Juan Carlos Fischer, de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial (Cannapy), denunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dio prioridad a una firma relacionada con el clan Ferreira para explotar el cáñamo. La firma en cuestión alega que tiene todos los permisos legales.

“Esta cámara se constituyó en octubre del año pasado y a medida que iba pasando el tiempo nos encon­tramos que habría un benefi­cio a una empresa en especial. La cámara lo que quería era trabajar libremente”, señaló Juan Carlos Fischer, repre­sentante de la Cámara Para­guaya de Cannabis Industrial (Cannapy), en conversación con Universo 970 AM. El gre­mio denunció un favoritismo hacia una firma.

El monopolio al que se refiere la Cannapy se daría en la importación de las semillas, su cultivo en un invernadero y comercialización a peque­ños productores de manera exclusiva por la Healthy Grains. Señalan que Pablo Moreira, gerente del otro gre­mio denominado Cámara del Cáñamo Industrial del Para­guay (CCIP), está ligado a la empresa Libra SA, vinculada al clan Ferreira.

Según las denuncias de la Cannapy, esta empresa está siendo investigada por la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) por relacionarse con el clan Ferreira, este último vincu­lado a las licitaciones amaña­das en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social durante la pandemia.

Fischer indicó que sus asocia­dos reclaman el motivo por el cual una sola empresa es actualmente la beneficiada en la explotación del cáñamo y no todas las del gremio, ya que la meta de la conforma­ción de la Cannapy desde el inicio era operar libremente y no excluir a las demás firmas. “La Cannapy se formó con el fin de explotar el cáñamo en Paraguay”, alegó.

Recalcó que la Cámara lo que quería era apoyar la cadena productiva y por ello fueron los primeros que trajeron a profesionales en cáñamo de la República Checa para cola­borar con el Gobierno. “Esto fue así al comienzo y desde allí empezaron los problemas y hasta el momento no está resuelto este tema”, sostuvo. En este sentido, recordó que están a punto de cerrar el año agrícola sin avances.

Por su parte, Blas Arévalos, director de Healthy Grains SA, en comunicación con La Nación señaló que la Can­napy no está registrada legal­mente como una cámara ante el Registro Público. Incluso señaló que la misma no forma parte de la Asociación Lati­noamericana de Cáñamo Industrial (Laiha, por sus siglas en inglés) ni por el MAG como tal, como sí lo está la CCIP.

Arévalos explicó que detrás de la Cannapy quien real­mente lleva adelante las denuncias y que busca una licencia para el cultivo es la firma Alquimia SA, la cual de hecho forma parte del citado gremio. “Esta empresa intentó tener la licencia, pero existe un reglamento consen­suado por decreto presiden­cial y por varias instituciones, el Senave, el IPTA, MAG, etc. Hay una serie de exigencias y esta empresa no cumple con ese perfil. Tiene problemas económicos, antecedentes con el Senave”, expuso.

El ministro del MAG, Rodolfo Friedmann, está en la mira actualmente por sus víncu­los con la empresa de Eventos y Servicios (ESSA) que ganó licitaciones de merienda esco­lar mientras él era gobernador del Guairá. Según la investiga­ción de este medio, el minis­tro recibía incluso parte del dinero de estos llamados.

Fischer mencionó que le preocupan sobremanera los reclamos que están ahora sobre la cabeza del MAG, debido a que esto dificulta el éxito en la explotación del producto en cuestión. “Hemos tenido varias reu­niones, pero fueron al santo cohete, ya que no tuvimos respuestas. Nosotros lo que queremos es que todos ten­gamos las mismas oportuni­dades y no lo estamos consi­guiendo”, puntualizó.

Cabe recordar que mediante un decreto del Poder Ejecu­tivo se reglamentó la auto­rización de la importación de 10 mil kilos de semilla de cáñamo que estaban destina­dos a sembrarse dentro de la agricultura familiar campe­sina a 2 hectáreas por fami­lia para la obtención de gra­nos (alimento). Sin embargo, desde el propio MAG se auto­rizó la plantación en una sola propiedad de 300 hectáreas en Capiibary.

Sobre esto, la Cámara del Cáñamo Industrial del Para­guay (CCIP), que nuclea a las empresas explotadoras del cáñamo en Capiibary, había salido al paso de las acusa­ciones vertidas por la Can­napy sobre el monopolio en el cultivo del cáñamo. En la oportunidad, Pablo Moreira, presidente del CCIP, comentó que el gremio a su cargo se encuentra correctamente constituido con todos los recaudos legales.