• POR LOURDES PINTOS
• Periodista
• lourdes.pintos@gruponacion.com.py

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Baci­galupo, fue denunciada ante la Organización Internacio­nal del Trabajo (OIT), con sede en Chile, por haber rescindido arbitrariamente el contrato a la empresa Laya SA y, de esta manera, dejando sin empleo a 160 personas, según refiere la denuncia. Los denuncian­tes forman parte de la asocia­ción de empleados de la men­cionada firma.

El documento, con la firma de todos los afectados, fue pre­sentado el pasado 9 de noviem­bre del 2018, poco después de concretarse la rescisión del contrato de la empresa en cuestión que prestaba servi­cios de limpieza en la sede cen­tral y en las oficinas regionales del Servicio Nacional de Pro­moción Profesional (SNPP) desde hace dos años. La nota está dirigida al director de la OIT, Fabio Bertranou.

“Deseamos dejar en claro que la propia autoridad adminis­trativa del Trabajo, en este caso la ministra, Carla Baci­galupo, en forma arbitraria ha ordenado una rescisión con­tractual sin prever la situa­ción de 160 trabajadores de la empresa que teníamos pre­visto trabajar por dos años como mínimo, ya que nues­tro contrato era por un plazo de dos años en el inicio”, refiere el documento.

Además, menciona que desde el inicio del contrato se han cumplido a cabalidad con los trabajos para los cuales fueron contratados y destaca que se prestó servicio hasta el día en que los empleados fueron des­alojados de la institución. Los denunciantes sostienen que fue un “negociado” de Baci­galupo, ya que avasalló todos los derechos de los trabaja­dores con el fin de contratar a otra empresa. “Podemos afir­mar que fue un negociado de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, donde los únicos perjudicados fuimos los traba­jadores. Estos hechos contra la vida que venimos a denun­ciar consideramos que son un atentado contra el derecho al trabajo”, refiere la denuncia.

La finalización del contrato se habría dado porque Laya no presentó la póliza de seguros por accidentes de trabajo para sus funcionarios, pero Carlos Ayala, directivo de la firma, ase­gura que se cumplió con lo esta­blecido en el plazo fijado por las autoridades del ministerio, pero a pesar de que la firma ya estaba al día con sus obligacio­nes fue inevitable la rescisión.

La empresa contratada en vez de Laya fue Renova, vinculada a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del ex diputado José Chamo­rro, propietario además de la empresa SST Security Ser­vice Technology, involucrada en el escándalo generado por una licitación supuestamente manipulada para el servicio de seguridad del IPS.

El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, remitió un docu­mento al viceministro de Trabajo, Luis Orué, solicitando informes sobre la situación laboral de Luis Alberto Cousirat Cubilla, instruc­tor contratado del SNPP, regional Paraguarí, quien denuncia ser víctima de supuesto acoso laboral por parte de la directora de la mencionada sede.

Sostiene además que desde enero de este año al denunciante no le designan ningún curso a pesar de las reitera­das solicitudes hechas ante las autoridades pertinentes. Esta no es la única denuncia de esta índole, destaquemos que el pasado viernes 20 de setiembre, Carla Bacigalupo decidió desvincular del SNPP a Joel Darío Ávalos, uno de los funcionarios que había denunciado las irregularidades en el proceso de licitación para la compra de simuladores para la institución. Ávalos, en reiteradas ocasiones, denunció públicamente las represalias en su contra por parte de la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo.