Peter J. Henning

Es rara la ocasión en que los fabricantes de aviones como Boeing enfrentan una investigación penal después de que se estrella alguna de sus naves. No obstante, el otoño pasado un gran jurado de Washington, D. C., emitió una orden para investigar los registros luego del accidente de un 737 Max de Lion Air. Tras el reciente percance de una aeronave de Ethiopian Airlines ocurrido bajo circunstancias similares, el FBI se ha unido a la investigación.

The New York Times describió como “frenético” el impulso de Boeing por desarrollar el 737 Max e informó que procuradores y reguladores están investigando si eso provocó que Boeing “pasara por alto riesgos críticos de seguridad y minimizara la necesidad de capacitar a los pilotos”.

Sin embargo, ¿qué leyes federales penales están revisando los investigadores mientras analizan los registros de Boeing detalladamente? Tanto el Departamento de Justicia como Boeing se han rehusado a ofrecer comentarios sobre la investigación penal.

DECLARACIÓN FALSA

Un estatuto que podrían tomar en cuenta es la ley federal de declaraciones falsas. A grandes rasgos, la ley se usa cuando una empresa brinda información a una agencia federal como la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) para certificar la seguridad de un avión y se considera un crimen si esta da “cualquier tipo de representación o declaración falsas, ficticias o fraudulentas” a una agencia sobre un tema que se encuentre dentro de su jurisdicción.

Los investigadores examinarán si Boeing realizó cualquier tipo de declaración falsa sobre un nuevo sistema de software que se agregó para evitar el riesgo de estancamiento en la serie 737 Max de Boeing. Los investigadores sospechan que hubo datos incorrectos en los sensores de las dos unidades, lo cual pudo haber provocado la falla del sistema, conocido como MCAS (por su sigla en inglés). El director ejecutivo de Boeing señaló que el sistema de vuelo automatizado fue un factor en los dos accidentes.

Boeing también estaba cobrando cargos adicionales por dos funciones de seguridad en sus aviones 737 Max que hubieran podido ayudar a los pilotos a detectar las lecturas erróneas en los sensores y evitar problemas con el software.

NO BASTA LA NEGLIGENCIA

Es probable que los investigadores examinen si Boeing realizó algún testimonio falso sobre las mejoras o si la empresa no divulgó a la FAA posibles problemas de seguridad presentados a falta de esas mejoras. La ley de declaraciones falsas no solo abarca mentiras descaradas, sino también informes en los cuales una persona “falsifica, oculta o encubre” información presentada ante una agencia federal.

El desafío de presentar un cargo de declaración falsa es que el Gobierno debe demostrar que fue hecha “con conocimiento de causa y premeditación”. Esto quiere decir que la negligencia de Boeing no bastará para demostrar una violación.

La investigación penal también podría examinar si Boeing violó una ley adoptada en 2000. La ley considera un crimen falsificar u ocultar un hecho material sobre una parte de una aeronave “con conocimiento de causa y con la intención de defraudar”, o hacer “cualquier tipo de representación materialmente fraudulenta” de una parte.

MULTAS O CONDENAS

La ley sobre el fraude de partes de aeronaves acarrea duras sanciones, entre ellas una multa de 10 millones de dólares por cada violación que cometa una empresa, así como una sentencia que podría consistir en cadena perpetua para individuos que hayan sido acusados, si la parte involucrada fue la “causa cercana” de una falla que dio como resultado la muerte de personas. Una condena también podría dar lugar a un decomiso penal de “cualquier propiedad que se haya constituido, o haya derivado de cualquier ingreso obtenido por la persona, de forma directa o indirecta, como resultado del delito”.

Si hay evidencia de fraude y no solo de declaraciones falsas, el Departamento de Justicia también podría presentar un caso por fraude electrónico. Los procuradores utilizaron esa ley en contra de General Motors por la falla de interruptores de arranque en ciertos modelos que provocaron una serie de muertes, junto con un cargo conforme a la ley de declaraciones falsas. Además, el fabricante de autopartes Takata se declaró culpable de un cargo por fraude electrónico por haber instalado infladores defectuosos en las bolsas de aire.