Peter J. Henning
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) por lo regular se ponen de acuerdo para promover acciones ante los tribunales; en ocasiones incluso lo hacen el mismo día.
Este trabajo coordinado es muy conveniente para la SEC. Cuando se emite resolución judicial en un procedimiento de carácter penal, el tribunal puede aplicar una doctrina llamada “impedimento colateral”, la cual le permite a la SEC obtener una resolución favorable si ambos procedimientos exhiben afinidades sustanciales.
Sin embargo, que una acción civil esté en curso al mismo tiempo que se examina un procedimiento penal no siempre le conviene al gobierno. Precisamente este es el problema que enfrenta el Departamento de Justicia en el procedimiento en contra de Ramesh Balwani, ex director de Operaciones de Theranos, la desaparecida empresa de análisis sanguíneos.
EL PEDIDO
En marzo del 2018, la SEC promovió acción en contra de Theranos, Balwani y Elizabeth Holmes, ex directora ejecutiva de la empresa, por una estafa de más de 700 millones de dólares que sufrieron algunos inversionistas. Theranos y Holmes llegaron a un acuerdo con gran rapidez. En el caso de Holmes, convino en pagar una multa equivalente a 500.000 dólares y se le prohibió ser funcionaria o consejera de cualquier empresa pública durante diez años. Theranos convino en devolver más de 750 millones de dólares a los inversionistas que había estafado si se concretaba su venta o liquidación y Holmes, en no obtener ganancias de su participación en la empresa. Balwani, en contraste, decidió rebatir las acusaciones de la SEC ante el tribunal.
En junio del 2018, un jurado de acusación autorizó que se presentaran cargos en contra de Holmes y Balwani por haber engañado a inversionistas y pacientes en relación con los problemas de la tecnología de Theranos. En vista de que pronto se procederá a la etapa de intercambio de medios probatorios en el caso de la SEC este año, el Departamento de Justicia solicitó en abril al juez Edward J. Davila, encargado tanto del procedimiento civil como del penal ante el Tribunal Federal de Distrito, que suspendiera dicha etapa en tanto no se resolviera la acción penal.
PRUEBAS Y DECLARACIONES
El motivo de tal petición es que los documentos que los fiscales deben proporcionar a la defensa son menos en las acciones penales. El Departamento de Justicia solo tendrá que presentar el material que desee utilizar durante el juicio, así como cualquier tipo de pruebas “excluyentes de responsabilidad” que tenga en su poder. La defensa no puede solicitar declaraciones de posibles testigos del gobierno ni practicar diligencias para solicitar documentos sin autorización del tribunal.
Las normas aplicables al ofrecimiento de medios probatorios son mucho más amplias en los procedimientos civiles. El apartado número 26 de las normas federales aplicables a los procedimientos civiles estipula que las partes podrán obtener información para el ofrecimiento de pruebas y que “no es necesario que sea admisible como evidencia para que se otorgue su presentación obligatoria”. Balwani puede solicitar declaraciones de posibles testigos, como inversionistas de Theranos, que quizá también ofrezcan testimonio dentro del caso penal. En tal caso, su defensa podría tener una idea de lo que podrían declarar dentro del juicio penal.
CASO LINCOLN SAVINGS & LOAN
El juez Davila permitió que los fiscales federales solicitaran la suspensión del caso de la SEC, pero no aceptó su justificación de que Balwani hacía mal uso de la etapa de ofrecimiento de pruebas del caso civil para poder preparar su caso penal. Como fundamento de su decisión, el juez citó una resolución emitida a mediados de la década de 1990 que involucró a Charles Keating, quien se hizo célebre por su supuesta participación en el escándalo financiero de Lincoln Savings & Loan. En ese caso, el tribunal de apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito declaró que “si no existe perjuicio sustancial de los derechos de las partes involucradas, conforme a nuestra jurisprudencia, son admisibles los procedimientos paralelos simultáneos en el ámbito civil y el penal”.
Puesto que la SEC promovió su acción primero, y los fiscales no solicitaron la suspensión cuando comenzó la acción penal tres meses después, el juez Davila determinó que conceder la suspensión podría coartar los derechos procesales y de ofrecimiento de pruebas de Balwani. El juez subrayó que el caso penal podría declararse juicio nulo si el jurado no logra convenir en condenar o absolver a los acusados, una posibilidad que iría en contra de autorizar la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la etapa de intercambio de pruebas en el caso civil.
QUINTA ENMIENDA
Un interrogante clave en el procedimiento civil será si Balwani invocará el derecho que otorga la Quinta Enmienda a no declarar en contra de uno mismo. La mayoría de los acusados invocan ese derecho para que los fiscales no puedan emplear las declaraciones durante el juicio. Al objetar la moción de suspensión del Departamento de Justicia, Balwani de hecho admitió que quizá deba invocar ese derecho para evitar responder preguntas.
Esa decisión podría resultar problemática para Balwani. La SEC podría citar su renuencia a testificar como prueba de que incurrió en una conducta indebida. No necesariamente demostraría que existió fraude, pero el jurado podría considerarlo durante sus deliberaciones para determinar si el acusado contravino la ley.
Para Balwani, promover el ofrecimiento de pruebas en el procedimiento civil de la SEC parece involucrar beneficios muy superiores al riesgo asumido. Además, si logra concretar un convenio de defensa conjunto con Holmes, lo que indicaría su determinación de presentar un frente común en el caso penal, quizá pueda compartir información del procedimiento civil con los abogados de Holmes. En tal caso, la defensa tendría una ventaja en el procedimiento penal.