Tras descubrirse que el actual ministro de Agricultura atribuyó a su madre de origen humilde la inversión de G. 2.000 millones en una sociedad ante los Registros Públicos, en su última manifestación de bienes duplicó el valor de sus acciones y asume los G. 5.000 millones en SA.

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

El ministro de Agri­cultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, conocido como el “ministro semibachiller” por no haber culminado la secundaria, realizó varios cambios en su última declaración jurada de bienes presentada ante la Contraloría General de la República (CGR). Los “reto­ques” coincidentemente afec­tan a las millonarias compras de acciones en la sociedad anónima conformada junto con su madre de humilde ori­gen, Guadalupe Alfaro.

Friedmann había declarado ante la Contraloría un monto menor del valor de sus accio­nes, consignado en los Regis­tros Públicos. La sociedad anó­nima conformada junto con su madre primero se denominó Nápoles SA y luego se trans­formó en Estonia SA.

El 27 de setiembre del 2013, un mes después de asumir como gobernador de Guairá, Fried­mann y su madre, Guadalupe, constituyeron la firma Nápo­les SA (luego Estonia), con aportes en efectivo y en un solo acto de G. 5.000 millones, según consta en la Escritura Nº 105, realizada por la escribana Maura Andrea Aguilar Caire.

En la escritura figura que Rodolfo Friedmann Alfaro puso en efectivo, de una sola vez, G. 3.000 millones y su madre, Guadalupe Alfaro, G. 2.000 millones, también en efectivo y en ese mismo acto. Sin embargo, en setiembre del 2014, un año después de ubicarse como gobernador, Friedmann declaró a la Con­traloría que compró acciones por valor de G. 2.500 millones.

El “ministro semibachi­ller” declaró G. 500 millones menos del monto registrado en las escrituras que obran en el Poder Judicial.

En su última declaración jurada, Friedmann duplicó el valor de sus acciones en Estonia SA a G. 5.000 millones, ajustando de esta forma la cifra al capital integrado en la sociedad que figura en los Registros Públicos, de los cuales se atribuyó inicialmente aporte de G. 2.000 millones a la madre.

“Las acciones fueron com­pradas mediante anticipo de herencia materna”, alegó Friedmann ante la Contra­loría. Sin embargo, tras­cendió que su madre es de humilde origen y se dedicaba a la venta de minutas en la azucarera hasta que su hijo se convirtió en gobernador.

Llamativamente, después de conocerse lo que obra en los Registros Públicos, Fried­mann duplicó el valor de sus acciones al asumir como minis­tro. Acciones en Estonia SA por valor de G. 5.000 millones apa­recen en la declaración jurada publicada hace un par de meses por la CGR. La cifra declarada casualmente se equipara al capital integrado en la firma y que fuera inicialmente suscrito por el mismo y su madre.

Yhaca SA, sociedad confor­mada junto con su ex esposa Luz Mabel Ortigoza, en el 2008, y que en el plazo de un año acumuló G. 2.000 millo­nes, según escritura, tam­bién desapareció de su última manifestación de bienes.

Un depósito en el banco Con­tinental de G. 2.000 millones, otro ahorro en financiera de G. 500 millones, consignados des­pués de asumir como goberna­dor, también fueron borrados de la última manifestación de bienes. Ahora los depósitos se reducen a G. 265 millones.

Después de que su padre, Rodolfo Friedmann Cresta, lo desmintiera, el ahora ministro de Agricultura también hizo desaparecer el sueldo de G. 18 millones que en teoría recibía de remuneración en la Azuca­rera Friedmann. “Él era un empleado más de la fábrica, nunca tuvo acciones ni reci­bió porcentaje de ganancias en la empresa. Su sueldo era de G. 16 millones y fue desvin­culado después de ser salpicado en el escándalo de contrabando de azúcar en el 2012”, nos había respondido el padre al reali­zarle la consulta sobre el caso.

JUGOSO SUELDO EN FIRMA DE MALETÍN

Un sueldazo de G. 45 millones en Estonia SA, monto que casi equivale al doble de sus ingresos en la función pública, registra Friedmann en su declaración publicada recientemente por Contraloría. La única incógnita es la operatividad de esta firma en la que se había atribuido un aporte de G. 2.000 millones a la madre, pero que fue “corre­gido” ante Contraloría.

Nuestro equipo se dirigió meses atrás hasta la direc­ción de la firma consignada en publicaciones oficiales, regis­tros comerciales y públicos y resulta ser que coincide con la dirección particular de la madre de Friedmann. En el lugar lo único que pudimos ubicar fue la modesta residen­cia de Guadalupe, que en nada se parece a las instalaciones de una empresa seria, formal y con millonario capital.

La residencia evidencia la humilde condición de la madre, de quien Fried­mann se valió para justifi­car la millonaria compra de acciones en SA.

La única vez que el ministro respondió sobre la SA y las acciones atribuidas a la madre había señalado que son “datos privados” y que todo lo publi­cado se debía a los ataques del grupo Cartes que quiere des­truir su imagen.

Contraloría publicará primer grupo de DDJJ

Comenzarán con ex presidentes de la República, miembros y ex miembros del Congreso Nacional, ministros y ex ministros de la Corte. 

Desde mañana, la Contralo­ría General de la República (CGR) alzará a su página Web las declaraciones jura­das (DDJJ) de los funciona­rios públicos de manera que la ciudadanía en general tenga, a un clic, la información com­pleta de los bienes con que cuentan empleados públicos y, sobre todo, cómo y cuánto han logrado crecer económi­camente en los últimos años.

Este trabajo debió iniciarse el día de ayer, pero ante incon­venientes técnicos, la CRG publicará desde mañana las primeras declaraciones en cuyos grupos están los datos de los ex presidentes de la República (no así el actual presidente Mario Abdo Bení­tez), todos los funcionarios del Congreso Nacional, los miem­bros de la Corte Suprema de Justicia, así como los del Tri­bunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con sus res­pectivos ordenadores de gas­tos, y por último los ex fisca­les generales del Estado y los ex contralores.

Al respecto, Camilo Benítez, contralor general de la Repú­blica, señaló días atrás que en total son aproximadamente 150.000 documentaciones que deberán ser publicadas, sin embargo, existe un riesgo de que si se publica el 100% colapse el sistema.

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