La Federación Latinoa­mericana de Fiscales, que tiene sede central en Buenos Aires, Argentina, manifestó ayer en un comuni­cado su “preocupación y repu­dio” por las amenazas dirigi­das al fiscal Eugenio Ocampos, quien es el agente que for­muló imputación en contra de Efraín Alegre, presidente del PLRA, por serios indicios de ser responsable directo de la clonación de facturas eleva­das como rendición de cuentas al Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE).

El comunicado, firmado por su presidenta, Trinidad Steinert, lamenta la situación, indi­cando que las denuncias de amenazas a la integridad del fiscal y de coacción para que se aparte del caso que envuelve a Alegre podrían tener “como finalidad ejercer una influen­cia” sobre el curso de la inves­tigación. La federación se soli­dariza con el fiscal Ocampos y solicita a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que “asegure su protección perso­nal, la de sus familiares y cola­boradores, como así también la libertad de actuación fun­cional del nombrado”.

“Creemos además que el esclarecimiento de los hechos denunciados por el magis­trado fiscal deben conside­rarse una prioridad insti­tucional”, subraya. Es más, sostiene que “creemos que el hecho trasciende de una simple amenaza y lo coloca en una situación de grave­dad institucional”, debido a que se produce en el marco del “amparo de una agrupa­ción político partidaria ten­dientes a presionar y desca­lificar el accionar del fiscal”. Advierte que hasta se podría utilizar esa estructura parti­daria para “impulsar su des­titución”.

En el pronunciamiento for­mal, los fiscales de América Latina dicen que no puede ignorarse este tipo de denun­cias, porque se da en un con texto de hechos que “vulne­ran el ejercicio de la función” de los agentes del Minis­terio Público. Hacen men­ción de “episodios violentos, de desorden, gritos en pasi­llos de audiencias y hasta de provocación a funcionarios policiales”, que apuntan a “desacreditar al fiscal y a su investigación”.

“Son este tipo de investigacio­nes –donde la responsabilidad puede recaer sobre personas influyentes, o grupos de poder, u organizaciones delictivas–, donde la Justicia

debe demostrar que nadie está por encima de la ley, y por ende demandan que los operado­res y puntualmente los fisca­les puedan desempeñarse con la suficiente tranquilidad de espíritu y libertad de actua­ción”, sostiene el organismo internacional.

La Federación de Fiscales recuerda que la Comisión Interamericana de Dere­chos Humanos sostiene que “un atentado contra un ope­rador de justicia en razón del cumplimiento de su deber reviste una especial grave­dad”. Alerta que esto tiene un “efecto intimidante y ame­drentador”, que puede tener sobre otros operadores de justicia “el riesgo de que que­den impunes casos relaciona­dos con violaciones de dere­chos humanos y, en general, el menoscabo que causa en la confianza de los ciudada­nos en las instituciones del Estado encargadas de admi­nistrar e impartir justicia”.

Recuerda, también, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sos­tenido que “el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investiga­dores, y demás operadores de justicia, cuenten con un sis­tema de seguridad y protec­ción adecuados, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran labo­rando, que les permita des­empeñar sus funciones con la debida diligencia”.

La defensa legal del dirigente político Efraín Alegre presentó un recurso de nulidad del acta de imputación ante el Poder Judi­cial en el marco del caso de la factura adulterada en la compra de combustible. Mediante esa diligencia, ayer, el presidente del PLRA logró -por ahora- suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares que debía realizarse hoy, viernes 19 de junio, a las 10:00, ante la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera.

De hecho, la jueza Lovera declaró un cuarto intermedio a raíz de una rectificación del agente fiscal Eugenio Ocampos. El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Alegre, soli­citó anular la imputación formulada en contra de su cliente. El defensor legal solicita que se redacte de vuelta el acta de impu­tación, porque argumenta que la última imputación hecha es “nueva” y no responde a una rectificación del primer documento presentado por el Ministerio Público.