Abdo contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deu­das con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y far­macéuticas corresponden a su administración. Así, vol­vió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la cre­dibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Para­guay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emer­gencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irre­gularidades en la ejecución de esos fondos. Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denun­ciaban compras fallidas de insumos médicos, irregula­ridades en procesos licitato­rios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapa­bocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, par­ticularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kiló­metros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Crea­tec SAE, tuvieron una acu­mulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su mani­festación patrimonial ante la Contraloría. Informes publi­cados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para bene­ficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproxima­damente USD 600 millo­nes con proveedores del Estado, incluyendo farma­céuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente trans­parentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reor­denar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deu­das adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incre­mento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados pro­porcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Bení­tez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situa­ción del país, los datos de su ges­tión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tie­nen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

El ministro de la Senad dijo que existen datos que exponen una suerte de complicidad y comprometen seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.

“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior”, dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, auto­ridades de alto rango, quie­nes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal. Rachid se refi­rió a la publicación periodís­tica de la Unidad de Inves­tigación de Nación Media, que hace referencia al trá­fico de cocaína que desarro­lló la estructura criminal de Marset durante la adminis­tración abdista.

La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sen­sitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, reve­lan datos que exponen una suerte de complicidad y com­promete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estruc­tura criminal del capo narco.

En ese entonces, las autori­dades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales confor­mado por empresarios aso­ciados a Marset para el envío de cocaína desde el país.

“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros repre­sentamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.

El mismo informe de inteli­gencia que inició en noviem­bre del 2019 hace referencia a los datos que se habían reca­bado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedi­cado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran envia­das en contenedores desde los puertos.

“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Mar­set vaya a aportar en la inves­tigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.

En Asunción la disputa será entre Camilo Pérez y Arnaldo Samaniego; el postulante del abdista Arnoldo Wiens descabalgó, lo que relega en la capital del país al movimiento de Abdo Benítez.

En conferencia de prensa, los precan­didatos a la inten­dencia de Asunción, el sena­dor Arnaldo Samaniego de Causa y Fuerza Republicana, y Daniel Centurión del movi­miento abdista Colorado Añe­tete, anunciaron ayer que lle­garon a un acuerdo para que el primero encabece la can­didatura única de la disiden­cia colorada para hacer frente al oficialismo, que postula a Camilo Pérez para las inter­nas del domingo 7 de junio. El diputado señaló que tra­bajará de cerca con Sama­niego en las internas parti­darias “para hacer frente” al oficialismo.

El desplazamiento de Centu­rión expone una pérdida de anclaje político del abdismo en Asunción, lo cual supone un fuerte revés para las aspiracio­nes presidenciales de Arnoldo Wiens. La imposibilidad de sostener una candidatura dentro de la disidencia no solo implica una derrota táctica, sino un síntoma de debilita­miento estructural del movi­miento que responde al expre­sidente Mario Abdo Benítez.

La irrupción de un postu­lante por fuera del abdismo, devenido del clan Samaniego como figura de consenso, evi­dencia que el movimiento dejó de ser eje articulador y pasó a ser en Asunción un actor más dentro de una coa­lición que se reorganiza sin su conducción. En térmi­nos políticos, esto reduce su capacidad de negociación, le quita gravitación en la capi­tal y lo obliga a replegarse en un escenario donde otros liderazgos, bajo la presión del “efecto Camilo”, imponen las reglas.

La consultora y analista Ati Snead manifestó que mediante una encuesta se logró identificar que la figura del aspirante a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, representa para los asun­cenos la esperanza, cambio, buena gestión y experien­cia; frente a sus adversarios de la disidencia, el diputado Daniel Centurión y el sena­dor Arnaldo Samaniego, quienes son vinculados a la corrupción.

Camilo Pérez lanza su campaña hoy en el Club Coronel Pablo Rojas, en el barrio Republi­cano, con acto masivo y show popular.

Los organizadores mencionan que van a reunir a 48 candida­tos a concejales, 40 presidentes de seccionales de la capital del país y a líderes del movimiento oficialista Honor Colorado. Se apunta a una campaña cerca de la gente y con fuerte despliegue en barrios.

