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A poco tiempo de asumir como ministro de Edu­cación y Ciencias, Eduardo Petta, anunció con bombos y platillos la instalación de aulas prefabricadas en las instituciones educati­vas como solución para la carencia de infraestructura que sufren los alumnos. Sin embargo, el proyecto estre­lla del secretario de Estado rápido se ubicó bajo la lupa por la falta de claridad en la adjudicación y princi­palmente por el manejo tercerizado del millona­rio recurso donado por la Unión Europea.

La cartera educativa adju­dicó G. 14.800 millones para la instalación de 209 aulas prefabricadas en dis­tintos puntos del país. Las mismas, de acuerdo con el Pliego y Bases Condiciones (PBC), tienen dimensión de 44 metros cuadrados. Es decir, el precio unita­rio de las salas asciende a G. 71 millones, que repre­sentan un poco más de G. 1.600.000 por cada m².

Un aula de material cocido (de tejas y ladrillos) en lici­taciones públicas tiene costo desde G. 1.400.000 el m², según referentes del sector de la construcción.

Comparado al precio adju­dicado por Petta, existe un sobrecosto de G. 200.000 por cada m² y G. 8.800.000 por cada aula con relación a las convencionales.

Si calculamos las 209 aulas prefabricadas que adju­dicó el MEC, representa un sobrecosto de más de G. 1.840 millones. Con el sobrecosto se pueden cons­truir unas 30 aulas conven­cionales más en beneficio de 900 escolares.

Las diferencias entre uno y otro tipo de construcción son bastante cuestionadas por los gremios de los cera­mistas y oleros que hablan de economía y durabilidad frente a los prefabricados. Ante la exclusión tuvieron que salir a las calles para que el MEC y el Ministerio de Urbanismo recapaciten y asuman el compromiso de incluirlos en las próximas licitaciones.

La Organización de Esta­dos Iberoamericanos (OEI) fue la encargada de mane­jar el proceso de adjudica­ción, los representantes del MEC ni siquiera tienen el contrato y manifestaron desconocimiento de las condiciones contractua­les. La jefa de infraestruc­tura que debe fiscalizar los montajes dijo que no saben de este sistema construc­tivo y no supo explicar en su momento si deben tener mantenimiento.

Cabe remarcar que las aulas prefabricadas tienen un estimativo de 10 años de vida útil, esto si se realiza mantenimiento acorde. Las convencionales, aguantan en promedio 50 años.

A propósito de la calidad de los ensamblados y ante versiones de que no serían buenas, consultamos con algunos proveedores sobre el origen de los mismos. En Caldetec y Proel nos dije­ron que utilizan materia­les nacionales, aunque la segunda empresa aclaró qué importa los techos que se utilizan en las aulas pre­fabricadas.

Según el coordinador departamental del MEC en el departa­mento de Itapúa, Celso Ramírez, se instalaron las 15 aulas pre­fabricadas, pero que las mismas tienen solamente 36 m², más pequeñas de los 44 m², medida que aparece en el PBC.

Ante esta situación nos comunicamos con el director administra­tivo del MEC, Alejandro Duarte, para que nos confirme las dimen­siones de las salas adjudicadas pero el mismo alegó que estaba “almorzando”, dijo que pasaría la información, pero se llamó a silencio.

La directora de infraestructura Raquel Ortellado tampoco res­pondió nuestra llamada.

La licitación vía OEI limita la transparencia, ya que varias informaciones se tornan de carácter reservado. Una de ellas es lo concerniente al contrato.

El organismo internacional no publica el contrato de las aulas prefabricadas, hecho que sí se da cuando se realiza vía Direc­ción Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Es así que en el marco de las donaciones de la Unión Europea, el MEC delegó al organismo internacional 4 licitaciones en los últimos 6 meses, procesos guardados bajo 7 llaves. En total, la OEI adjudicó contratos por unos G. 29.494 millones aproxima­damente, de lo que cobra en promedio un 5% por el trabajo que realiza, es decir unos G. 1.400 millones, según había con­firmado el administrador Duarte.

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, tiene una soli­citud pendiente vía Accesos a la Información Pública, que vence este lunes, para detallar sobre el destino de los gastos en el marco de la donación de la Unión Europea que asciende a 46 millones de euros.

La donación es para finan­ciar el “Programa de Apoyo al Sector Educa­ción en Paraguay”, según anunciaron.

Mientras el jefe de Educación habla de transparencia, ya había negado el pedido de copia del contrato de la adju­dicación de las aulas prefa­bricadas, que nuestro diario solicitó vía Ley de Acceso a la Información Pública. Habían alegado que no tie­nen el contrato y que el docu­mento obra en el organismo internacional o en las empre­sas adjudicadas.

Vamos a ver si esta vuelta Petta hace honor a su dis­curso de transparencia y explica sobre el destino y los gastos programados de los 46 millones de euros.

Solamente en los últimos 6 meses, el MEC adjudicó G. 29.494 millones que corres­ponden al montaje de aulas prefabricadas, adquisición de camionetas doble cabina, equipos informáticos y libros de textos para estudiantes de la educación media, todos los procesos mediante la OEI.