• POR LOURDES PINTOS
• Periodista
• lourdes.pintos@gruponacion.com.py

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en el pro­ceso de licitación llevado a cabo por el Servicio Nacio­nal de Promoción Profesio­nal (SNPP), para la adquisi­ción de cuatro simuladores de cargas para la institución, por un total de G. 1.290 millones.

La verificación del proceso se realizó a pedido de la Uni­dad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Minis­terio Público, luego de recep­cionar la denuncia penal con­tra la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, por estafa, lesión de confianza, asocia­ción criminal y usurpación de funciones por la supuesta maniobra realizada para la adquisición de los simula­dores.

Con este dictamen de la CGR, que finalizó el pasado 12 de agosto y cuya copia ya fue remitida a la Fiscalía, esta última institución ya cuenta con elementos para iniciar la investigación contra la titu­lar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

“Hay observaciones en las diferentes etapas de lo que es el proceso licitatorio hasta la adjudicación. Tienen que ver principalmente en la etapa previa, con estudios y análi­sis que debió haber hecho el SNPP para determinar por ejemplo el precio estimado de lo que se pretendía adquirir. En este punto encontramos irregularidades porque las documentaciones no demos­traban que se haya hecho ese tipo de análisis”, manifestó Paul Ojeda, director general de Contrataciones Públicas de la Contraloría.

Agregó que el oferente adjudi­cado, en este caso la empresa GSM, debía demostrar con documentaciones la expe­riencia que la firma tiene en el rubro, ya que era uno de los requisitos para la millo­naria adjudicación; en este punto también fueron halla­das varias falencias.

“Una de las formas de demos­trar eso es que el oferente haya adjuntado a su docu­mentación otros tipos de con­tratos anteriores que demues­tren que ya tenía experiencia con ese tipo de equipos, pero no encontramos documenta­ciones”, señaló.

Otro aspecto realmente grave es que el SNPP, bajo la adminis­tración de Bacigalupo, ignoró la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que ante la protesta de uno de los oferen­tes, la firma Automotive, pidió cancelar la adjudicación ini­cial y retrotraer la licitación a la etapa de evaluación; en este punto, el SNPP solo hizo una ratificación de la evaluación que ya habían realizado, según lo confirmó Ojeda.

El dictamen final de la Con­traloría General deja en evi­dencia que efectivamente esta millonaria compra no se realizó de manera transpa­rente, ya que fueron ignora­das varias leyes y condiciones establecidas para el correcto proceso de licitación.

Algunas de las falencias detectadas es que no se adjuntó la documentación comprobatoria del análisis realizado a los precios, con­sultados a los tres potenciales oferentes para la determina­ción de los precios referen­ciales, como tampoco otros estudios técnicos realizados por la convocante.

No se adjuntó la resolución de la máxima autoridad de la institución, por la cual se aprueba la nómina de fun­cionarios responsables de la suscripción del Certificado de Disponibilidad Presupues­taria (CDP) para el llamado, así como la comunicación a la DGCP del registro de firmas de los responsables de la sus­cripción de los mismos.

El SNPP tampoco tuvo en cuenta el plazo concedido a los oferentes para eventuales protestas ni justificó las cau­sas por las cuales no espera­ron dichos plazos para for­malizar el contrato. En la verificación del informe de reevaluación, se solicitó docu­mentos del Sinarh que respal­den este informe al momento de su evaluación, pero el SNPP remitió un certificado del 21 de junio de este año y no el uti­lizado o considerado en la ree­valuación de las ofertas.