Unos G. 36 mil millones en pagos indebidos entre bonificaciones y planillerismo (servicios de personal no justificados) así como una administración paralela a través de la Junta arrastran en la denuncia al actual intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Por una serie de supues­tos indicios de hechos punibles, la Contralo­ría General de la República (CGR) solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación más profunda sobre varios hechos cometidos por la Junta Municipal de Asun­ción (JMA) y la intendencia durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Mario Ferreiro, respectiva­mente. El daño patrimonial ascendería a G. 36.319 millo­nes, solo por pagos indebidos al personal mientras que el global ronda los G. 357.000 millones.

Tras un análisis del Depar­tamento de Hechos Jurídi­cos de la CGR se determinó presentar la denuncia corres­pondiente ante el Ministe­rio Público. “Nosotros como Contraloría, como órgano extrapoder, realizamos esta denuncia tras un trabajo de auditoría, del cual surge la necesidad de que se realice una profunda investigación a fin de determinar si existen hechos punibles y castigar a los responsables”, sostuvo el asesor jurídico de la Contra­loría, Darío Ortega.

Según la CGR, la Junta Muni­cipal de Asunción oficia de ordenador de gastos, cons­tituyéndose en una entidad administrativa autónoma a la administración munici­pal. La misma programa y eje­cuta el presupuesto a través de sus unidades operativas, a cargo de la presidencia (que por aquel entonces estaba a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez), constituyéndose en un Ejecutivo paralelo.

Dentro del paquete de per­juicios, la CGR indicó que se detectaron funcionarios que forman parte del listado de régimen de marcación dife­renciada cuyas funciones no están contempladas para rea­lizar este tipo de marcación. Sin embargo, utilizaban este beneficio. Entre los planille­ros están funcionarios de la Junta Municipal.

Se detectaron funciona­rios que no forman parte de la marcación diferenciada, pero utilizaban el beneficio generando un daño de G. 400 millones. La CGR encontró debilidades en el control de registros de marcación de funcionarios. Incluso fueron detectados contratados jor­naleros que perciben bonifi­cación por gestión adminis­trativa, sin normativa que contemple dicho beneficio, totalizando G. 55 millones. En la intendencia se registra­ron funcionarios que perciben “bonificación por nocturni­dad” y no cumplen las funcio­nes establecidas, causando un perjuicio de G. 181 millones.

La CGR también reveló la exis­tencia de resoluciones apro­badas por la Junta Municipal de Asunción en la época de “Nenecho” que fueron emiti­das en contraposición a lo que establece la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, que pro­híbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Aun así, la JMA resolvió financiar gas­tos con la emisión de bonos municipales por un total de G. 176 mil millones. Además aprobó que puedan ser coloca­dos como garantía prendaria para préstamos a corto plazo.

Por su parte, la Municipali­dad de Asunción no elaboró planes de inversión que jus­tifiquen el endeudamiento público mediante la emisión de bonos municipales. Tam­poco realizó estudios de fac­tibilidad y viabilidad de las inversiones financiadas con la emisión de los bonos.

El equipo auditor de la CGR encontró irregularidades en el proceso licitatorio del manejo de residuos otorgado a la empresa Empo Ltda. & Aso­ciados y encontraron que no fueron presentados los docu­mentos de la adquisición del predio propuesto por la firma para ser destinado al relleno sanitario, ubicado en la Com­pañía Alemán Kue, de la loca­lidad de Nueva Italia.

Tampoco la municipalidad ha realizado acciones correcti­vas ni ha objetado diversos incumplimientos contrac­tuales a lo largo de la ejecu­ción contractual con Empo desde el 2005 a la fecha. Cosa similar ocurre con la cartera morosa de los permisiona­rios del Mercado Central de Abasto, cuyo monto es de G. 3 mil millones al 31 de diciem­bre del 2019 y no fue comuni­cada a las instancias corres­pondientes para el inicio de acciones judiciales.

Entre los reportes de indicios de hechos punibles también figuran los G. 103.054 millo­nes que representan el 15% del impuesto inmobiliario recau­dado por la Municipalidad de Asunción entre el 2016 y el 2019 y que no fue entregado al Ministerio de Hacienda. En este punto también la CGR constató una diferencia de G. 6.531 millones entre lo recau­dado por la comuna según lo expuesto en la ejecución pre­supuestaria y la ejecución pre­supuestaria de la Dirección de Administración Financiera.

Finalmente, entre los dos últimos supuestos hechos punibles presentados ante la Fiscalía figura la obra de la bicisenda, que produjo un daño patrimonial de G. 340 millones por la superposi­ción de trabajos y la diferen­cia entre cantidades verifi­cadas in situ con relación a las certificadas y pagadas según contrato. También la CGR destacó que la Munici­palidad no recibe ingresos por recibir basura de otros entes públicos y privados en el predio de Cateura, además de la deficiencia en el cobro de permisionarios internos y externos.