Con actitud prepo­tente, caravana incluida, típico de patotero de calle y en busca del show, el titular del PLRA, Efraín Alegre, se presentó ayer a la audiencia de impo­sición de medidas con la bandera paraguaya al cuello y acompañado de sus hijos y unos pocos seguidores. Montó todo un show mediá­tico ante la jueza Cynthia Lovera, que rápidamente le paró el carro y le aclaró que no era ni el lugar, ni el momento para llegar con una cara­vana de gente ocasionando una aglomeración que viola el decreto presidencial de la cuarentena.

Alegre pensó que podía hacer su show en el Juzgado Penal de Garantías; sin embargo, se encontró con la rectitud de la magistrada, que le exigió que se sacara la bandera y ante su desobediencia propinó algunos martillazos hasta que logró que el imputado res­petara su decisión.

No obstante, la audiencia quedó en cuarto interme­dio tras la llegada tardía de la representación del Minis­terio Público al recinto judi­cial. A eso se sumó el pedido de rectificar detalles de la imputación fiscal contra Ale­gre. Por lo que la jueza Lovera suspendió para el próximo viernes, a las 10:00, la imposi­ción de medidas al imputado, acusado de malversación de dinero del PLRA proveniente del subsidio estatal.

El fiscal Édgar Sánchez había imputado a Ale­gre, junto con los dirigen­tes Pascual Benítez y Luis Moriz, por la producción de documentos no autén­ticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Antes del inicio de la audiencia, Alegre insistió en culpar a otros de todos sus males, asegurando que “las instituciones están secuestradas por la mafia, por el dinero negro, por el jefe del crimen organizado transnacional”. Alegre se olvida que su problema es con la Justicia, ya que su imputación es por falsi­ficación de documentos. Está denunciado, además, por causar un perjuicio de G. 1.700 millones al PLRA.

­Para completar su distrac­ción, el perdedor conse­cutivo de las presidencia­les ante la ANR en las dos últimas elecciones, ordenó la presentación ante Luis Almagro, de la OEA, de una nota denunciando la “grave, reiterada y constante per­secución de organismos del Estado paraguayo” contra su persona.

Fabián Martí se presentó ayer en la Fiscalía de Delitos Informáticos para declarar por el caso de suplantación de las líneas telefónicas de dos periodistas y un diputado. Aseguró que víctima de per­secución política, pero evita dar su celular para que sea peritado.

“Los correligionarios, la ciudada­nía, todos deben entender de que esto no es una persecución política contra Efraín Alegre. Hoy en día Alegre dice que es un perseguido político. ¿Cómo será un perseguido político alguien que está por desaparecer del ámbito político nacional?”, sostuvo la apoderada del sector llanista del PLRA, Basilisa Vázquez.

Asimismo, rechazó el discurso de Alegre, quien argumenta que su imputación por la producción y el uso de documentos falsos para la rendición de cuentas ante el Tribunal Electoral es una persecución política por parte de la mafia y sectores que recha­zan su gestión. Dijo que es difícil analizar lo que está sucediendo en el PLRA bajo la gestión de Alegre. Reiteró que en diversas ocasiones solicitaron rendiciones de cuentas por las denuncias sobre el mal manejo de fondos.

En una encuesta hecha ayer por el diario La Nación digital, el 77% de los participan­tes votó a favor de la opción de que Efraín Alegre, presidente del PLRA, debe ir a la cár­cel si es que es hallado culpable de la falsifica­ción de facturas remi­tidas al TSJE, como documentos de rendi­ción de cuentas ante dicha institución.

El 10% cree que el dirigente liberal debe resarcir el perjuicio ocasionado al tradicional partido y rival principal del Partido Colorado. Alegre se expone a varios años de cárcel por presentar a la Justicia Electoral una fac­tura de G. 80 millones, pero cuyo valor original era tan solo de G. 100.000. Con esa falsedad, accedió a subsidios electo­rales pagados por todo el pueblo.