El dato cedido confi­dencialmente por tres fiscales y ex fis­cales que fueron convoca­dos a Mburuvicha Róga (por ahora confidencialmente) da cuenta de que en las últi­mas semanas fueron lla­mados por el abogado Raúl Silva, quien se habría pre­sentado como el responsa­ble de armar un esquema para “caerle a Cartes” y otros adversarios políticos.

En la reunión se habría dejado en evidencia que se encuentran escuchando a periodistas por expresiones tales como “sabemos lo que se va a publicar”, etc. Tam­bién habría asegurado que el mismo coordina y controla un grupo (no se aclaró si real o de whatsapp) llamado Los Pitbull, que sería de los ministros que tiene el par­tido de Desirée Masi (PDP) en el gobierno de Mario Abdo Benítez.

También el mismo Silva habría expresado su queja contra el funcionamiento de órganos de seguridad como la Secretaría de Inteligencia, dando a entender que podría cumplir un rol relevante en tales funciones.

Lo preocupante sería que tal funcionario de la Enti­dad Binacional Yacyretá (EBY) se encuentre ocupán­dose ilegalmente de cuestio­nes de seguridad nacional por sobre los organismos del Estado que deben dedi­carse a tal tarea, como el propio Ministerio del Inte­rior, cuyo titular, Euclides Acevedo, logró calmar la cri­sis desatada en relación con tal cartera.

Raúl Silva, cuyo paso por la Sindicatura de Quiebras no es recordado con elogios justamente, se refirió ayer al trascendido en Radio Uno, donde negó categóricamente la versión de su rol como superministro de seguri­dad. Sin embargo, no negó que sostiene reuniones con jefes policiales.

El abogado Raúl Silva Busto, es el actual secretario del Comité Ejecutivo de la Enti­dad Binacional Yacyretá. Anteriormente se desem­peñaba como encargado de despacho de la asesoría de la entidad. Fue designado en ese cargo por una resolución del 23 de agosto del 2018, incluso antes de la aproba­ción del Senado a la desig­nación de Nicanor Duarte Frutos.

Silva Busto ya había asu­mido de manera interina el cargo de director de la EBY desde el 13 al 17 de mayo de este año. En ese tiempo, el titular Nicanor Duarte Fru­tos participó del Congreso Internacional de Hidroeléc­tricas, en Francia.

En el gobierno colorado de Mario Abdo Benítez, el sector opo­sitor marca una fuerte presencia. Maneja espacios de poder en las instituciones más sensibles responsables de la seguridad e investigación del país. Los principales “favorecidos” son allega­dos al sector del Partido Democrático Progresista (PDP), lide­rado por Desirée Masi y su marido Rafael Filizzola, ex ministro del Interior.

Así, resalta la figura de Arnaldo Giuzzio, quien fue senador por el PDP en el anterior período. Hoy es ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Está también el ex concejal por el PDP Carlos Arregui, quien ingresó al Ejecutivo como asesor de Transparencia e Integridad tras las denuncias periodísticas por supuestos hechos de corrupción en Petropar. De allí fue desig­nado en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad) tras la renuncia de Epifanía González.

Está también el ex fiscal Emilio Fúster, que militó en Somos Para­guay, quien ocupa el cargo de coordinador de la Unidad Interins­titucional para la Prevención, el Combate y Represión del Con­trabando (UIC).