ANDREW ROSS SORKIN

No han sido pocas las opiniones sobre la fusión propuesta de T-Mobile y Sprint. La única persona que no ha dicho nada es el presidente Trump.

Aunque ha sido estruendoso el silencio poco característico del presidente sobre un acuerdo que podría dar nueva forma a las telecomunicaciones y al panorama de los medios, todos parecen decir lo mismo: se debe obstruir el acuerdo.

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Sin embargo, los que mencionaron el sentido común esta vez podrían estar equivocados, incluyéndome a mí.

Cuando se anunció el acuerdo en abril, la reacción visceral –incluida la mía– fue cuestionar si el acuerdo reduciría la competencia y debería rechazarse. Ese también pareció ser el primer impulso de muchos otros, con una multitud de opiniones que cuestionaban el acuerdo.

Tan solo en The New York Times, hubo una opinión, “Dejar que se fusionen Sprint y T-Mobile es una idea terrible”, y una editorial, “Las promesas inverosímiles de una fusión entre T-Mobile y Sprint”. “Obstruyan la solicitud”, se escribió en The Economist. Randall Stephenson, el director general de AT&T mientras desarrolla su propia fusión que sacude el sector con Time Warner, afirmó en una conferencia de prensa que T-Mobile y Sprint tendrán “un camino difícil que recorrer”.

Tampoco los inversionistas han estado convencidos de que el acuerdo se lleve a cabo, pues recuerdan que el gobierno obstruyó la adquisición de T-Mobile por parte de AT&T porque habría reducido el número de competidores. Incluso apenas hace dos años, los funcionarios de la Comisión Federal de Comunicaciones detuvieron una asociación de T-Mobile y Sprint.

No obstante, existe una teoría alternativa convincente.

El análisis de cientos de páginas de documentos enviados al gobierno por parte de las empresas y las transcripciones de comparecencias frente al Congreso esclarece que pasar de cuatro competidores a tres –AT&T, Verizon y una fusión de T-Mobile y Sprint– no plantearía los problemas que tantos temen.

Todos los libros de texto dirían que menos competidores dan como resultado precios altos. Pero si se autorizara el acuerdo de Sprint y T-Mobile, casi empíricamente crearía, al menos en el corto plazo, más competencia para AT&T y Verizon, no menos.

Todo el supuesto del acuerdo es que, al fusionarse, las dos empresas más débiles del sector podrán desarrollar una importante red 5G, posiblemente incluso con más velocidad que AT&T y Verizon.

Si T-Mobile y Sprint desarrollan esa red, la única forma de hacer funcionar los cálculos del acuerdo sería robar clientes de AT&T y Verizon. La empresa fusionada necesitaría llevarse millones de clientes de los grandes protagonistas. El único modo de hacerlo: bajar los precios. Eso se aplica en especial ahora que empresas como AT&T, gracias a sus nuevas participaciones con Time Warner, podrán ofrecer a los clientes más beneficios, que los clientes de T-Mobile y Sprint no podrán obtener.

Se le cuestionó a John Legere, director general de T-Mobile, sobre la fijación de precios durante su comparecencia ante el Congreso a finales de junio. Él explicó que “tendría todos los incentivos desde una perspectiva económica y empresarial para bajar los precios con el fin de atraer nuevos clientes y aumentar el tráfico para cubrir su capacidad significativamente incrementada y menos costosa”.

Tal vez el comentario más persuasivo vino del director general de Sprint, Marcelo Claure, quien resaltó que poco había cambiado para bien desde que su predecesor, Dan Hesse, compareció ante el Congreso hace siete años y expresó su inquietud acerca de la fusión propuesta de T-Mobile y AT&T.

En ese momento, Claure dijo ante el Congreso que AT&T y Verizon controlaban dos terceras partes del mercado, lo mismo que en la actualidad.

