El pleno de la Cámara de Diputados rechazó ayer el pedido de jui­cio político contra la fiscala general del Estado (FGE), San­dra Quiñónez, mediante una votación que arrojó 58 votos en contra y solo 18 a favor, más 1 abstención y 3 ausentes. La ini­ciativa fue remitida al archivo, y no podrá ser planteada nue­vamente por el período de 1 año, a menos que se presen­ten nuevos hechos.

Varias comisiones asesoras de la Cámara Baja dictami­naron en contra del pedido presentado por el dipu­tado liberal Édgar Acosta y fue acompañado por varios colegas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El documento presentado por el parlamentario contaba con 11 puntos como causales del juicio político. Acosta presentó el pedido de juicio político bajo el argumento de un supuesto mal desem­peño de funciones de la fis­cala general por la actuación de los agentes del Ministerio Público en el caso del empre­sario Karim Salum. Uno de los elementos que sostenía la acusación era que Quiñó­nez supuestamente habría cometido tráfico de influen­cias al otorgar un aparente trato diferenciado a esta persona cuando retornó de Estados Unidos.

El libelo acusatorio, elaborado por parlamentarios de la opo­sición, fue rechazado por los colorados y pasó al archivo, ya que no hubo votos para avan­zar con el proceso a la máxima autoridad del Ministerio Público. Hace unos días, el pre­sidente de la Asociación Nacio­nal Republicana (ANR), Pedro Alliana, había señalado que no había motivos para someter a juicio político a Sandra Quiñó­nez, como planteaba un grupo de legisladores.

Por su parte, el diputado de la bancada de Honor Colo­rado, Derlis Maidana, ya había adelantado que no se darían los votos para apro­bar el juicio político, lo que finalmente se dio.

El diputado Basilio Núñez, de la bancada de Honor Colo­rado, respondió a las acusa­ciones del libelo acusatorio y afirmó que dicho pedido solo obedece a intereses secta­rios y mediáticos de un sector político. “No estamos haciendo un juicio político, sino un juicio politizado, porque responde a intere­ses sectarios y mediáticos, que les empuja a algunos colegas a presentar libelos acusatorios o fábulas acu­satorias, basadas en hechos irreales, inventados, porque, probablemente, se quiere tener una fiscal general a la medida”, indicó.

Otro colorado, Derlis Mai­dana, recordó que la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual preside, emitió dos dic­támenes; uno por el rechazo y otro, en minoría, por la apro­bación. El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR) dio también su voto de confianza a la fiscala general, por contar con todas las condiciones que requiere el cargo, a más de des­tacar su dilatada experiencia.

El pleno de la Cámara de Diputados postergó por 15 días el tra­tamiento del proyecto de resolución que considera insatisfacto­rias las respuestas del ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, durante la interpelación realizada por la Cámara de Sena­dores y mediante el cual se pide el voto de censura en contra del secretario de Estado. El diputado colorado Derlis Maidana soli­citó al pleno que el planteamiento sea postergado por el plazo de 8 días y el pedido fue aprobado sin oposiciones.

El parlamentario argumentó que en el artículo 194 de la Consti­tución Nacional se interpreta como que ambas cámaras del Con­greso deben emitir el voto de censura, pero en casos anterio­res lo resuelto por el Senado se comunicaba a la Cámara Baja, al Poder Ejecutivo y listo.

Actualmente hay dos posturas sobre el punto, por lo que se optó por la postergación para un mejor análisis. Maidana recordó que ya en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el día anterior, no se había definido la cuestión, por lo que lo más prudente fue proponer una postergación para contar con los informes pertinentes.