• Por Aníbal Saucedo Rodas.

En un país democrático como el nuestro, donde rige la pluralidad ideológica sin restricciones, la entrada es libre y gratuita. Aunque esto último siempre está en duda por los eternos malpensados. Son como las brujas de Garay. Así que Asunción puede ser sede del IV Foro de Madrid que reúne a líderes y partidos de la ultraderecha de España e Hispanoamérica, propiciado por algunos legisladores que representan a la Asociación Nacional Republicana. En el mismo escenario donde Fidel Castro habló durante cinco horas en agosto de 2003, hizo lo mismo el presidente argentino Javier Milei días atrás. Nada anormal. Lo que sí debería preocupar a los dirigentes del Partido Nacional Republicano es que el mandatario del vecino país pueda contaminar y perturbar la mente de los jóvenes militantes de la asociación política fundada por el general Bernardino Caballero respecto a una de las vértebras sobre la cual se construyó su cuerpo ideológico: la justicia social. Que para el jefe de Estado argentino es “injusta”, porque “les roba a unos para darle a otros”, como repite en todos sus discursos. Sin olvidar su aversión radical a un Estado con atribuciones sociales. O, aun mejor, al Estado mismo.

La historia no resiste la tentación de escribir sobre lo que ya se escribió. Es cuando las reinterpretaciones desde la petulancia seudoacadémica desentonan y realizan proyecciones antojadizas e improvisadas. Se desafina, porque se toca de oído, sin la exigencia de una lectura sistémica de las ideas que construyen y consolidan la pirámide ideológica de cualquier partido político. Por eso siempre es recomendable recurrir a la fuente primigenia, original.

Salvo que refunden el Partido Nacional Republicano, su matriz doctrinaria sigue siendo el Programa/Manifiesto del 11 de setiembre de 1887. La frase clave y contundente que lo aleja del liberalismo de la época es la inclusión de “leyes sabias y protectoras para la campaña”, que debe entenderse como “el pueblo”, para “la defensa de cuyos intereses las leyes no deben ser solamente sabias, sino también proyectoras”, escribe Ezequiel González Alsina. Y repetimos, aunque para algunos ya resultará irritante, que “los valores de la igualdad y la justicia social ya no son meramente cuantitativos, sino eminentemente cualitativos, y la protección no se menciona allí como un privilegio, sino como una defensa de la parte más débil, pero la más fuerte, la más importante y trascendente en la dimensión humana de la sociedad y en la dimensión política de la nación”.

Y más rotundamente certifica: “Es la idea de la justicia social, cuyo enunciado aparecería más tarde en sus términos actuales; y es, también, la idea del bien común que, para explicarse con los más modernos criterios en boga, no puede alejarse mucho del manifiesto colorado de 1887” (Bernardino Caballero, el Manifiesto de 1887 y su proyección doctrinaria, 15 de marzo de 1972). Y para quienes, a pesar de estas aclaraciones irrefutables, continúan teniendo una ensalada mental en la azotea, vayan las verdades del joven intelectual republicano, Roberto L. Petit, que restallan como latigazos en la conciencia de los ideológicamente desorientados: “Se reacciona contra el individualismo de la época y se inicia una acción intervencionista decidida del Gobierno en la medida en que las circunstancias aconsejaban. El doctor Blas Garay decía por entonces, expresando categóricamente el sentido revolucionario del coloradismo, mucho antes de quienes después de tres décadas pretendieron monopolizar para sí las ideas revolucionarias: ‘Es necesario que el Estado, con los poderosos medios de que dispone, concurra a allanar el camino y hacer más fácil la evolución’”. Y remata, con precisión incontrastable: “Defensor de los desheredados, (el Partido Colorado) inauguró la lucha por la justicia social en nuestro medio”.

Pero Garay decía más: “La repugnancia que a algunos inspira la acción del Estado en el orden económico, procede de la falsa idea de que únicamente existe para lo político (…). El Estado debe hacer algo, pensamos nosotros, en contraposición de los que creen que lo mejor que puede hacer es no hacer nada”. Cuatro años después (1902), el ministro de Hacienda, Fulgencio R. Moreno, arremete con la misma intensidad que Garay: “Para combatir las anomalías que surgen del caos de la economía nacional, es indispensable que el Estado intervenga en beneficio de la economía social o nacional (…). La intervención del Estado en la esfera económica es una condición necesaria para el desarrollo progresivo para la integración constante del cuerpo social. La teoría de la amplia libertad en la esfera económica, la doctrina del laissez fairees, como he dicho, una de las tantas antiguallas relegadas al museo de la ciencia”.

