Peter J. Henning

En el 2015, The New York Times informó que algunos compradores de condominios en la llamada “fila de los multimillonarios” de Manhattan estaban usando sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por su sigla en inglés) para ocultar la identidad de los dueños de las propiedades. En el 2016, el programa “60 Minutes” captó con cámaras escondidas a abogados que ofrecían ayuda para mover fondos con orígenes cuestionables a través de un laberinto de empresas pantalla.

¿Cómo puede ser que un país que ataca el financiamiento de terroristas y a los bancos que evaden sanciones económicas también permita la creación de entidades anónimas que pueden ocultar la verdadera fuente de los fondos?

En Estados Unidos, el uso de las LLC y las empresas pantalla ha sido un problema durante décadas. En el 2006, el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo de vigilancia mundial que fundaron los gobiernos para combatir el lavado de dinero, hizo notar que Estados Unidos tenía “deficiencias significativas” en su cumplimiento de las normas en contra del lavado de dinero. Un informe que publicó ese año la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos señaló que “los funcionarios federales encargados de la procuración de justicia están preocupados porque los criminales cada vez están usando más empresas pantalla estadounidenses para ocultar sus identidades y sus actividades ilícitas”.

TRANSPARENCIA CORPORATIVA

Un proyecto de ley que aprobó en el mes de junio el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes busca que Estados Unidos cumpla con las normas en contra del lavado de dinero. La legislación les exigirá a los beneficiarios de las empresas pantalla que se reporten con el gobierno federal. Un beneficiario se define como cualquier persona que “ejerza control considerable” sobre la entidad, que posea más del 25% de esta o que “reciba considerables beneficios económicos” de la LLC o la sociedad.

La legislación, llamada Ley de Transparencia Corporativa del 2019, una propuesta de Carolyn B. Maloney, representante demócrata de Nueva York, exigiría que cada solicitante de una LLC o una empresa pantalla informe a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN por su acrónimo en inglés) el nombre, la fecha de nacimiento y la residencia actual de todos los beneficiarios. La legislación también exigiría una actualización anual de los nombres de los dueños de la entidad.

En un inicio, la legislación solo sería aplicable a las organizaciones recién formadas, pero dos años después de haberse adoptado las nuevas reglas, el Departamento del Tesoro podría exigir a las LLC y a las empresas pantalla existentes que divulgaran información similar de identificación. Esto le serviría al gobierno para determinar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que ya existen. Esta ley también les prohibiría a las empresas emitir acciones “al portador”, lo que quiere decir que la identidad del dueño verdadero no se revela porque no hay información del propietario en el certificado de las acciones.

NO DISPONIBLE

Sin embargo, la información sobre los dueños verdaderos no estaría disponible al público. La FinCEN podría divulgar la información solo después de recibir una solicitud formal de una agencia de procuración de justicia a nivel local, estatal, tribal o federal o una solicitud de otro país. Esto significa que la información del propietario no estaría disponible al público para identificar quién está en realidad detrás de una inversión.

Si se da “información falsa o fraudulenta del beneficiario” o no se actualiza la información, habría una sanción civil de 10.000 dólares o una multa y hasta tres años de encarcelamiento por una violación penal.

No obstante, un incumplimiento por negligencia no incurriría en sanciones civiles ni penales. Esto podría significar que cualquiera que no brinde información se podría escudar en que fue solo un error, lo cual dificultaría el procesamiento de los infractores.

No es la primera vez que el Congreso ha intentado enfrentar el problema de los propietarios anónimos de empresas pantalla. En varias ocasiones, el ex senador de Michigan Carl Levin presentó una legislación para imponer requisitos similares de divulgación, pero sus esfuerzos fracasaron una y otra vez.

OPOSICIÓN

Una gran parte de la oposición llegó de los estados, los cuales generan ingresos a partir de las LLC y las sociedades que deben pagar por el derecho de constituir una entidad. Además, en algunos estados, estas entidades están sujetas a impuestos anuales, lo que engrosa las arcas estatales.

No sería ninguna sorpresa que varios estados se opongan a la Ley de Transparencia Corporativa. La legislación introduciría al gobierno federal en el funcionamiento interno de las LLC y las sociedades, un área tradicionalmente reservada para los estados, los cuales son responsables del gobierno interno de estas entidades. También exigiría a los estados garantizar que la información de los propietarios sea recabada y presentada ante la FinCEN. Esto podría añadir costos a la constitución de las empresas pantalla y tal vez reduzca los ingresos que generan para los estados.

Hace tres años, el secretario de Estado de Delaware encabezó la oposición en contra de la legislación que exigía la divulgación de los dueños verdaderos de las empresas pantalla por el potencial efecto negativo que tendría en el presupuesto del estado, informó Reuters.

OTRO SECTOR

Otra probable fuente de oposición a la legislación podría ser el sector inmobiliario residencial de gama alta. Las empresas pantalla se han vuelto cada vez más populares entre los compradores extranjeros, quienes quieren ocultar su identidad y el origen de sus fondos.

Estados Unidos se ha rezagado con respecto a otros países al permitir que las empresas pantalla sirvan de fachada para transacciones cuestionables. Es posible que, como sucedió con versiones anteriores, la legislación actual se tope con una barrera en el Capitolio, donde tal vez no haya mucho apoyo para cambiar un sistema que ha resultado ser bastante lucrativo.