• POR CÉSAR LARRÉ
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La Coordinadora de Abogados del Para­guay presentó ayer una denuncia penal contra el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por el polémico caso de las comi­sarías móviles que compró a precios “de oro”.

La denuncia es por el hecho punible de lesión de con­fianza, según señala el escrito presentado por la presidenta del gremio, María Esther Roa.

“Nos vimos obligados nueva­mente los ciudadanos a tomar cartas en el asunto y presen­tar por lo menos estas inves­tigaciones periodísticas plas­madas en un escrito y darle entrada en la Unidad Espe­cializada de Delitos Econó­micos, que tiene la obliga­ción de investigar los hechos porque son sumamente gra­ves (...)”, expresó la abogada a Universo 970 AM.

Bajo la administración de Villamayor se adquirieron tres comisarías móviles en diciembre del 2018 y otras tres en abril pasado. A fin de año, los móviles se compra­ron a G. 570 millones cada uno, en total G. 1.710 millo­nes, y en abril a G. 493 millo­nes cada uno, totalizando G. 1.479 millones.

Vale señalar que los precios inflados de los bienes que son parte del equipamiento de estas comisarías móviles hicieron que el costo total de las mismas se dispare. Como ejemplo, mesas que en el mercado cuestan G. 435.000, hicieron figurar a G. 8.000.000, según contrato firmado en diciembre, y a G. 7.000.000 en abril; arma­rios de 900.000, a un pre­cio unitario de G. 7.350.000, y frigobares, que en el mer­cado salen G. 1.000.000, a G. 5.450.000.

Fueron algunos de los bie­nes que el proveedor TSV del Paraguay SRL cotizó en el paquete de comisarías móviles y cuyos precios des­ataron gran indignación de la ciudadanía.

En otro momento, la abogada cuestionó que la Fiscalía no haya iniciado una investiga­ción de oficio, a pesar de con­tar con elementos suficientes.

“Estuvimos siguiendo las investigaciones periodísti­cas con las documentacio­nes que fueron alzando, las comparaciones con precios de mercado, entonces con más razón aún encontramos serios elementos que pueden servir como cabeza de pro­ceso; sin embargo, la Fiscalía nos expone a los ciudadanos, porque cuando no abren de forma oficiosa, aquellas per­sonas que estamos hartas de la corrupción, nos vemos obligadas a dejar plasmados nuestros nombres, en un país donde no existe ni siquiera seguridad”, manifestó Roa.

Desde el Ministerio Público señalaron que se estudia la apertura de una causa.

En total, los seis tráileres cos­taron al Ministerio del Inte­rior G. 3.189 millones. Con este dinero sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo instaladas están preparadas para dos unifor­mados por cada contenedor.

La Auditoría del Poder Eje­cutivo, la Secretaría Anti­corrupción, la Dirección de Contrataciones y la Con­traloría están investigando las costosas compras de las comisarías móviles, mien­tras que Villamayor deberá comparecer mañana ante el Senado para ser interpelado.