Mary Williams Walsh

SAN JUAN, PUERTO RICO.

El primer día de Puerto Rico en el tribunal federal para reducir los 123.000 millones de dólares de deuda en bonos y pensiones no financiadas tuvo un arranque cordial el 17 de mayo, aunque después de algunas horas, las cosas empezaron a ponerse feas.

"Tenemos un conflicto directamente enfrente de nosotros", advirtió Marcia Goldstein, abogada de la Corporación Nacional de Garantías de Finanzas Públicas, que aseguró aproximadamente 3.600 millones de dólares de los bonos de la isla.

Hablando en términos generales, en ese caso se enfrentan los titulares de bonos –quienes compraron bonos de obligaciones generales– contra otro grupo que compró lo que se conoce como bonos Cofina, que están respaldados por una porción del ingreso de Puerto Rico por concepto de impuesto sobre las ventas.

Pero la isla no tiene los recursos necesarios para pagarle a ninguno de sus acreedores. Vaya, no tiene fondos ni para cubrir los gastos operativos del gobierno, por lo que en este caso no hay buenas opciones ni razones. La jueza de la corte federal de distrito en este caso, Laura Taylor Swain, que voló de Nueva York a San Juan, subrayó la urgencia de esta situación y la necesidad de que las partes sigan tratando de encontrar un punto medio entre sus diferencias.

"Francamente, el fracaso no es opción", señaló la jueza Swain, que normalmente atienden en el distrito sur de Nueva York. "Simplemente no podemos apagarle la luz y cerrarle la puerta a Puerto Rico".

Empero, parecen estar fermentándose múltiples conflictos bajo la superficie de este caso, el primero en el que un territorio estadounidense en apuros busca la protección de las cortes ante sus acreedores. Los temperamentos se inflamaron cuando surgieron temas como revelación financiera veraz, posibles conflictos de interés y el papel de la junta supervisora federal de Puerto Rico.

Las diligencias del 17 de mayo supuestamente se concentrarían en temas de gestión del caso, pero casi cada vez que hablaba un abogado parecía haber más indicaciones de que más adelante habría batallas intratables.

Este caso estilo bancarrota no es una simple narrativa de los codiciosos buitres que picotean los restos de un deudor, aunque generalmente se cuenta de esa forma. La deuda en bonos de Puerto Rico es por 74.000 millones de dólares e implica varios tipos de bonos. Y aunque nadie parece haber apreciado cuando se emitieron los bonos, ahora existe una flagrante falta de consenso sobre qué bonos van a tener precedencia legal.

El conflicto más grande de un tipo de bono contra otro es el que implica 12.700 millones de dólares en obligaciones generales contra los 17.300 millones de dólares de bonos Cofina.

Los bonos de obligaciones generales supuestamente están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que declara que se movilizarán "todos los recursos disponibles" para su pago oportuno. Los bonos Cofina, por su parte, están respaldados por un impuesto de venta especial y dedicado, que se supone que va directo de la caja registradora de la tienda a una caja de seguridad que está cerrada para el gobierno.

Pero no dejan de surgir preguntas. Los abogados de los tenedores de bonos de obligaciones generales alegan que el término "todos los recursos disponibles" incluye necesariamente los impuestos de venta. Esas son palabras agresivas para los tenedores de bonos Cofina, que dicen que ellos tienen un interés de propietario en los impuestos de venta, y que "invadir" su caja de seguridad violaría la cláusula de "recaudación" de la constitución.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, intensificó la rivalidad poniendo un estricto límite a la suma total de dinero disponible para pagar bonos de cualquier tipo en los próximos cinco años. Si los tenedores de bonos de obligaciones generales fueran a reclamar la suma total, como se establece en "todos los recursos disponibles", difícilmente quedaría algo para los demás deudores.

"La magnitud de la deuda de los bonos Cofina y los de obligación general hace que este sea un asunto central", señala Martin Bienenstock, que representa en este caso a la junta supervisora federal, conocida como Promesa.

Thomas Moers Mayer, abogado de un grupo de fondos mutuales, declaró que el tiempo se estaba acabando. Señaló que los titulares de Cofina debían recibir un pago de 120 millones de dólares el 1 de julio y que les preocupa que el gobierno pueda "barrer" con el dinero que hay en su caja de seguridad.

Pero Bienenstock advirtió que no está claro si los titulares de bonos Cofina siquiera están en posición de buscar una orden como esa en un caso separado del Estado asociado. "Éste podría ser un asunto muy extenuante y debatido, y este no es el lugar para decidirlo", afirmó.

Bienenstock también dijo que sería probable que se involucraran otras entidades del gobierno aún no implicadas en el caso judicial, como la Autoridad de Caminos y Transportes, que emitió 6.000 millones de dólares en bonos de ingresos. Eso presuntamente agregaría las cuotas de caminos y puentes al fondo de dinero que finalmente se repartiría entre los diversos grupos acreedores.

La jueza Swain finalmente descartó las objeciones de adjudicación conjunta. Señaló que quería celebrar audiencias cada seis semanas más o menos durante lo que resta del año. Pidió un reporte para antes de la próxima audiencia sobre los progresos que esté haciendo la isla en materia de revelarle información financiera a los acreedores.