El ministro Euclides Acevedo está contrarreloj para dar respuesta a los reclamos ciudadanos por mayor seguridad tras la bochornosa salida de Juan Ernesto Villamayor. ¿Se puede “militarizar” la seguridad pública? Expertos hablan al respecto.

• POR JAZMÍN GAYOSO
• Periodista

Expertos, analistas, militares y policías retirados sostienen que es mejor proceder a refor­zar la institución de la Policía Nacional para combatir al cri­men organizado y delincuen­cia en general antes que hacer una reforma constitucional para involucrar a las Fuerzas Armadas en una lucha para la cual no están preparadas, como plantea el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La coyuntura pre­senta un gran desafío para el nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien tiene la gran responsabilidad de dar respuesta a los reclamos ciu­dadanos por mayor seguridad, algo que Juan Ernesto Villa­mayor no supo hacer.

El analista político libe­ral Carlos Mateo Balmelli expresó que se debe esperar y analizar hasta qué punto será viable la propuesta, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo no muestra aún con claridad qué se bus­cará hacer y por qué instan a recurrir a una modificación y no a otras instancias legales como decretos.

En ese sentido, agregó que eso no quita los roles específicos de cada sector y que el único capacitado para realizar estos trabajos es la Policía Nacional. “Es mucho más ágil y mucho más preparada”, apuntó.

A su vez, otro analista, José Ocampos, coincidió con Bal­melli al expresar que solo la Policía Nacional debe ser la encargada del combate interno en nuestro país por la formación que tiene, muy dis­tinta a la de las FFAA. “Den­tro de la sociedad se requiere por lo menos de 4 a 5 años de formación para egresar como suboficial y poder salir a la calle. Eso no ocurre en los cuarteles, en donde se vive en un ambiente de aislamiento preparado para otro tipo de situaciones que pueden ser no solamente bélicas, sino que también de emergencia nacional y sobre todo de tras­lado a los lugares más inhóspi­tos del país donde ejerce un rol de presencia del Estado para­guayo”, expresó.

El presidente Mario Abdo Benítez había dicho, al refe­rirse a las Fuerzas Armadas, que hay una “enorme capaci­dad ociosa” que podría salir en apoyo a los policías para el combate al crimen orga­nizado. El anuncio fue hecho poco después de los sucesos de la cárcel de San Pedro y el res­cate de Jorge Teófilo Samu­dio González, alias Samura, por parte de integrantes del Comando Vermelho.

Consultado el ex director de Inteligencia y experto en temas de seguridad, José Amarilla, respondió que es verdad porque “en parte no se está cumpliendo con los roles, ya que hay fronteras que son sumamente permeables y donde no hay una inversión en recursos humanos”.

En este sentido, apuntó que las autoridades deben com­batir la inseguridad en nues­tro país potenciando a la Poli­cía Nacional, ya que la misma cuenta con ventajas como su presupuesto general, que ronda los 300 millones de dólares anuales aproximada­mente, y además cuenta con una fuerza potente de 25.000 efectivos policiales y con más de 1.000 instalaciones en todo el territorio del país.

“¿En qué ayudaría dis­traer parte de las Fuerzas Armadas para un rol poli­cial siendo que esto tendría un impacto relativamente pequeño en las tareas de segu­ridad interna?”, se preguntó.

De acuerdo con Amarilla, las FFAA cuentan con recursos más limitados que la Policía, además de personal al ser­vicio, que rondan los 9.000. “Tienen una misión constitu­cional de sostenimiento de la integridad territorial del país contra una fuerza de la Policía Nacional con la cual tampoco están acostumbrados a tra­bajar y con la cual no han lle­vado una relación armónica”, agregó.

Añadió que el reacondicio­namiento de militares para tareas policiales tendrá un altísimo costo. Planteó como opción la reasignación de funciones de los policías que hoy cumplen tareas admi­nistrativas, que son alrede­dor de 4.500 efectivos. “Eso no tendrá un gasto adicional en materia salarial o de logís­tica, por ejemplo”.

Resultaría también impor­tante para complementar la tarea de la Policía Nacional crear una policía de carác­ter civil, que se dedique al tema de la investigación y de inteligencia para preve­nir los eventos y para la apli­cación de las leyes.

Mientras se discute la conve­niencia o no del acoplamiento de la milicia a la labor propia de los policías, el plantea­miento a nivel del Gobierno aún no fue bien definido por sus autoridades. Al parecer retrocedió en este intento ante el rechazo general de todos los sectores.

Sin embargo, forma parte del debate porque se sabe que asesores de Abdo tienen la tarea de revisar los modelos de otros países para presentar un proyecto al Congreso. Esto ocurre justo cuando se están dando movilizaciones ciuda­danas a nivel regional, como en Chile, Ecuador y Perú. A nivel del Ejecutivo hay temor de que las revueltas sean emu­ladas en Paraguay.

Cabe mencionar que ex mili­tares coinciden en que no sería prudente que soldados de las FFAA trabajen en servi­cios que realizan los efectivos policiales. Creen que los roles son distintos y advierten que si se llega a plantear se debe­ría tener mucho cuidado y más si se plantea la permanencia a largo plazo de los militares en esas actividades.

La propuesta del Ejecutivo fue muy cuestionada también por otros sectores como senadores y diputados, quienes expresa­ron su rechazo. También desde la Policía Nacional, como los policías retirados, creen que es mejor reforzar la institución policial ante la ola de inseguri­dad que se vive.

También coinciden en que no se justifica que la misma sea planteada a través de una reforma constitucional teniendo en cuenta que hay unidades militares apoyando en la seguridad interna solo por ley y otros servicios civi­les por decreto. Tal es el rol de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que fue planteada a través de una ley con roles limitados y en zonas especí­ficas, combatiendo a grupos criminales como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la Agrupación Campesina Armada (ACA), Ejército del Mariscal López y otros.

De esta manera, todos siguen una misma línea de pensamiento de que un sol­dado de las FFAA no está preparado ni constitucio­nalmente ni psicológica­mente para llevar adelante una tarea que es asignada a un efectivo policial.

Recomiendan, sí, accio­nes concretas, que pue­dan ser definidas tanto en plazos establecidos y con limitaciones como las vie­nen realizando periódica­mente las fuerzas militares desde cada área respectiva o también fortalecer a la Policía Nacional en sus diferentes aspectos. Esta intención es una tendencia regional y ya varios países han implementado esta propuesta, pero sin nece­sidad de una reforma cons­titucional.

El nuevo comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, se limitó a responder sobre la intención del Poder Ejecutivo de extender el rol de las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado. “Nosotros estamos obligados a cumplir esa ley. Y no tengo ninguna opinión sobre ese tema, no puedo opinar sobre la intención que tiene el Gobierno”, manifestó ante la consulta de La Nación. Recordó que, cuando asumió el cargo en reemplazo de Walter Vázquez, expresó que se debe mejorar la seguridad interna en nuestro país y que si deben solicitar ayuda para llevar adelante esa misión, están de acuerdo en aceptarla. “Cuando yo asumí como comandante de la Policía Nacional había dicho de que si es que tenemos que mejorar la seguridad y hay que pedir ayuda de cualquier institución del Estado, nosotros la vamos a recibir sin ningún problema”, finalizó.

Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional que será organizada con carácter permanente, profe­sional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y las leyes.

Su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defen­der a las autoridades legítimamente constituidas, conforme con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos serán determinados por la ley.

Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos, y no podrán afiliarse a partido o a movi­miento político alguno ni realizar ningún tipo de actividad política.