El ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, se mostró en abierta pulseada contra los senadores que “postergan el aumento” para los docentes. Dijo que si no se aprueba el incremento del 16%, él personalmente acompañará las movilizaciones contra los legisladores.
Ya no hay espacio para las conjeturas. La pugna entre el titular de la cartera educativa y los senadores es abierta. Hoy se produjo un nuevo episodio que agrava el impasse entre el secretario de Estado y los legisladores.
Según Petta, los senadores dilatan el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Presupuesto para hacer efectivo este incremento y puedan cobrar los maestros en el mes de abril, porque lo que buscan es su destitución.
“¿Por qué no les dan a nuestros docentes un 16% de aumento y postergan tanto algo tan sencillo”, cuestionó Petta, quien recordó que conoce cómo es el manejo legislativo porque fue parlamentario. “Yo fui senador y cuando hay voluntad se trata en media hora este tema. De urgencia se pasa a Diputados y se aprueba”, aseguró a los medios este lunes.
Para el secretario de Estado, esta pugna tiene un objetivo claro. “Están queriendo llevar esto a que haya un gran paro nacional y que se le pida la renuncia al ministro. Pero quiero decir que yo voy acompañar a mis docentes si no hay el aumento del 16%, les voy a acompañar a cada uno a parar las instituciones por irresponsabilidad de los senadores”, lanzó Petta.
La Cámara Alta debe tratar en su sesión del 4 de abril los artículos que hoy hacen imposible que los docentes reciban el aumento del 16%; hoy está supeditado a las evaluaciones y las capacitaciones previstas. El aumento supone una erogación de 110 millones de dólares.
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Giuzzio sufre revés judicial y Vinicius declarará en juicio
El juicio oral prosigue este miércoles a las 8:00 de la mañana.
El exministro del Interior del gobierno de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, quien está siendo juzgado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, sufrió un nuevo revés judicial. La defensa del acusado intentó evitar a toda costa que Espíndola Marques, considerado un “pez gordo” del narcotráfico, declare el miércoles en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete, rechazó la pretensión de Giuzzio de impedir la declaración del testigo, quien se encuentra detenido en Brasil.
La defensa del acusado sostuvo que no correspondía recibir el testimonio en la audiencia oral todavía, argumentando que aún no se han expuesto los mensajes del teléfono celular de Lindomar Reges Furtado, condenado a 37 años de cárcel.
Sin embargo, los jueces de sentencia determinaron que Espíndola Marques debe declarar. Añadieron que, si la defensa necesita interrogarlo nuevamente tras la exhibición de los mensajes de Reges Furtado, se solicitará una nueva comparecencia. Ante la resolución del colegiado, Giuzzio se mostró muy preocupado, ya que este testimonio podría complicar su escenario jurídico en el presente juicio oral y público. Las partes están convocadas nuevamente para este miércoles a las 8:00 de la mañana, momento en que el presunto narcotraficante Marcus Vinicius deberá declarar ante el tribunal.
VACACIONES
Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a finales de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vinicius.
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Los muertos que se asustan del degollado
- POR ROSSANA ESCOBAR M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
En otro intento desesperado por seguir atacando al Gobierno, los medios abdistas iniciaron una furibunda campaña de victimización acusando que son “atacados” por una cuenta en redes sociales, replicados por una agencia de publicidad colombiana.
Ufanándose de “prensa libre”, aunque muy bien identificados con la oposición y el abdismo, varios periodistas le siguieron la corriente al exincendiario de la Casa de los Colorados, conocido persecutor a un sector del partido de Gobierno hoy devenido investigador del diario Abc Color Leonardo Gómez Berniga.
El nuevo relato diseminado con fuerza, en medio de una fuerte crisis que afrontan los dueños del diario Abc Color cuyo grupo empresarial está muy debilitado por los procesos judiciales de lavado de dinero que sacude al banco de la familia, busca convencer que, por sus críticas, “sufren” todo tipo de ataques junto con otros miembros de empresas periodísticas aliadas.
Abc Color y sus aliados calzan la frase de los muertos que se asustan de los degollados. Alineados al gobierno de Mario Abdo Benítez medios como Abc Color, Última Hora, etc., fueron cómplices y sus periodistas estuvieron muy involucrados en la campaña de persecución más grande y costosa contra un sector del Partido Colorado de los últimos tiempos, financiada con el convenio entre la desaparecida agencia corrupta Usaid y el gobierno de Mario Abdo Benítez de USD 58 millones y 5 % de aporte local.
Las redes estaban minadas de escraches selectivos. Se armó una coalición de grandes corporaciones de oenegés inyectadas con miles de millones de dólares articuladas por políticos opositores que usurparon la representación de la sociedad civil para perseguir a sus adversarios.
Campañas publicitarias que demandaron millonarios presupuestos sostenían esta guerra contra rivales muy bien seleccionados y los periodistas, influencers de estos grupos empresariales endulzados con diplomas de la transparencia y algunas contrataciones extras, hacían de voceros de oenegés que infundían rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, mientras ocultaban jugosas facturaciones mensuales.
Algunas facturas filtradas en su momento revelaron nombres de periodistas amigos de la red de oenegeros, que cobraron por las famosas charlas, cursos, investigaciones direccionadas a un sector específico. Sin embargo, en las planillas de gastos aparecen millonarios recursos destinados a agencias de publicidad, comunicadores, periodistas cuyos prestadores de servicios, hasta hoy día son verdadero misterio.
La rendición de cuentas de todos los gastos de campañas publicitarias sigue siendo un secreto muy bien guardado. Aunque vale subrayar que han saltado nombres de periodistas, influencers, activistas identificados con el abdismo abiertamente y que ahora se asustan de una supuesta campaña sucia.
El nombre de Leonardo Gómez Berniga aparece en uno de los contratos repartidos por el CIRD para una iniciativa de transparencia y control sobre reconocimiento facial por valor de G. 100 millones. Es un claro ejemplo de cómo operaron con la plata de Usaid, el devenido periodista investigador de Abc Color es el mismo ensañado contra un grupo del Partido Colorado, propulsor de campañas de odio como “ANR Nunca Más”, muy bien financiado en el paquete de lo que fue el convenio de la persecución más mediatizada de los últimos tiempos.
Cobraron millonarias sumas de dinero bajo conceptos prometedores que plantean la solución a todos los problemas de corrupción del país, pero en la práctica no existen resultados del trabajo que hicieron para fortalecer la transparencia, el acceso a la justicia, ni la disminución de la impunidad.
Ahora los medios abdistas y sus periodistas instrumentados tratan de instalar una campaña de persecución, mientras siguen manteniendo un severo silencio sobre los millonarios fondos repartidos vía oenegés financiadas en el gobierno anterior por la agencia declarada corrupta el año pasado por los Estados Unidos.
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Abdo Benítez dejó cuantiosos clavos en su desastrosa gestión
Abdo contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos. Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
20 MIL MUERTOS EN PANDEMIA
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SAE, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante la Contraloría. Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
ELEVADAS DEUDAS
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
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Jalil Rachid sobre Marset: cuando él hable, “como moscas caerán”
El ministro de la Senad dijo que existen datos que exponen una suerte de complicidad y comprometen seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior”, dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal. Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.
“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.