El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, formó parte de la comitiva de exautoridades nacionales que participaron del acto de conmemoración por el 181 aniversario de creación del Regimiento Escolta Presidencial y Comando en Jefe.

“Recordamos 181 años de historia del Regimiento Escolta Presidencial, símbolo de disciplina, honor, lealtad y servicio a la Patria. Mi respeto y admiración a quienes día a día entregan su vida al resguardo de nuestras instituciones y autoridades", indicó el titular del Partido Colorado a través de redes sociales, invitado al evento en su carácter de expresidente de la República.

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También acudieron a la ceremonia encabezada por el jefe de Estado, Santiago Peña, el titular de Diputados, Raúl Latorre; la primera dama Leticia Ocampos, el también exmandatario Nicanor Duarte Frutos, los exvicepresidentes de la República, Juan Afara (actual senador) y Luis Alberto Castiglioni.

El Regimiento Escolta Presidencial fue creado el 15 junio de 1844, durante el gobierno del primer presidente constitucional de la República, Carlos Antonio López. Registró varias denominaciones hasta que por decreto del Poder Ejecutivo n.º 1039, de fecha 26 de noviembre del año 2003, se le restituye la denominación de Regimiento Escolta Presidencial, a cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación.

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La tarea encomendada a la unidad militar es proporcionar seguridad al presidente de la República, al vicepresidente, y a sus respectivas familias, así como a los expresidentes y mandatarios extranjeros en visita oficial en el país.

Sus miembros están preparados para realizar operaciones contra terroristas, que incluyen el rescate de rehenes. La organización, instrucción y equipamiento del Regimiento Escolta Presidencial se enmarcan en las tácticas operacionales de planeamiento y conducción de operaciones militares especiales de protección y seguridad del Estado.

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que tra­ben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.

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El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.

Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.

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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.

“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.

El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.

Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.

Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.

Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.

“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.

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Desde que tomó la causa, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con distintas instituciones locales (y extranjeras) para determinar que Horacio Cartes fue víctima de una vil y despiadada persecución política tras la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. El juez Rodrigo Estigarribia debe estudiar si corresponde hacer lugar al pedido del Ministerio Público.

Durante los años que duró la investiga­ción, el Ministerio Público pudo recolectar 26 elementos de convicción que ratifican la inexisten­cia de los hechos punibles de lavado de dinero, contra­bando, enriquecimiento ilí­cito y evasión de impues­tos. Supuestos hechos que en 2022 fueron denuncia­dos de forma infundada y sin sustento por Arnaldo Giuzzio, exministro de Mario Abdo Benítez, contra el expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes.

Uno de los elementos arri­mados a la carpeta fiscal fue el informe de la Direc­ción Nacional de Adua­nas sobre la existencia de sumarios administrativos llevados en contra de las empresas Tabesa, Palermo SA y Agrotabacalera SA. Ante este pedido la refe­rida institución contestó de forma categórica que las citadas empresas no cuen­tan con ninguna multa ni procesos de investigación en los últimos 10 años.

Del mismo modo, se dejó constancia que el Ministe­rio Público realizó varias reuniones con integrantes de la Seprelad, la Dirección Nacional de Aduanas, la Sub­secretaría de Estado de Tri­butación sobre los diferen­tes pedidos de informe que se solicitó sobre los denuncia­dos. Las citadas instituciones elevaron sus informes men­cionados que no se tenía nin­guna irregularidad sobre el expresidente Cartes así como las empresas mencionadas.

A los elementos citados, los fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor pidieron archivar la denun­cia infundada que presentó en su momento el exministro del Interior.

En un informe de las auto­ridades del Brasil que está agregado a la carpeta fiscal y se produjo por el pedido de cooperación que soli­citó el Ministerio Publico de nuestro país a la Justicia del vecino país acerca de cau­sas donde se pudieron reali­zar incautaciones de cigarri­llos de origen paraguayo. El oficio del vecino país refiere que “se informa que no se han identificado a perso­nas o estructuras crimina­les paraguayas”, por lo que desnuda la mentira que pre­tendió instalar el exministro del Interior de la era Abdo.

En cuanto a las declaracio­nes juradas de Horacio Car­tes, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la República”, describe el documento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimo­nio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandatario, supuestamente realizó prés­tamos personales que aumen­taron 5 veces más de lo regis­trado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la can­tidad de G. 1.728.512.081.596. Todo esto quedó descartado con documentaciones.