El pasado 7 de febrero, en la última audiencia previa a la sentencia en la demanda de Arrom y Martí, el Estado paraguayo tenía sólo dos testigos: el fiscal Edgar Sánchez y el ex titular del Ministerio Público, Oscar Latorre. Este último ejerció el cargo máximo de la Fiscalía en los años en que se produjeron los hechos denunciados ante la corte internacional.

La exposición del ex Fiscal General ante los ocho magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José (Costa Rica) fue clave para que los jueces tuvieran una información más acabada de la actuación que tuvo el Estado paraguayo en aquellos sucesos ocurridos en febrero de 2002.

En aquella oportunidad, Latorre fue interrogado tanto por la defensa de los intereses de Paraguay como por los demandantes. Había asegurado que el Ministerio Público trabajaba de manera independiente y sin intervención política, un argumento que habían señalado los abogados de Juan Arrom y Anuncio Martí, de que la desaparición forzosa era un asunto político.

Otros de los elementos mencionados por Latorre en aquella exposición daban cuenta que muchos hechos confusos llamaron la atención en su momento. Como por ejemplo, que la persona que tomó la declaración de los supuestos torturados, una vez liberados de la casa en Villa Elisa, había sido una secretaria del Partido Patria Libre.

Asimismo, Latorre expuso que Marcos Álvarez, ex dirigente del Mopoco fue el testigo clave de la Fiscalía en el caso. El mismo recibió un sobre que Juan Arrom solicitó que le guarde ya que contenía US$ 350 mil, que sería parte de lo cobrado por el rescate de la señora María Edith Bordón.

Recordó asimismo que la defensa de Arrom y Martí alegaba que con la privación de libertad, los verdugos en verdad buscaban apropiarse del dinero del rescate de la señora María Edith Bordón, pero la mujer había recuperado su libertad antes de que se produjera el hecho denunciado ante la Corte interamericana.

De igual forma, Latorre aseveró que el secuestro de María Edith fue ejecutado por Arrom y Martí y que la planificación tuvo una activa participación de elementos de las FARC, como es el caso de Rodrigo Granda, quien asesoró en la organización del plagio.

“Puedo asegurarle a esta Corte Internacional que toda la investigación se dio de manera objetiva, pero entiendo que exista mucha confusión sobre todo el caso”, aseguró aquella tarde en la sala de sesiones de la Corte, en San José.

Tras la audiencia, la última antes de que el proceso entrara en su fase de sentencia, todos coincidieron que la presentación del ex titular del Ministerio Público fue clave para que los jueces tuvieron una visión –de primera mano- de los hechos que supuestamente ocurrieron durante la privación forzosa de Arrom y Martí.

El ex fiscal general del Estado habló con la emisora 970 AM, donde expresó su felicidad por el fallo de la Corte Interamericana de DDHH. “Hoy todo eso, recompensa más la felicidad que nos produce la Corte. El triunfo es de todos los paraguayos”, precisó Latorre.

Recordó que durante los años en que se produjeron los hechos denunciados por Arrom y Martí sufrió todo tipo de críticas y burlas. “El tema lo sentí a través de mis hijos. Entre burlas y comentarios me hacían sentir impotente”, aseguró Latorre.

Ratificó que el caso que llegó ante los tribunales en la capital costarricense “no se trataba solo de un simple secuestro, fue mucho más que eso. Nos masacraron con mentiras”, destacó Latorre a la citada emisora.

Con el fallo dado a conocer en la fecha, el Estado paraguayo no pagará un solo guaraní a los demandantes, atendiendo a que no halló responsabilidad en la violación de los derechos contemplados en la Convención sobre DDHH.