La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en el pro­ceso de licitación llevado a cabo por el Servicio Nacio­nal de Promoción Profesio­nal (SNPP), para la adquisi­ción de cuatro simuladores de cargas para la institución, por un total de G. 1.290 millones.

La verificación del proceso se realizó a pedido de la Uni­dad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Minis­terio Público, luego de recep­cionar la denuncia penal con­tra la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, por estafa, lesión de confianza, asocia­ción criminal y usurpación de funciones por la supuesta maniobra realizada para la adquisición de los simula­dores.

Carla Bacigalupo.
Carla Bacigalupo.

Con este dictamen de la CGR, que finalizó el pasado 12 de agosto y cuya copia ya fue remitida a la Fiscalía, esta última institución ya cuenta con elementos para iniciar la investigación contra la titu­lar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

“Hay observaciones en las diferentes etapas de lo que es el proceso licitatorio hasta la adjudicación. Tienen que ver principalmente en la etapa previa, con estudios y análi­sis que debió haber hecho el SNPP para determinar por ejemplo el precio estimado de lo que se pretendía adquirir. En este punto encontramos irregularidades porque las documentaciones no demos­traban que se haya hecho ese tipo de análisis”, manifestó Paul Ojeda, director general de Contrataciones Públicas de la Contraloría.

Agregó que el oferente adjudi­cado, en este caso la empresa GSM, debía demostrar con documentaciones la expe­riencia que la firma tiene en el rubro, ya que era uno de los requisitos para la millo­naria adjudicación; en este punto también fueron halla­das varias falencias.

“Una de las formas de demos­trar eso es que el oferente haya adjuntado a su docu­mentación otros tipos de con­tratos anteriores que demues­tren que ya tenía experiencia con ese tipo de equipos, pero no encontramos documenta­ciones”, señaló.

Otro aspecto realmente grave es que el SNPP, bajo la adminis­tración de Bacigalupo, ignoró la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que ante la protesta de uno de los oferen­tes, la firma Automotive, pidió cancelar la adjudicación ini­cial y retrotraer la licitación a la etapa de evaluación; en este punto, el SNPP solo hizo una ratificación de la evaluación que ya habían realizado, según lo confirmó Ojeda.

Dictamen de Contraloría detecta una serie de irregularidades en licitación del SNPP.
Dictamen de Contraloría detecta una serie de irregularidades en licitación del SNPP.

LAS OBSERVACIONES

El dictamen final de la Con­traloría General deja en evi­dencia que efectivamente esta millonaria compra no se realizó de manera transpa­rente, ya que fueron ignora­das varias leyes y condiciones establecidas para el correcto proceso de licitación.

Algunas de las falencias detectadas es que no se adjuntó la documentación comprobatoria del análisis realizado a los precios, con­sultados a los tres potenciales oferentes para la determina­ción de los precios referen­ciales, como tampoco otros estudios técnicos realizados por la convocante.

No se adjuntó la resolución de la máxima autoridad de la institución, por la cual se aprueba la nómina de fun­cionarios responsables de la suscripción del Certificado de Disponibilidad Presupues­taria (CDP) para el llamado, así como la comunicación a la DGCP del registro de firmas de los responsables de la sus­cripción de los mismos.

El SNPP tampoco tuvo en cuenta el plazo concedido a los oferentes para eventuales protestas ni justificó las cau­sas por las cuales no espera­ron dichos plazos para for­malizar el contrato. En la verificación del informe de reevaluación, se solicitó docu­mentos del Sinarh que respal­den este informe al momento de su evaluación, pero el SNPP remitió un certificado del 21 de junio de este año y no el uti­lizado o considerado en la ree­valuación de las ofertas.