Por G. 250 mil ya se puede conseguir en el mercado negro una base de datos de miles de personas, en la que figura la dirección, el número de teléfono y hasta la situación crediticia de los ciudadanos paraguayos. El equipo de La Nación Investiga contactó con vendedores clandestinos y logró conseguir programas con información sobre 40.000 personas. Las casas comerciales, las de crédito y las compañías telefónicas dicen que el tema escapa de sus manos, mientras la Fiscalía pide sacar una ley más amplia de protección de datos personales.

Por ALDO BENÍTEZ

Todos estamos expuestos. El contacto que hizo el equipo de La Nación Investiga con el vendedor de la primera base de datos fue a través del whatsapp, como quien arregla un encuentro entre amigos. Pero primero, con ambos vendedores –que son jóvenes y manejan muy bien lo que ofrece el sistema ofertado– se llegó gracias al Facebook.

El primer vendedor hizo la cita en pleno Mercado 4, en Asunción. Allí, en la vía pública, con una computadora portátil abierta para mostrar la utilidad del sistema, se cerró el negocio. El costo, G. 250 mil por miles de planillas con datos actualizados de unas 10.000 personas. "Acá tenés todo; sus nombres, sus números y dirección. La mayoría tienen pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) y podés ofrecerles plata para conseguir algún crédito para sus negocios. También tenés socios de cooperativas", explicó a La Nación el vendedor.

Una base de datos con 30.000 nombres costó G. 500.000.
Una base de datos con 30.000 nombres costó G. 500.000.

Igualmente, el "servicio" que dan estos vendedores clandestinos incluye una "categorización" de datos. Por ejemplo, separan a clientes bancarios, a los socios de cooperativas, a funcionarios públicos, policías y hasta existe una base de datos en las que se puede ver el nivel académico de las personas.

“TODAVÍA NO LICUÉ TODO”

El otro vendedor también arregló todo por mensajería. Incluso, fue previsorio; envió montos para que la operación no fracase. Todo muy fácil. "Mirá, en estos dos archivos, todo servido ya tenés. Dónde vive, en qué trabaja, por separado hay clientes bancarios y de empresas", explicó el joven que trabaja en la zona de Fernando de la Mora, o por lo menos, ahí fue donde citó al equipo de La Nación para concretar la compra de su base de datos, sobre la avenida Mariscal López. No obstante, aclaró que tiene muchos otros productos similares.

"Antes trabajaba en otro lugar, pero tengo mucho que debo arreglar, todavía no licué todo, todavía me falta, pero me sirve igual", expuso y aclaró –tras agarrar el dinero– que el sistema es confiable porque garantiza hacer ventas. Arregló por G. 500.000 su base de datos, que tiene registrados 30.000 nombres completos, con números de documentos, lugar exacto de residencia, números de teléfono y lugar de trabajo. Un combo bien completo.

Compañías telefónicas manejan inmensas bases de datos.
Compañías telefónicas manejan inmensas bases de datos.

Estas bases de datos se obtienen generalmente de entidades financieras, compañías telefónicas, casas de crédito o incluso desde el mismo Instituto de Previsión Social (IPS). Si bien el origen puede ser variado, por lo general, la finalidad es muy simple: tener a mano todas las direcciones, números de teléfono y hasta el lugar laboral de potenciales clientes. La base de datos es tan amplia que se puede encontrar a familias enteras, conectadas.

Si bien se trata de una invasión a la intimidad, en el mejor de los casos, estos datos generalmente son utilizados para llamar a la persona que reúna cierto perfil, para ofrecer algún producto, como un electrodoméstico, o generalmente, crédito. Sin embargo, existe una situación límite también, que tiene que ver con la gente que accede a estos datos con intenciones perversas.

 

En ese sentido, la propia Fiscalía contra Delitos Informáticos reconoce que cualquiera que tenga una data de ciudadanos en su poder, puede crear perfiles para cualquier fin.

Para la fiscala especializada Irma Llano, si bien esta situación –la venta de datos que no son considerados personales– no configura un delito en sí, la comercialización de los mismos expone a la ciudadanía a una invasión total de la privacidad, con los riesgos que esto acarrea.

"Nos exponemos a que con esto se pueda o puedan crear una ingeniería social y ser víctimas de estafa, extorsiones y hasta analizar perfiles para hacer un secuestro. Necesitamos una ley de protección de datos ampliada con fines de resguardar la privacidad de las personas", explicó a La Nación.

La representante del Ministerio Público agregó que para empezar algún tipo de investigación hay que ver si, en el caso de comercios o empresas que llaman a ofrecer cualquier tipo de servicio, accedieron de manera indebida, por ejemplo, como producto de un robo, a los datos de las personas.

