PETER J. HENNING
La Corte Suprema ha dejado una elección difícil en manos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés): trabajar más rápido o hacer que el Congreso cambie la ley.
El punto en cuestión es el fallo que dio la corte el año pasado en el caso de Kokesh contra la Comisión de Bolsa y Valores. La decisión impuso un período de cinco años para que la agencia buscara el reembolso de cualquier tipo de ganancia ilícita. En este momento, la decisión ya ha dado como resultado la anulación de un caso de soborno en el extranjero porque la SEC se tardó demasiado tiempo en presentar los cargos y ha provocado una demanda para que la agencia devuelva los miles de millones de dólares que ha recuperado en otros casos.
El desafío para la SEC será ver si puede ajustarse a las restricciones sin que estas dificulten su aplicación. Si la agencia no puede hacerlo, tendrá que persuadir al Congreso para que le dé más tiempo con el fin de presentar cargos, y puede que la conducta ilícita subyacente no salga a la luz hasta dentro de unos años.
El 12 de julio, el juez Nicholas G. Garaufis, del Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn, desestimó los cargos civiles en contra de Michael L. Cohen y Vanja Baros, dos ex ejecutivos del fondo de cobertura Och-Ziff Capital Management. Habían sido acusados de sobornar a funcionarios africanos a cambio de hacer negocios.
En enero del 2017, la SEC presentó su caso. Cinco meses más tarde, en el caso de Kokesh, la Corte Suprema decretó que, cuando la comisión busque el reembolso de ganancias ilícitas de un acusado, conforme al estatuto federal de limitaciones, debe presentar los cargos dentro de los cinco años posteriores a la violación.
Desde hace algún tiempo, se ha pensado que el reembolso de ganancias ilícitas no corresponde al estatuto de limitaciones porque se busca recuperar lo que el acusado recibió de forma ilegal. Sin embargo, la corte consideró que ese tipo de reembolsos son una especie de multa y por lo tanto están sujetos al requisito de cinco años.
La SEC no había previsto que la corte decretaría el reembolso de ganancias ilícitas en el caso en contra de Cohen y Baros, y la tomó por sorpresa. La agencia había buscado protegerse de perder el caso por completo al obligar a Cohen a aceptar un “contrato de suministro”, el cual detiene el reloj del estatuto de limitaciones durante un período limitado.
Por desgracia, el acuerdo se diseñó con restricciones y cubría posibles violaciones que surgieran solo de la investigación que involucraba a la Autoridad Libia de Inversiones. Los cargos que presentó después la SEC eran mucho más amplios y casi no estaban relacionados con esa investigación.
La SEC podría responder al caso Kokesh solicitando contratos de suministro más extensos cuando comience a acercarse al límite de cinco años. Los acusados suelen acceder a estos acuerdos con la esperanza de que la SEC decida no darle seguimiento a un caso, o al menos dar la impresión de ser cooperadores. Sin embargo, es probable que los abogados de las personas investigadas se opongan a una exención total si supone un mayor riesgo para sus clientes.
DEMANDA COLECTIVA
La decisión de la Suprema Corte también generó una demanda colectiva en Boston que busca que la SEC reembolse más de 14.000 millones de dólares que pagaron los acusados en un reembolso de ganancias ilícitas por una conducta que se había realizado hacía más de cinco años. El martes, se sostuvo una audiencia para la moción que solicitó la agencia de desechar el caso, y el juez aún no ha dado su fallo. Si la SEC no tiene éxito, podría enfrentar reclamos de numerosos casos para devolver cantidades que recibió por conducta ilícita más allá del periodo de limitaciones.
Una mejor opción para la SEC podría ser pedir al Congreso que extienda el estatuto de limitaciones para el reembolso de ganancias ilícitas. Es común que las conductas ilícitas que involucran problemas de contabilidad y comercio fraudulento, como un esquema Ponzi, salgan a la luz años después de que sucedieron las fechorías. Tal vez cinco años no sea un tiempo suficiente para devolver el dinero de esas violaciones. En otras palabras, el ladrón podría quedarse con lo que robó.
Hay un precedente de una acción del Congreso. En 1989, en el punto más álgido de la crisis de ahorros y préstamos, el Congreso adoptó la Ley de Reforma, Recuperación y Cumplimiento de Instituciones Financieras, la cual extendía el estatuto de limitaciones para crímenes bancarios de cinco a diez años por la complejidad de las investigaciones.
La extensión se puso en práctica en reclamos civiles de fraudes bancarios, lo cual permitió que el Departamento de Justicia obtuviera acuerdos multimillonarios con grandes bancos como JP Morgan y Bank of America por prácticas hipotecarias en los años previos a la crisis financiera del 2008.
Que el Congreso esté dispuesto a dar más tiempo a la SEC para presentar casos es una pregunta abierta, y está claro que Wall Street se opondrá a esa maniobra.
Para que el Congreso cambie la ley, la SEC podría necesitar una situación que demuestre claramente el problema de la limitación de cinco años. Nada motiva más al Capitolio que una historia fascinante de alguien que evita un castigo por un aparente tecnicismo. Sin eso, el cumplimiento de las leyes de títulos requerirá que la SEC responda de una manera más expedita ante un delito, un desafío significativo cuando las violaciones son difíciles de identificar y pueden no salir rápido a la luz.