MARY WILLIAMS WALSH

Un fondo de cobertura exige que el caso de bancarrota de Puerto Rico sea rechazado, argumentando que la junta federal de supervisión que administra los asuntos financieros de la isla fue establecida inconstitucionalmente.

En una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San Juan, el fondo de riesgo, Aurelius Capital, apeló a la "cláusula de nombramientos" de la Constitución de los Estados Unidos, que exige que todos los principales funcionarios del gobierno federal sean nombrados por el presidente y luego confirmados por el Senado.

Eso no sucedió en el caso de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Gestión Financiera para Puerto Rico cuando fueron designados para tal efecto, argumentó Aurelius en su moción para dejar sin efecto el procedimiento de quiebra. Los miembros del consejo fueron "escogidos a mano por miembros individuales del Congreso", recordaron, a través de "un intrincado sistema de listas balcanizadas, diseñado para restringir severamente los poderes de nombramiento del presidente".

No hubo ningún proceso de confirmación del Senado, aunque los senadores de ambos partidos estuvieron entre los miembros del Congreso que hicieron recomendaciones el año pasado al presidente Barack Obama para dicho consejo.

Aurelius Capital fue una de las firmas que lucharon contra la Argentina en los tribunales durante años por su incumplimiento de deuda soberana y finalmente logró presionar al gobierno para que pagara.

Un portavoz dijo que los miembros de la Junta de Administración estaban revisando la demanda y no pudieron hacer comentarios.

La junta de supervisión fue establecida el año pasado, cuando Puerto Rico se hundió bajo US$ 123.000 millones de deuda pública y obligaciones de pensiones que se acumularon durante años de endeudamiento para cubrir el déficit presupuestario de la isla. El código de bancarrota federal prohibía a Puerto Rico declararse en quiebra, pero en el 2016 había caído en default y incumpliendo azoradamente con sus obligaciones de pago, sin ninguna manera de refugiarse de los muchos pleitos planteados por sus acreedores.

Después de varias audiencias e incluso de argumentos acelerados ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el Congreso promulgó el año pasado una ley llamada Promesa, que otorga a los territorios insolventes una forma de obtener protección judicial de sus acreedores. El Título III de Promesa, que es similar a la bancarrota municipal, Capítulo 9, le otorga a Puerto Rico el poder de revocar contratos unilateralmente, pero no tiene acceso al Título III sin la autorización de la junta de supervisión.

La ley entró en vigor el verano (boreal) pasado y en los meses que siguieron, los miembros del consejo fueron elegidos. El trabajo comenzó entonces con un plan quinquenal de reforma fiscal y los procedimientos del Título III de Puerto Rico comenzaron en mayo pasado. Se esperaba que fueran lentos y contenciosos incluso antes de que Aurelio Capital desafiara a la junta de supervisión. Esto se debe a que la deuda de Puerto Rico es extremadamente compleja, la jerarquía de los acreedores no está clara y la situación no tiene precedentes legales. Se esperan grandes pérdidas para los tenedores de bonos.

Aurelius presentó la demanda pocos días después de que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, desafiara al consejo de supervisión por sus propias razones. El viernes dijo que el plan quinquenal de reforma fiscal de la junta era excesivamente severo y que cerraría gran parte del gobierno dos días al mes durante el resto del año fiscal, algo que la junta consideró necesario para ahorrar dinero y agilizar las operaciones .

Aurelius Capital presentó la demanda en su calidad de titular de los bonos de obligación general de Puerto Rico. Cuando esos bonos fueron emitidos, durante muchos años, la Constitución de Puerto Rico los garantizó, diciendo que si la isla alguna vez llegara a caer en default, los tenedores de bonos tendrían que apelar a los "recursos disponibles" del gobierno del territorio.

Algunos tenedores de bonos de Puerto Rico argumentan que compraron los bonos en el entendimiento de que sus pagos e intereses eran por ley la primera prioridad del gobierno. Se sorprendieron cuando descubrieron que el plan quinquenal de Puerto Rico requería profundos recortes en todos los pagos de bonos, incluyendo pagos a los tenedores de bonos de obligación general. El Consejo de Supervisión quiere usar los ahorros para financiar las operaciones del gobierno durante el período de recuperación de cinco años. Pero los acreedores dicen que este enfoque está en desacuerdo con la Constitución Puertorriqueña.

Para empeorar las cosas, Rosselló dijo el viernes que no estaba dispuesto a honrar otra disposición del plan fiscal: recortes de pensiones que promedian 10 por ciento para ciertos trabajadores públicos jubilados. El plan quinquenal prevé que los recortes se introduzcan progresivamente en los próximos tres años y que las mayores pensiones se reduzcan más.

Los fondos de pensiones de Puerto Rico casi han agotado sus activos y todos los jubilados están siendo cambiados a un sistema de reparto, en el cual el gobierno central pagará las pensiones directamente de su presupuesto. Esto significa que algunos de sus "recursos disponibles" se utilizarán para las pensiones en lugar del servicio de la deuda.

El lunes, Aurelius también pidió a la corte federal en San Juan que levante la "vigencia" de Promesa, que evita que los acreedores de Puerto Rico demanden al gobierno. Aurelius dijo que quería solicitar una medida declarativa para evitar que la junta de supervisión funcionara hasta que pudiera reconstituirse de conformidad con la cláusula de nombramientos.

"Independientemente de si se está de acuerdo o no con las posiciones políticas de la Junta de Administración, los principios jurídicos fundamentales exigen que se conformen de acuerdo con lo que manda la Constitución", dijo en un comunicado el abogado principal de Aurelius, Theodore B. Olson, de Gibson, Dunn & Crutcher.