El ministro del Interior, Juan Ernesto Villa­mayor, compró tres comisarías móviles equipa­das con muebles a precios de “oro”, según el comparativo de venta en el mercado. Ape­nas caben dos policías en cada contenedor móvil, adquiridos en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana.

Cada comisaría móvil (conte­nedor) costó G. 493 millones y, en total, el precio de las tres asciende a G. 1.479 millones. Las mismas fueron adquiri­das mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de los tráileres de la Poli­cía se instaló esta semana en el microcentro de Asun­ción, específicamente sobre la calle Estrella casi Nuestra Señora de la Asunción; otro se encuentra en el predio de la Comisaría 12ª, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de la capital, desde hace unos meses, según señalaron en el lugar. Y el tercero está en la ciudad de Luque sobre la calle Corrales casi Rojas Silva.

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Villamayor, quien viene siendo bastante cuestionado por la inseguridad que se vive en el país y que todavía cuenta con la bendición del presidente Mario Abdo Bení­tez, suma una nueva “perlita” a su gestión.

El 26 de abril pasado, el minis­tro firmó contrato con la empresa TSV del Paraguay SRL para la adquisición de las comisarías móviles, ya con todo el equipamiento. Se dis­pone de un crédito de US$ 20 millones del citado organismo multilateral para el programa que tiene como objetivo “la disminución de delitos vio­lentos en Asunción y el depar­tamento Central a través de la prevención policial, preven­ción de violencia contra las mujeres, prevención social de jóvenes en situación de riesgo, entre otros aspectos”, según se anunció en su momento.

Llaman la atención los pre­cios de algunos bienes que hacen al equipamiento de estas comisarías móviles y que hicieron que el costo total de las mismas se dispare.

Comisaría móvil que mide de largo 6 metros, de ancho interior 2,47 metros y de altura interior 2 metros.

Como ejemplo se adquirie­ron seis mesas para oficina con medida de 0,60x1,00 a G. 7.000.000 cada una, en total G. 42 millones, de una firma que comercializa el mismo producto a tan solo G. 435.000. También com­praron armarios a precio de “oro”.

Para las tres comisarías móviles compraron arma­rio de 0,80x1,80 aproxima­damente a G. 7.350.000 cada uno, cuando en el mercado este mueble se vende a G. 900.000.

También es parte del equipa­miento un asiento tipo banco de tres cuerpos; se adquirie­ron tres a G. 4.500.000 cada uno, totalizando la suma de G. 13.500.000. Su precio en el mercado es de G. 1.000.000 aproximadamente.

Resaltado de los precios llamativos en contrato firmado por el ministro Villamayor.

Otro precio llamativo es el de la heladera frigobar, de mínimo 80 litros, como era requisito en el pliego de bases y condiciones. Se compraron tres a G. 5.450.000 cada una, G. 16.350.000 en total, de una marca que vende el mismo producto, pero de 110 litros, a tan solo G. 1.000.000.

Durante este gobierno se adquirieron en total seis comisarías móviles, tres con presupuesto propio del Ministerio del Interior y 3 a través del crédito del BID.

En las comisarías móviles se recepcionan denuncias ciudadanas como extravío de documentos, sustrac­ciones, robos, asaltos, etc., y de acuerdo a la cartera de Estado, cumplen una tarea complementaria de apoyo. Ante nuestras consultas, los uniformados asignados a estos puestos, a quienes encontramos bastante relaja­dos, nos comentaron los esca­sos problemas reportados.

NO TIENEN EN CUENTA PRECIOS POR ÍTEM

Fernando Álvarez.

Javier Fernández, de la Unidad Ejecu­tora de Programas (UEP) del ministe­rio, indicó que para la adjudicación de la empresa TSV se tuvo en cuenta el precio final que esta ofertó, y no así los precios por ítem.

“En lo que nosotros nos solemos fijar es en el precio final, y al más bajo se le adjudica, porque no podemos adjudicar por ítem”, expresó Fernández.

Por su parte, Fernando Álvarez, director general de Gabinete del Ministerio del Interior, afirmó que el contrato de adquisición de las comisarías móviles sigue abierto y que todavía la cartera de Estado no finiquitó el pago. Le tiró el fardo a los responsables de la UEP ale­gando que son ellos los que evalúan los términos de referencia para la compra.

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