“Y han encontrado cada vez más formas de usar su tamaño para consolidar sus ventajas en vez de competir activamente con otros en el mercado”, señaló. Enfatizó su argumento diciendo que la capitalización de mercado de AT&T y Verizon tienen, cada una, el doble de tamaño que una empresa fusionada T-Mobile-Sprint.

En realidad, el mercado actual de tecnología inalámbrica se bifurca entre los que tienen y los que no tienen. Es casi como si el mercado de telecomunicaciones fuera dos mercados. AT&T y Verizon atienden a los clientes más adinerados y empresariales, y T-Mobile y Sprint atienden a los consumidores que le dan más importancia al precio.

Desde hace mucho tiempo, se ha descrito sobre todo a T-Mobile como un “disidente”, un clásico término antimonopolio para las empresas que mantienen bajos los precios en la industria, como lo ha hecho Southwest Airlines durante tanto tiempo. Desde hace mucho, la preocupación ha sido que la empresa fusionada aumente los precios. Pero, aunque eso suene lógico, es probable que haga lo contrario.

Robert Bork, nominado por el presidente Ronald Reagan como juez de la Suprema Corte en 1987, escribió un libro fundamental, “The Antitrust Paradox”, en el cual argumentaba que era posible que un mercado pasara de cuatro contrincantes a tres, y que subiera la competencia económica.

Desde luego, es posible que una guerra de precios termine con que las tres empresas decidan “racionalizar” su fijación de precios de la misma forma que lo han hecho las grandes aerolíneas. Ese no es un asunto trivial. Pero muchas industrias con tres protagonistas fuertes –en especial una industria que requiere importantes costos de capital– se vuelven más competitivas.

OTROS OBSTÁCULOS

Las inquietudes antimonopolio tampoco son el único obstáculo. Hay otro que podría ser igual de abrumador: el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos. Debido a que T-Mobile es controlada por su matriz alemana, Deutsche Telekom, y Sprint es controlada por el grupo japonés SoftBank, es posible que el comité pueda afirmar que una fusión supone una amenaza para la seguridad nacional. Los legisladores han planteado cuestiones de seguridad acerca de la fusión, aludiendo a vínculos entre SoftBank y el fabricante de dispositivos chino Huawei, que se han considerado una amenaza para la seguridad nacional.

En general, el comité no ha obstaculizado esos acuerdos, pero los aranceles al acero y al aluminio demuestran que el gobierno de Trump no tiene reparos en invocar la seguridad nacional para intervenir en el mundo empresarial.

Y aún está el asunto de la voz que no hemos oído.

Trump nunca se ha cohibido a la hora de opinar públicamente sobre fusiones que acaparan los titulares. Fue un fuerte crítico del vínculo de AT&T con Time Warner, le entusiasmó la adquisición que hizo Disney de 21st Century Fox, y recientemente juzgó duramente la obstrucción gubernamental del acuerdo de Sinclair Broadcasting para comprar Tribune Media (“¡Deplorable!” escribió en Twitter).

Así que el silencio del presidente sobre esta ha provocado preguntas calladas entre un grupo de ejecutivos, banqueros, abogados y cabilderos que han recorrido Washington este verano intentando atraer la atención de reguladores y creadores de políticas: ¿qué piensa en realidad él? Y, a pesar de la insistencia continua de la Casa Blanca en que Trump no participa en la aprobación de esos acuerdos, ¿está ejerciendo alguna influencia tras bambalinas?

No conoceremos la postura del presidente hasta que nos la diga. Pero quizás la voz más importante que hemos oído hasta ahora ha venido del director de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, Makan Delrahim. Se le preguntó directamente en junio sobre cuántas empresas de telecomunicaciones debería haber para tener una industria competitiva.

¿Su respuesta? “No creo que haya ningún número mágico que yo sea lo suficientemente listo para predecir”.

Sin un tuit revelador del presidente, eso es lo más cercano que hemos oído a una postura del gobierno. Y, en este caso, suena a la respuesta correcta.

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