Más de 700 familias afectadas por el temporal en Cordillera
Unas 700 familias son las damnificadas en el departamento de Cordillera tras cinco horas de intensas lluvias que ocasionaron el desborde de varios arroyos. Al respecto, el gobernador Hugo Fleitas indicó: “Llegamos a un punto crítico, la gente tuvo que ser rescatada de sus casas para no ahogarse”. El jefe departamental mencionó que harán las evaluaciones necesarias y continuarán con la asistencia a las familias afectadas por el temporal.
Gobierno presentará nueva propuesta de asistencia para comerciantes de frontera del Sur
El comercio de frontera sigue sin el dinamismo deseado con las medidas impuestas por Argentina en el marco de la pandemia del COVID-19, por lo que comerciantes insisten en un plan de asistencia. En ese sentido, la viceministra de Economía, Carmen Marín, dijo que próxima semana se hará la presentación de un proyecto. Agregó que la normativa vigente sobre subsidios para comerciantes es de carácter muy general, que imposibilita una asistencia real a los trabajadores más vulnerables, por lo que tendrán que focalizar la ayuda de manera distinta.
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Indígenas que vivían en precarias condiciones volvieron a sus comunidades
Alrededor de 30 indígenas que se encontraban en situación de calle retornaron a sus respectivas comunidades de origen, tras recibir contención y asistencia por parte de la institución.
Estas personas pertenecientes a los pueblos originarios fueron identificadas por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) durante un trabajo de abordaje en la ciudad de San Lorenzo, informaron desde la institución.
Los mismos pertenecen a comunidades lejanas ubicadas en los departamentos de Caaguazú, Guairá y San Pedro, pero que fueron ubicados en diferentes puntos del departamento Central, viviendo en absoluta precariedad.
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El Indi, tras asistir a estas personas y localizar a sus familiares, facilitó el traslado de las mismas a sus respectivas comunidades de origen, según explicaron en un informe desde la institución.
Este trabajo de abordaje responde al compromiso institucional de velar por el bienestar y la protección de las comunidades indígenas, garantizando el acceso a condiciones de vida dignas y el respeto a sus derechos fundamentales.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Imputan al lince que conducía el auto que fue arrastrado por el raudal en Luque
El agente fiscal Jorge Escobar imputó al policía del Grupo Lince por exposición al peligro en el tránsito terrestre. El uniformado era el conductor del vehículo que fue arrastrado el día de la tragedia que se cobró la vida de una joven madre y su hija de 19 años.
De acuerdo a la investigación realizada por el fiscal Escobar, el conductor del vehículo arrastrado por el raudal en las inmediaciones del Club Valderrama, en Luque, no tenía licencia de conducir y lo solicitó el día después de la tragedia. Es lo que indica un informe de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
El fiscal Escobar es el encargado de investigar la responsabilidad en la muerte de las dos mujeres durante un temporal, mientras que la jueza de la causa es Cecilia Ocampos.
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En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de la madre y su hija.
Vecinos del lugar donde se registró el accidente refieren que la zona es un peligro cuando llueve, aseguran que no hay cartel de señalización y que mucha gente usa dicha vía para salir hacia Asunción.
Reseñan que el auto fue arrastrado a una cuadra de donde se registró, en diciembre pasado, un accidente vial que le costó la vida a 3 jóvenes. “Es una palangana esa zona”, lamentan.
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