Irma Llano, fiscala de Delitos Económicos y Orlando Pereira, titular Cámara de Operadores Móviles.
Irma Llano, fiscala de Delitos Económicos y Orlando Pereira, titular Cámara de Operadores Móviles.

DIFÍCIL QUE TERMINE

Víctor Vázquez, presidente de la Cámara Paraguaya de Casas de Créditos, se mostró muy sincero con respecto a la posibilidad de que las casas de créditos dejen de hacer este tipo de llamados. "No creo que esto termine fácilmente", expresó Vázquez y añadió que esto obedece a que es muy fácil acceder a este tipo de datos, y que, por lo que se ve, no existe una regulación desde las propias autoridades estatales.

"Ustedes tienen que darse cuenta por los avisos en los diarios cuando piden un comercial para casa de crédito de electrodomésticos.

¿Qué está pidiendo? Preferible vendedor con cartera de crédito. ¿Qué está pidiendo? Un ladrón está pidiendo", dijo el empresario. Cuando La Nación consultó por qué asevera tal cosa, Vázquez no titubeó: "porque roba la información". Añadió, en forma tajante, que mientras haya gente que trabaje y que dependa de este esquema, la invasión a la privacidad va a seguir.

Las compañías telefónicas son las principales empresas que manejan inmensas bases de datos de clientes. Es constante el reclamo de mucha gente que recibe, prácticamente a diario, llamadas de al menos una de estas empresas ofreciendo algún producto. Sin embargo, desde la organización que nuclea a estas empresas, se niega cualquier tipo de venta o comercialización de datos.

En ese sentido, Orlando Pereira, titular de la Cámara de Operadores Móviles, dijo al equipo de La Nación Investiga que, como operadores, ninguna compañía telefónica de Paraguay puede hacer algo para evitar esto, ya que es una situación que escapa a la competencia de las operadoras. "Nosotros no podemos decir nada como operadores móviles, está totalmente fuera de nuestro alcance. "Esa información –en referencia a los datos– se puede generar en diversos lugares", aseveró Pereira.

Patricia Saldívar, directora de Procedimiento de Sedeco, Óscar Tuma, diputado nacional y Víctor Vázquez, titular Cámara Paraguaya de Casas de Créditos.
Patricia Saldívar, directora de Procedimiento de Sedeco, Óscar Tuma, diputado nacional y Víctor Vázquez, titular Cámara Paraguaya de Casas de Créditos.

PROYECTO DE LEY

El diputado nacional Óscar Tuma mencionó que debido a las recurrentes quejas que existen sobre esta situación, presentó hace tiempo un proyecto de ley –que ya cuenta con media sanción en Diputados– mediante el cual se prohíbe a las compañías telefónicas, en primer lugar, generar la información (es decir, anexar nombres, dirección, números, etc., de las personas) y en segundo lugar, pero más importante, hacer uso de la bases de datos que tienen.

"El proyecto de ley prohibe que las compañías telefónicas utilicen esa base de datos para hacer ese spam que llega a los clientes todo el tiempo", explicó Tuma.

Para la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), las denuncias por spam u ofertas son una constante. Patricia Saldívar, directora de procedimiento de esta institución, recibió a La Nación para comentar cómo están trabajando sobre esta cuestión. Según explicó, tienen un procedimiento mediante el cual, cuando un usuario llama a quejarse sobre un número en particular que molesta con ofertas u otro tipo de promociones, se abre un expediente para que la Sedeco informe de eso a la empresa desde donde se hizo ese llamado. "Con la Sedeco pueden comunicarse con llamadas telefónicas, a través de mensajes vía whatsapp o mediante la aplicación que pone a disposición de la ciudadanía para denunciar estos casos", expuso Saldívar.

Luego explicó que una vez que se identifica el número desde donde llega el spam o las ofertas, la Sedeco abre un expediente y notifica a la empresa –ya sea casa comercial, de créditos, o telefónica– para que elimine el número de la persona que llamó a quejarse, de su base de datos. A su vez, Juan Almirón, también de Sedeco, dijo que existen escalas de multa que varía de acuerdo al nivel o grado de infracción. Estas multas van desde 20 a 10 mil jornales.

Después de cerrar el trato, uno de los vendedores clandestinos se animó a dar un consejo al equipo de La Nación: "No tenés que decirle luego su nombre cuando le llamás, porque la gente se asusta y te pregunta de dónde sacaste su número y eso, directo le ofrecés nomás ya lo que querés venderle".

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