Está activo un claro esquema de soste­nimiento al contra­lor general de la República, Enrique García, a fin de evitar el juicio político en su contra por presunta pro­ducción de documentos no auténticos y mal desempeño de sus funciones.

Senadores oficialistas y de la oposición son los opera­dores directos del “salva­taje”. Fuentes creíbles que contactaron con nuestro medio explicaron que existe un “pacto de impunidad” a cambio de que García ubi­que en puestos claves a cier­tos recomendados y contrate a otros para diferentes áreas de la Contraloría.

Sobre el tema, el propio titu­lar de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, reconoció el miérco­les que priman los intereses políticos en este caso. “Aquí hay un juego de intereses”, reveló.

Los pesos pesados del ambiente político, masónico y legislativo –oficialistas y opositores– que blindan al contralor necesitan mante­ner el esquema de sus lea­les a nivel interno de la Con­traloría para protegerse la espalda debido a las diferen­tes actividades que ejecutan y para sostener su clientela política, muchos de ellos parientes cercanos, mili­tantes partidarios, amigos de los amigos, entre otros, explicaron las fuentes.

Los “recomendados”, fruto del pacto de impunidad, están distribuidos en dife­rentes reparticiones claves de la Contraloría –explica­ron– como la Dirección Jurí­dica, Dirección de Declara­ciones Juradas, Dirección General de Contratacio­nes, Dirección de Control Gubernamental, en el gabi­nete del contralor, en la Dirección General de Con­trol de Medio Ambiente y en la Dirección de Control de la Administración Central.

Además, en la Dirección General de Control de Orga­nismos Descentralizados, Dirección General de Bie­nes Patrimoniales, Direc­ción General de Organis­mos Departamentales y Municipales, Dirección de Fonacide y Royalties y en la Dirección General de Ren­dición de Cuentas. Incluso en la Dirección de Talento Humano, Dirección Gene­ral de Relaciones Internacio­nales, en atención al cliente, entre otras direcciones de la Contraloría General de la República.

En los últimos días, en puer­tas de retomarse el juicio político al contralor, varios legisladores agudizaron las “triquiñuelas” para conge­lar el juicio político a García que está en suspenso desde el año pasado.

Los argumentos son varia­dos, como la previa consulta a las bancadas, la renuncia pre­via del subcontralor, Camilo Benítez Aldana –a pesar que no tiene ningún pecado a cuestas–, la falta de votos en el pleno para retomar el trá­mite, entre otras excusas.

Asimismo, la Cámara de Diputados resolvió el pasado miércoles ampliar la acu­sación contra el contralor general de la República por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con el fin de establecer el juicio político. La moción fue planteada por el diputado Hernán Rivas, en representación de la ban­cada de Honor Colorado.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Miguel Cuevas, estaría reteniendo la amplia­ción de la acusación por enri­quecimiento ilícito plan­teada en contra del mismo.

Los senadores de Honor Colo­rado mantienen la postura del juicio político al Contra­lor, la propuesta es validada por sus pares de Patria Que­rida y un sector de la bancada liberal de la Cámara Alta.

García fue imputado por producción y uso de docu­mentos no auténticos por el caso Ivesur, cuando era asesor jurídico de la Muni­cipalidad de Asunción, pero no pudo ser sometido a proceso por su inmuni­dad. Razón por la cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspen­dió la imputación y para ini­ciar el proceso penal, debe ser sometido a juicio polí­tico.

Asimismo, por enri­quecimiento ilícito y lavado de dinero por un monto de 3.000 millones de guaraníes, asignación irregular de viá­ticos, concesión indebida de privilegios, contratación irregular de consultorías y tráfico de influencias.