Una serie de even­tos desafortunados, relacionados más bien con una débil estrategia política y jurídica de las auto­ridades paraguayas, posibi­litaron nuevamente otro “traslado” de Juan Arrom Suhurt, Anuncio Martí Mén­dez y Víctor Colmán Ortega de Uruguay a otro país, esta vez como destino final el país escandinavo Finlandia. Los tres prófugos una vez más se burlaron el martes último de la petición de extradición para que vengan al país a someterse a la Justicia por el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en el 2001.

Las autoridades paraguayas incurrieron en varios erro­res y no se anticiparon a los hechos, como la deficiente comunicación con la Inter­pol con sede en Francia, la falta de lobby para una mayor cooperación judicial por parte de Uruguay (actuó en sentido contrario a la sentencia de la Corte IDH) y el actuar a des­tiempo por parte del abogado uruguayo Enrique Falco, con­tratado por Paraguay a través de la embajada en Montevi­deo, que está a cargo de Roge­lio Benítez.

Además, inexplicablemente Arrom y sus cómplices trami­taron documentos y pasapor­tes en Finlandia ante ACNUR mientras estaban recluidos en Montevideo, sin que nadie de Paraguay alertara sobre el caso. Hay fuertes sospechas de que sus trámites involu­craron a mucha gente de Uru­guay, de la ONU y del país nór­dico. Es más, la resolución de la Comisión de Refugiados (Core) uruguaya falló a favor del refugio el 27 de setiembre. El Gobierno de Paraguay, aun así, no se enteró.

Ante la salida “legal” de terri­torio uruguayo, con escala en Madrid, España, y con destino final a Helsinki, Finlandia, por parte de los prófugos de la Jus­ticia paraguaya, la Cancillería Nacional convocó al embaja­dor uruguayo Federico Pera­zza a los efectos de brindar explicaciones sobre el actuar de su gobierno. De acuerdo con el comunicado del MRE, primero “se condena el otor­gamiento indebido del estatus de refugiados”, así como tam­bién “las facilidades otorga­das para asegurar su traslado a Finlandia”. Segundo, desde el MRE lamentan la falta de cooperación de las autorida­des uruguayas, ya que debe­rían haber tenido en cuenta el fallo de la Corte IDH, que demuestra que no hubo perse­cución política o de violación de los derechos humanos en Paraguay.

El abogado del Estado, Sergio Coscia, relató de manera por­menorizada el viaje llevado a cabo por los connacionales. “Tuvimos conocimiento que llegaron a Madrid; al llegar, el servicio consular paraguayo tomó las medidas para veri­ficar si la documentación era efectiva”. Comentó que “se reiteraron, con el Ministerio Público, las órdenes de cap­tura y se comunicó la situa­ción judicial de los mismos”. Afirmó que nada de esto sir­vió, ya que la Interpol con anterioridad había levantado la notificación roja. “Descono­cemos el porqué no han vuelto a alzarlo”, atinó a decir Coscia.

Coscia manifestó que a tra­vés de la Interpol se entera­ron de qué tipo de documentos contaban los connacionales. “A través de la Interpol supi­mos que Arrom y Colmán ya tienen cédula de Finlandia, y Martí tiene una acreditación del ACNUR”.

Consultado sobre el abogado Enrique Falco Iriondo, con­tratado por nominación del embajador Rogelio Benítez, expresó que “el Paraguay se dio por enterado de la notifi­cación el día de ayer (martes), a las 20:00. Paraguay no tenía conocimiento de esa notificación”. Coscia pretendió deslin­dar responsabilidades al decir que “Paraguay no es parte del proceso de refugio, sí es parte del proceso de extradición”. Lo que se comunicó el día lunes al abogado Falco Iriondo es que se había rechazado la extra­dición como consecuencia del otorgamiento de refugio, señaló Coscia. Sin embargo, el dictamen del Poder Judicial uruguayo está fechado el 27 de setiembre.

Coscia fue interpelado sobre si barajaban las estrategias de los connacionales. “Claro que barajábamos. Si analizamos el actuar de estos criminales que guardan relación con su orga­nización, es su modus ope­randi”. Asimismo, comentó el argumento que presentaron los susodichos para el levanta­miento de la notificación roja de la Interpol. “Su argumento fue que la demanda de la Corte IDH seguía vigente, ¿por qué?, porque al solicitar el levanta­miento del código rojo sola­mente acompañaron la acu­sación de la Corte”.

Según Coscia, le llama pode­rosamente la atención que el Centro de Control de Ficheros (CCF) de Interpol, con sede en Lyon, Francia, habiendo reci­bido toda la información vía diplomática, no volvió a publi­car la notificación roja. Alegó que el pedido a la Interpol para activar el código rojo es per­manente hasta el día de hoy, afirmó Coscia. Sin embargo, los hechos demuestran que no fue tenido en cuenta por la falta de solvencia de los alega­tos presentados por las auto­ridades paraguayas. “Vamos a intentar que no salgan de Finlandia y que ningún aero­puerto del mundo permita su traslado”, es lo que pudo decir el abogado del Estado.

Entre el 30 de setiembre y el 4 de octubre, la Comisión de Control de Ficheros (CCF) de la sede central de la Interpol, en Lyon, Fran­cia, encargada del estudio referente a los datos personales, se reu­nió y debió haber estudiado el bloqueo al acceso de los ficheros de los connacionales Arrom, Martí y Colmán. La respuesta por parte de la Interpol aún no fue recibida.

Esto fue lo que informó el jefe de la Interpol Paraguay, el comisario Wilberto Sánchez. Esto per­mitió su salida “legal” de Uruguay, con escala en Madrid, España, con destino final a Finlandia. Los connacionales, sindicados como autores del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, pre­vio al levantamiento/cancelación del estatus de refugiados en el Brasil tras 18 años de asilo político, hicieron uso de su derecho y cumplieron con el requisito de admisibilidad previsto en el regla­mento interno de la Interpol.