El ex ministro de la Secretaría de la Fun­ción Pública Hum­berto Peralta lamentó la deci­sión de la Justicia tomada en su contra, una condena por calumnia e injuria tras una denuncia de hechos de corrupción presentada en su momento contra algunos fun­cionarios. Destacó que ape­lará la sentencia, ya que con­sidera que no corresponde e incluso hay un informe de la Contraloría General de la República sobre las irregu­laridades.

“Cerramos el proceso de jui­cio oral y público por una nota de marzo del 2016 a la fiscala Victoria Acuña, sobre cobro indebido de honorarios. Espe­rábamos que la fiscala por lo menos nos convocara a una declaración y la protección al denunciante está garanti­zada, pero hay magistrados que no tienen conocimiento sobre estos puntos”, señaló Peralta en comunicación con Universo 970 AM.

Sostuvo que la denuncia fue presentada ante el Ministe­rio Público por la ahora dipu­tada Kattya González y María Ester Roa, representante de la Comisión de Escrache, por los supuestos hechos de corrup­ción en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Men­cionó que este caso es uno de los tantos hechos de corrup­ción en la función pública, pero cada vez es más difícil comba­tir este flagelo a causa de este tipo de decisiones de la Justi­cia. Destacó que el ingeniero Éver Cabrera terminó siendo destituido del INTN y de otros cargos, como de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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“El Tribunal de Apelación planteó dejar sin efecto mi absolución y que se haga un nuevo juicio, donde para mi sorpresa las pretensiones son un resarcimiento eco­nómico, una multa de casi G. 400 millones. Si uno se anima a denunciar corrup­ción en la función pública, puede terminar en la misma situación”, agregó.

El ex ministro de la Secretaría de la Función Pública fue encontrado culpable por calumnia y condenado por el juez de Sentencia Fabián Weinsensee a pagar 100 días de multa al Estado. La Jus­ticia impuso una compen­sación de G. 150 millones al ingeniero Cabrera, G. 100 millones a Sandra Barrios y otros G. 100 millones a ex fun­cionarios del INTN, quienes fueron los accionantes en el presente caso.

La querella fue presentada por los funcionarios Sandra Barrios, Basiliza Sánchez y Éver Cabrera, quienes for­maban parte del INTN. Ellos alegaron que Peralta había denunciado ante la Fiscalía a los querellantes y a otras per­sonas más por ejercicio de la docencia a tiempo completo en detrimento de sus funcio­nes en el ente estatal.­

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