ANDREW ROSS SORKIN

Jamie Gamble pasó la mayor parte de su carrera como socio de la firma de abogados Simpson Thacher & Bartlett, entre cuyos clientes están prácticamente todas las empresas importantes de Estados Unidos, como Facebook, General Motors, Google y JP Morgan Chase.

Gamble, quien fue abogado durante mucho tiempo de la gigantesca aseguradora American International Group, trabajó junto con Richard Beattie, el presidente de Simpson Thacher en aquella época, para asesorar a A.I.G. durante la crisis financiera del 2008 y en los años posteriores de litigios.

Desde su jubilación hace casi una década, el abogado ha tenido una epifanía que es tan condenatoria de su vida anterior que es probable que a sus ex socios les dé un patatús.

Gamble ha concluido que los ejecutivos corporativos –la gente que lo contrató y a la que su firma buscaba proteger– “están legalmente obligados a actuar como sociópatas”.

Hace cinco años llegó a esa determinación cuando comenzó a trabajar en una novela que recientemente lo inspiró a redactar un ensayo provocador que esclarece lo que él llama, con base en sus experiencias de primera mano, “una compleja red de horribles” en las corporaciones estadounidenses. Hace poco, compartió un borrador con un pequeño grupo de colegas, en busca de sus comentarios.

“La entidad corporativa está obligada a cuidar solo de sí misma y a definir lo que está bien como lo que genera más dinero”, escribe en su ensayo. “Se acerca bastante a un caso típico de lo que se define como trastorno de personalidad antisocial. Además, las personas corporativas son las más poderosas de nuestro mundo”.

El cambio de actitud de Gamble no será precisamente una revelación para el grupo de inversionistas, políticos e incluso directores ejecutivos que se pronuncian cada vez más a favor de presionar a las empresas a fin de que sean más responsables y se concentren en métricas como la sustentabilidad ambiental y el gobierno corporativo en lugar de solo pensar en maximizar sus ganancias.

UN HITO

Sin embargo, en el mundo de los abogados corporativos –y de los expertos en gobernanza de los consejos de administración, entre quienes está atrayendo atención sin hacer muchos aspavientos– puede que el ensayo de Gamble sea un hito.

No culpa a sus antiguos clientes precisamente. Culpa a las leyes.

Tal vez de manera más significativa, ha concebido una nueva y provocadora regla de manejo empresarial que él cree que arreglará lo que aqueja a las corporaciones estadounidenses, aunque reconoce en su ensayo que esta idea “es probable que parezca insensata a los ejecutivos corporativos y miembros de consejos de administración veteranos”.

A pesar de todo, dice: “A todos los demás quizá les parezca un cambio demasiado pequeño para hacer una gran diferencia”.

La propuesta de Gamble es la siguiente: que las empresas diseñen una serie de reglas éticas como parte de sus estatutos, una estrategia que las expondría potencialmente a demandas de accionistas en caso de que no las cumplan.

Las empresas, sugiere, deberían “adoptar un conjunto de reglas éticas vinculantes aprobadas por los accionistas y que aborden las dimensiones éticas clave de la vida corporativa”, como, por ejemplo:

-“Las relaciones con los empleados”.

-“Las relaciones con las comunidades en las que producen y venden”.

-“Las relaciones con los clientes”.

-“Los efectos en el medioambiente”.

-Y “los efectos en las generaciones futuras”.

Una vez implementadas las reglas, escribe, “cualquier accionista podría demandar al consejo de administración por violar las reglas éticas, así como cualquier accionista puede hoy en día demandar al consejo por violar la regla de maximización”.

Hay algo bastante elegante en el concepto de Gamble.

En la actualidad, las decisiones de los directores corporativos se miden –al menos desde una perspectiva jurídica– con base en si maximizan el valor para los accionistas. Cuando dejan de hacerlo en el corto plazo, los protege la “regla del juicio empresarial” si pueden demostrar que las decisiones que han tomado están orientadas a maximizar el valor en el largo plazo. Puede que sea una simplificación excesiva, pero si se apartan de la búsqueda de ganancias en nombre de otras partes interesadas, los accionistas pueden tener una causa jurídica en su contra. Como parte de sus responsabilidades no se espera que consideren a ninguna otra parte interesada que no sea la empresa.