Cuando la Fiscalía imputó al extitular del MOPC Arnoldo Wiens la disidencia acusaba a la Justicia de estar sometida al poder político. Ahora se quedan atrapados en su propia incongruencia.

El debate volvió a basarse, como siempre lo vienen haciendo los jerarcas del abdismo, sobre el relato polí­tico, antes que el contenido jurídico. La resolución del juez Osmar Legal sobre el caso del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens no absolvió a nadie ni cerró la causa, sino que señaló defectos técnicos en la calificación penal.

Es decir, el magistrado pidió a la Fiscalía que adecue la imputación para que exista coherencia entre los hechos y el tipo penal invocado. Ese es un trámite procesal pre­visto en la ley, no una declara­ción de inocencia ni una cons­piración judicial. Sin embargo, sectores de la disidencia colo­rada y de la oposición (donde hay que incluir a medios de comunicación afines al expre­sidente Abdo Benítez) reaccio­naron como si se tratara de un fallo de fondo.

Y es aquí donde aparecen las incoherencias y las contradicciones a las que nos tienen acostumbrados los disidentes colorados y la oposi­ción: cuando una causa avanza, hablan de “justicia sometida”; cuando el juez exige precisión técnica al Ministerio Público, el argumento cambia o directa­mente desaparece. La narrativa del “cartismo maneja la Justi­cia” se debilita cuando la propia dinámica del proceso muestra controles internos. Un juez que devuelve una imputación para que sea corregida no está blin­dando a un acusado, está obli­gando a la Fiscalía a hacer mejor su trabajo, algo que fortalece –no debilita– el debido proceso.

Según el magistrado, otorgó el trámite de oposición conforme al artículo 314 del Código Pro­cesal Penal, argumentando que los hechos atribuidos no están correctamente encua­drados dentro de los tipos penales planteados por el Ministerio Público.

“El tipo penal por el cual el juz­gado no se siente satisfecho con el estándar descripto es el 159 (guarda relación con la impu­tación por daño a obras cons­truidas). Ese es el tipo penal que a criterio del juzgado debe ser corregido, pero es una deci­sión del titular de la acción si van a persistir con dicha argu­mentación, pero es el trabajo del juzgado hacer las correccio­nes como garante del proceso”, dijo el juez. Con la providencia del juez Osmar Legal se puede señalar que la Fiscalía tiene diez días para subsanar los pun­tos observados, lo que demues­tra que el caso sigue abierto.

El juzgado incluso podría admitir nuevamente la imputación una vez ajustada, confirmando que se trata de una cuestión de téc­nica jurídica y no de impunidad. El problema para los colorados disidentes es político antes que legal. Al instalar denun­cias categóricas de manipula­ción judicial, generan expecta­tivas de derrumbe inmediato del adversario. Cuando la rea­lidad procesal es más compleja, el discurso se vuelve insoste­nible. Esa sobreactuación ter­mina erosionando su propia credibilidad ante la opinión pública.

No existen elementos que permitan suponer un perjuicio patrimonial.

El juez penal de garantías, Osmar Legal, fijó para el 16 de marzo la audiencia preliminar en la que se definirá si se hace lugar al sobreseimiento defini­tivo solicitado a favor del exmi­nistro del MOPC, Ramón Jimé­nez Gaona, y la exviceministra Marta Benítez, en el marco del caso Metrobús. El magistrado citó a ambos exfuncionarios al recibir el requerimiento del Ministerio Público, siguiendo el proceso ordinario estable­cido para este tipo de casos.

La Fiscalía solicitó el sobresei­miento definitivo de Jiménez Gaona al concluir que no existen elementos que permitan supo­ner un perjuicio patrimonial. Según el informe de los fisca­les Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, la investi­gación determinó que no hubo malversación ni pagos por obras no ejecutadas. Además, desta­caron la existencia de un 40 % de avance físico, la validación técnica del proyecto y el res­paldo de fiscalizadores inter­nacionales y del Banco Intera­mericano de Desarrollo (BID).

El requerimiento fiscal enfa­tiza que la evidencia física y documental demuestra una correspondencia estricta entre las obras certificadas y los pagos realizados durante dicha gestión. Finalmente, la Fiscalía señaló que es impera­tivo distinguir entre un pro­yecto inconcluso y la existencia de un perjuicio penal.