Internautas pidieron coherencia a la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, a la hora de criticar la reunión entre los líderes colorados en pos de la unidad. Además, recordaron el caso de los helicópteros irregulares que compró su marido durante su gestión como ministro del Interior. Varios dirigentes de la agrupación familiar Filizzola-Masi fueron premiados en el gobierno de Abdo Benítez.
Apenas comenzó la administración de Abdo Benítez, los principales referentes del PDP lograron ubicar sus tentáculos en la función pública, como el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, y Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La lista continúa con el ex fiscal y actual director de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández; el también ex fiscal Emilio Fuster, quien ocupa el cargo de Coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, el Combate y la Represión del Contrabando (UIC); el abogado José Casañas Levi, director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); incluso Filizzola, quien se ganó un puesto como asesor del MEC, en el proceso de construcción del Plan Nacional de Transformación Educativa.
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Intercambio con instituto colombiano apunta a mejorar la educación superior
El viceministro de Educación Superior, Federico Mora, confirmó que se está contactando con las autoridades del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) con el propósito de mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país.
“Nosotros llevamos ya unos dos meses de intercambio con el ICFES viendo los instrumentos que ellos tienen. Tienen dos que yo creo pueden ser aplicables a nuestra realidad, uno de ellos es el examen que se llama Saber Pro que es muy interesante porque la realizan de manera obligatoria a todos los universitarios de cualquier carrera cuando están en el 75 % de la carrera”, señaló a Unicanal.
Explicó que dicha prueba tiene un capítulo de competencias trasversales vinculadas a la lectoescritura, comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático, ciudadanía, etcétera. Además, tiene otra batería de preguntas específicas de la carrera, conforme expresó.
“Si hablamos, por ejemplo, de medicina o de derecho, qué es lo básico que debe saber todo estudiante, cuáles son esas 50 preguntas que debe contestar y que puede reflejar de que efectivamente este estudiante próximo a graduarse tiene por una parte las competencias transversales y por otra parte las específicas también”, manifestó.
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Mora afirmó que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se está intercambiando datos que permitirán mejorar la calidad de la educación superior en Paraguay. “Lo que estamos haciendo es intercambiar toda esa información para entender cómo funciona este mecanismo en Colombia”, dijo.
Incluso las autoridades del IFCES que se encuentran de visita en nuestro país hicieron una presentación del proyecto en sesión de Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y explicaron el funcionamiento del modelo educativo colombiano en el nivel universitario. “Si vemos que se adecua a nuestras necesidades podemos efectivamente traerla y dentro de eso hacer que Medicina sea el primer plan piloto”, finalizó.
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Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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La extitular de Petropar, primera condenada del entorno de Abdo
Patricia Samudio, extitular de Petropar, fue condenada a cuatro años de prisión por las compras irregulares durante la pandemia de coronavirus. De esta manera se convirtió en la primera del entorno del expresidente Mario Abdo Benítez en ser condenada por hechos de corrupción.
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA
Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.
Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió ayer en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.
SUPUESTA COIMA DE NARCO
Otro de los procesados del entorno de Mario Abdo Benítez es el exsenador y exministro de la Senad y del Interior, Arnaldo Giuzzio.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que alquiló una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marques.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
OTRO AMIGO DE NARCOS
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY. En noviembre pasado, la Fiscalía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.
ABDO, ARREGUI, FERNÁNDEZ, GIUZZIO Y ESPÍNOLA
La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
- Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.