Añadir un conjunto de principios éticos a los estatutos de una empresa significaría que “la gente encargada de actuar en nombre de la corporación tendría que debatir sobre cómo debería actuar esta e incluir en el debate cómo afectarían esas acciones a otros”, escribe Gamble. “Tendrán que crear consciencia”, agrega.

Su idea no se diferencia mucho de la propuesta de la senadora Elizabeth Warren, contendiente demócrata de Massachusetts a la candidatura presidencial, que comúnmente hace estremecer a toda la comunidad empresarial. El año pasado, Warren propuso que las empresas con más de 1.000 millones de dólares en ingresos anuales tuvieran que obtener un acta constitutiva federal para ser una corporación estadounidense que obligue “a los directores de la empresa a considerar los intereses de todas las partes interesadas de la corporación”.

Todo esto puede sonar razonable, pero siendo justos, le sugerí a Gamble que su propuesta podría conducir a un sinfín de consecuencias involuntarias.

Dado que ya hay un creciente número de campañas quijotescas para reunir votos de accionistas y demandas basadas en poco más que trivialidades, le dije que era probable que su idea enredara a las empresas en litigios interminables (lo cual podría ser bueno para los abogados).

Gamble reconoció la posibilidad, pero también insistió en que “las reglas éticas funcionarán dentro de un sistema existente que es altamente deferente hacia la gerencia”. También argumentó que “para superar la regla del juicio empresarial en el contexto de un caso de ética, el demandante necesitaría demostrar que hubo ‘mala fe’ en términos jurídicos”. “Eso es difícil”, añadió. “Impedirá las demandas frívolas”, aseveró.

POLÍTICAS ÉTICAS AMBIGUAS

Cuando le hice notar que las empresas podrían simplemente establecer políticas éticas ambiguas para evitar demandas, desestimó la idea de que los accionistas, e incluso los miembros del consejo de administración, crearan reglas solo para que se quedaran en el papel.

“Es un error ver los beneficios como algo unilateral”, explicó. “Los miembros del consejo no querrán involucrase en un proceso requerido de formación ética que evidentemente sea un engaño”, concluyó.

Gamble cree que consagrar la ética en los estatutos de las empresas de hecho podría reducir el número de campañas para reunir votos de accionistas y demandas porque, como escribe, “habría una forma de protesta definida (una demanda derivada de la ética) y porque la consideración previa de preocupaciones sociales por parte de la empresa dificultaría que se le retratara como insensible y poco razonable”.

Mencionó que hasta ahora había recibido comentarios en su mayoría positivos, y que algunas personas, entre ellas estudiantes de Derecho de Harvard y Stanford, le habían dicho que la regla de ética se había quedado corta. “Todos reconocieron que la política para lograr que se aprobara una regla como esa sería difícil”, dijo.

Y ¿cuál piensa que será la reacción de sus antiguos clientes? Les ha enviado su ensayo solo a unos cuantos. “La mayoría de mis clientes eran personas inteligentes y consideradas que veían los defectos del sistema económico, así como sus beneficios”, explicó. “Anticipo que muchos estarán en desacuerdo con la idea, pero no creo que ninguno se ofenda”, agregó.

Cuando llamé al actual presidente de Simpson Thacher, William R. Dougherty, se negó a hacer un comentario específico sobre el ensayo de Gamble, y solo dijo que “Jamie era un socio que gozaba de buena reputación y estima”.

UN LLAMADO A ACTUAR

En última instancia, la propuesta de Gamble es un llamado a actuar, a convencer a las empresas para que no se comporten como sociópatas y tengan un poco más de empatía.

“El arreglo que propongo mantiene a las islas privadas de poder tan privadas como siempre”, afirmó. “La única interferencia del gobierno sería para exigirles a los accionistas que establezcan de manera explícita qué tipo de persona quieren que sea su corporación”.