Hoy se reunieron la Ministra de Justicia Cecilia Pérez y la Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez para tratar sobre lo ocurrido en la Penitenciaría de PJC y la investigación de la masiva fuga de reos. La gran incógnita sigue siendo el contenido de los videos del circuito cerrado.
“La Fiscalía tiene los videos del circuito cerrado y están trabajando sobre eso”, informó Cecilia Peréz, Ministra de Justicia a Universo 970 AM. “Cuando ellos hayan terminado su trabajo van a darnos una copia probablemente”, agregó.
Pérez volvió a hablar de falta de comunicación con la Fiscalía, pero que ahora se está trabajando conjuntamente con intención de que el caso se resuelva.
“No hubo problemas de luz. Si hay responsabilidades acá, nosotros vamos a colaborar para que esas responsabilidades se determinen”, destacó y anunció que con el Comandante de la Policía acordaron acciones puntuales para la próxima semana.
“Nosotros tenemos que avanzar en la investigación, en segundo lugar ver la situación de las personas recapturadas”, finalizó.
“Los elementos recabados constituyen indicios o evidencias que hacen a la pesquisa y deben ser sometidas a un análisis, así también los datos recabados deben ser cotejados”, señalaron en el Facebook del Ministerio Público. “Se seguirán realizando todos los actos investigativos que fueran necesarios para determinar acabadamente a quienes sean responsables”.
Sin ver las imágenes
“Tanto se cuestiona y se quiere saber el contenido de las filmaciones, pero nosotros no accedimos a las imágenes. Eso está a cargo del equipo técnico del departamento de Lucha contra el Crimen Organizado. Nosotros no podemos ver hasta que el técnico termine su trabajo”, declaró -a Universo 970 AM- la fiscala Reinalda Palacios. El caso estuvo a su cargo, pero actualmente se ocupan los agentes del Ministerio Público Irene Álvarez, Fabiola Molas (ambas titulares), Omar Legal, Juan Olmedo y Federico Delfino.
En la investigación de la fuga de los 75 internos de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, según explicaciones de Palacios, las primeras medidas tuvieron que ver con la incautación de los aparatos de circuito cerrado de la penitenciaría, con una autorización judicial, para la extracción de los datos.