en un dictamen de la Dirección de Asesoría Jurí­dica, ya que según la Ley 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Trans­parencia Gubernamental, debe ser la máxima autoridad quien comunique la negativa, en este caso, Duarte Frutos.

De igual manera, al ser consul­tado sobre el porqué la entidad binacional Itaipú al ser soli­citada por los mismos datos sí proveyó la información sin contratiempos, el funcionario Hugo Meza no supo respon­der al planteamiento y afirmó que trasladará la consulta a Asesoría Jurídica de la insti­tución. Algo bastante llama­tivo, ya que él es el encargado de Transparencia de Yacyretá y debiera manejar los alcances de la ley.

Según la nota de negativa de la EBY a este medio, la pro­pia Corte Suprema de Justi­cia sostiene que los pedidos deben hacerse vía Cancillería y para reforzar esto, la bina­cional expuso la inconstitu­cionalidad de la Ley 1167/97 como argumento para validar su negativa. La misma sostenía que las documentaciones referentes a la binaciona­les “constituyen patrimonio documental de los Estados parte para el efecto”. (Acuerdo y Sentencia Nº 280 de fecha 01/06/2011).

Sin embargo, para el abo­gado Ezequiel Santagada, de la organización por la trans­parencia (IDEA), la explica­ción dada por la EBY tampoco es válida, ya que la inconstitu­cionalidad mostrada para el efecto es anterior a la actual Ley N° 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Informa­ción Pública y Transparen­cia Gubernamental. “Esto es claramente una cuestión de índole política, no quieren dar la información porque probablemente tienen algo que ocultar”, había señalado Santagada. ­

Dejanos tu comentario

13H

Suman los casos de corrupción en el gobierno de Abdo. ¿Qué cambio sugeriría?

Click para votar