Valoró el cumplimiento del calendario de pagos acordado con el Gobierno.

La Cámara de la Indus­tria Química Farma­céutica del Paraguay (Cifarma) manifestó su res­paldo al mecanismo de cesión de deuda impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como una de las herramientas para redu­cir las obligaciones pendien­tes del Estado.

Entre abril y mayo, el Gobierno des­embolsó USD 180 millones al sector. Luis Ávila, direc­tor ejecutivo de Cifarma, explicó a La Nación/Nación Media que la operación plan­teada corresponde a una cesión de deuda, debido a que se trata de compromi­sos ya vencidos. “Cuando la deuda es a vencer, se deno­mina factoraje, pero cuando la deuda ya está vencida, se trata de una cesión de deuda. La herramienta es básica­mente la misma”, aclaró.

Señaló que uno de los princi­pales pedidos realizados por el sector fue que el Gobierno interviniera para negociar condiciones financieras más favorables con los ban­cos. Según explicó, el Ejecu­tivo avanzó en ese sentido mediante el reconocimiento de la deuda como una obligación soberana, lo que reduce el riesgo para las entidades financieras y permite acce­der a tasas más competitivas. “Para nosotros es una herra­mienta útil. Tal vez no para tres años, pero sí para opera­ciones de uno y medio o dos años”, afirmó. También reco­noció que la cesión de deuda no constituye una solución única ni obligatoria para todos los proveedores. “La cesión es una herramienta más. Hay empresas a las que les sirve y otras a las que no. Lo impor­tante es seguir buscando otros mecanismos para reducir la deuda”, indicó.

Cifarma valoró el cum­plimiento del calendario de pagos acordado con el Gobierno. Según Ávila, el Estado desembolsó cerca de USD 100 millones en abril y otros USD 80 millones en mayo para reducir las obliga­ciones pendientes. Además, existe el compromiso de des­tinar otros USD 70 millones entre junio y julio, lo que per­mitiría continuar disminu­yendo el volumen de deuda acumulada. El gremio destacó que se analizan otras alterna­tivas complementarias, entre ellas emisiones de bonos, ampliaciones presupuesta­rias y reprogramaciones de recursos para cancelar el saldo pendiente. “El Gobierno está demostrando interés en resol­ver el problema. Los pagos se están realizando y eso genera confianza para seguir traba­jando juntos en nuevas solu­ciones”, concluyó.

Los gremios del sector de la construcción vial se oponen a la pro­puesta del Estado de saldar la deuda con el sector a través de la herramienta conocida como factoraje, es decir, cediendo pasivos a los bancos.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) emi­tió un comunicado en el cual fundamenta su posición. “Traslada el costo al sector privado: las empresas que ya cumplieron deben asu­mir descuentos financieros para cobrar lo que el Estado les debe”, indica uno de los puntos del texto.

“Obliga a renunciar a derechos contractuales: para acceder al cobro, se exige resignar intereses por mora que están establecidos en los contratos y en la ley”, menciona en otro ítem. Finalmente, la Cámara “reafirma su disposición al diá­logo para construir alternativas justas y equilibradas”.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) avanza en la reglamentación del uso de las reservas facultativas de las empresas con el objetivo de evitar distorsiones en la aplicación del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), tributo que grava la distribución de ganancias.

Durante una reunión organizada por la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), el director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, explicó a empresarios los alcances de la propuesta que actualmente se encuentran en etapa de análisis junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El titular de la DNIT insistió en que la intención no es crear un nuevo impuesto ni gravar las reservas acumuladas por las empresas, sino establecer reglas más claras sobre su utilización. “Nosotros no vamos a gravar las reservas. Lo que vamos a hacer es reglamentar su uso para que exista mayor claridad y transparencia”, sostuvo.

Según explicó, la preocupación de la administración tributaria surge porque algunas empresas estarían utilizando vacíos normativos para mantener utilidades en reservas durante largos períodos y evitar el pago del IDU cuando corresponda.

Orué señaló que esta situación genera una competencia desigual entre empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y otras que se benefician de interpretaciones que les permiten diferir indefinidamente el impuesto.

“Hay empresas que pagan correctamente y otras que utilizan figuras que terminan generando ventajas injustas. Lo que buscamos es corregir esas distorsiones”, afirmó.

El director recordó que desde la reforma tributaria implementada en 2020 ya no existe distinción entre accionistas nacionales o extranjeros, sino entre residentes y no residentes. Cuando las utilidades se distribuyen a residentes se aplica una tasa del 8 %, mientras que para no residentes la carga llega al 15 %.

Durante la exposición, Orué presentó datos que muestran un crecimiento significativo de las reservas acumuladas en las empresas. Según indicó, al cierre de 2024 las reservas alcanzaron aproximadamente USD 69.000 millones, concentrándose principalmente en los sectores de comercio, industrias manufactureras y actividades agropecuarias.

Asimismo, reveló que las diez empresas con mayores reservas acumulan cerca de USD 2.500 millones, aunque aclaró que la DNIT no divulgará los nombres de las firmas involucradas.

Desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) valoraron la apertura al diálogo y destacaron que la reunión permitió aclarar dudas sobre el alcance de la futura reglamentación. El presidente del gremio, Gustavo Egüéz, señaló que el encuentro se desarrolló en un clima de cooperación y con el objetivo de fortalecer la formalización de la economía.

“Buscamos actuar de manera propositiva con las autoridades nacionales y contribuir al fortalecimiento de la economía paraguaya”, expresó.

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La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) emitió un comunicado en el cual fundamenta su posición. “Traslada el costo al sector privado: las empresas que ya cumplieron deben asumir descuentos financieros para cobrar lo que el Estado les debe”, indica uno de los puntos del texto.

“Obliga a renunciar a derechos contractuales: para acceder al cobro, se exige resignar intereses por mora que están establecidos en los contratos y en la ley”, menciona en otro ítem. Finalmente, la Cámara “reafirma su disposición al diálogo para construir alternativas justas y equilibradas”.

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Por su parte, Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), se expidió en términos similares, lamentando que tras el tiempo transcurrido todavía no accedan al dinero que les corresponde. “Después de todo este tiempo no tenemos una solución definitiva que no sea la que les dije antes, que verdaderamente se vea la forma de ampliar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y que se vaya pagando mensualmente lo más posible para que la deuda se vaya reduciendo en los siguientes meses”, dijo a la 1020 AM.

Las empresas vialeras reclamaban el pago de una deuda de USD 250 millones desde meses atrás. En abril, el Gobierno desembolsó la suma de USD 100 millones, con lo que el pasivo se redujo a USD 150 millones. A la par, las empresas sostienen que hay otros USD 100 millones generados por intereses, cuenta que requiere de una ley para ser honrada.

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Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.

A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.

“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.

El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.

Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.

“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.

El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.

En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.

No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.