Uno de los denun­ciantes del esquema de corrupción en la Municipalidad de Asunción, Alfredo Guachiré, con su abogada Rosa Vacchetta, de Poder Ciudadano en Acción, anunció que luego de conocer una planilla de contratados municipales decidieron pre­sentar una denuncia penal al Ministerio Público para cla­rificar los hechos.

Entre las irregularidades encontradas cabe citar la adquisición de becas y finan­ciamiento de centros comu­nitarios; se habría pagado G. 3.000 millones en concepto de becas a la Universidad Metropolitana, sin respetar el proceso de licitaciones para que puedan concursar otras universidades.

“Encontramos una trama de corrupción en la que están metidos concejales, por favo­res que se hacían a cambio de aprobar proyectos, nombra­mientos y contratos de por medio por esos contratos”, sostuvo Guachiré a la prensa.

“Vamos a acercar a la Contra­loría y la Fiscalía porque que­remos hacer público para que la ciudadanía también pueda saber”, explicó. Además, explicó Vacchetta que desde el período de Arnaldo Sama­niego se contrata a los funcio­narios sin concurso debido a una acción de inconstitu­cionalidad que presentaron mediante la que las munici­palidades estarían exentas de cumplir con la Ley de la Fun­ción Pública.

Se tienen unos 8.500 fun­cionarios municipales más los 1.500 funcionarios con­tratados durante esta última administración que no hicie­ron concurso a cambio de que algunos concejales acompa­ñen aprobar licitaciones u otros tipos de resoluciones, proyectos, etc. Esto se com­probó gracias a documentos y planillas de los contrata­dos municipales que fueron entregados por funcionarios anónimos.

Vacchetta mencionó algu­nos de los casos que podrían haberse apoyado y aprobado en la Junta Municipal como la contratación de la empresa Parxin, encargada de los esta­cionamientos tarifados y el cobro de impuestos encargado a la empresa panameña TX.

Mencionó que tanto el inten­dente saliente y el actual (Óscar Rodríguez) serían responsa­bles porque este último for­maba parte de la Junta Muni­cipal, donde pasaba cada uno de los proyectos o resolucio­nes considerados irregulares.

Por último, aseguraron que los sobrinos del ex jefe comunal estarían cobrando unos G. 14 millones mensuales, según los documentos a los que accedie­ron con ayuda de algunos fun­cionarios. Sin embargo, el pro­pio Ferreiro había negado que eran funcionarios de la comuna.