El otro soporte que rige el marco doctrinario del partido –porque nunca fue modificado– es la Declaración de Principios del 23 de febrero de 1947: Artículo 3) “El Partido considera que el Estado, servidor del hombre libre, interviene en la vida social y económica de la Nación para evitar el abuso del interés privado y promover el bienestar general, sin infligir injusticia a los particulares”, y artículo 4) “El Partido se declara contrario a toda dictadura de individuos o de grupos y considera que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantizar la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas”.

Para algunos, repito, estas insistencias resultarán tediosas, sin embargo, seguiré martillando sobre el mismo yunque, aunque más no sea como Juan predicando en el desierto, cada vez que sea necesario. Soy un convencido de que la palabra nunca vuelve vacía. Buen provecho.

• Por Aníbal Saucedo Rodas
• Periodista, docente y político

¿En qué momento surge la vocación agrarista, en términos doctrinarios, del Partido Nacional Republicano? Nace con el enunciado de “mejoramiento de nuestra campaña por medio de leyes sabias y protectoras” en su programa fundacional del 11 de setiembre de 1887, siendo el objeto preferencial de esta preocupación los empobrecidos pueblos del interior del país y su población de agricultores. Manifiesto que, luego, se extendería a las otras clases socialmente excluidas, principalmente a las masas obreras, tanto a través de sus individualidades más representativas, como de los documentos aprobados en sucesivas convenciones partidarias, y que fueron reafirmando su corpus ideológico. Y que alcanzaría su cenit en la Declaración de Principios del 23 de febrero de 1947, en su punto cuarto: “…considera que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas”.

La necesidad de que el Estado tenga presencia activa en la vida económica de la nación para asegurar la evolución es proclamada por Blas Garay a finales del siglo XIX. Línea que es reafirmada por Fulgencio R. Moreno en 1902, añadiendo este último que la intervención del Estado es fundamental para liberar a los obreros y campesinos del yugo del capital, condenando “la sustitución del derecho por la fuerza” y repudiando “la preponderancia del más rico con la misma energía que la del más fuerte”. Ese mismo año, el coronel Juan Antonio Escurra, presidente de la República del Paraguay, asegura que el gobierno más patriota es aquel que mejor reparte la tierra. El doctor Antolín Irala, presidente de la Comisión Central de la Asociación Nacional Republicana entre 1916-1918 y 1918-1920 (fallece antes de concluir su segundo mandato), fue uno de los precursores de la reforma agraria con la Ley de Homestead.

Epifanio Méndez Fleitas escribe en su libro “El orden para la libertad” que el banco Agrícola, creado en 1889, concedía “préstamos protectores a un interés muy inferior a los que se estipulaba corrientemente, y con facilidades de amortización, como no ocurrió nunca en la historia de nuestro país. Proporcionaba, además, maquinarias e instrumentos agrícolas a los agricultores e industriales, bastándole que aquellos ofrezcan una garantía personal aceptada fácilmente”. En el Preámbulo de la Carta Orgánica aprobada en la Convención realizada el 25 de noviembre de 1912 se menciona la urgencia de “propiciar la enseñanza de carácter científico, comercial, industrial y agrícola”, al tiempo de “gestionar la aplicación de los principios más adelantados de la legislación agraria”. La preocupación por el problema agrario se expone nuevamente, esta vez por medio de Telémaco Silvera, en la Convención de 1914, quien exhorta a acudir en defensa de los obrajeros y peones de los yerbales, no solo como paraguayos, sino como personas preocupadas por la suerte de la humanidad. “Hoy, más que nunca –exclama Silvera– se impone analizar el problema agrario ante la miseria en que está sumido nuestro pueblo”.

Años después, en la Convención de mayo de 1921, en un Programa Básico de Acción, el Partido Nacional Republicano plantea “la expropiación de los latifundios improductivos para distribuirlos a los agricultores e industriales”, instando, además, a “proteger eficazmente a la agricultura y a las industrias nacionales”. Igualmente, reclama la “reivindicación de todas las tierras usurpadas” y la creación de “leyes para el saneamiento definitivo de los títulos de la propiedad raíz, a fin de valorizar nuevamente la tierra”. En la Convención del sector eleccionista de 1930 se puntualiza que “los parlamentarios republicanos han desplegado una política esencialmente nacionalista, proponiendo el reparto de las tierras mediante la expropiación de los grandes latifundios en bien de los agricultores”. Se destaca que el senador colorado Jorge Patiño logró que se aprobara en la cámara de origen un proyecto de su autoría: El Código Rural. En el Programa Mínimo se propone “el impuesto directo y progresivo a los latifundios e inversión de estos fondos en la pequeña propiedad agraria”, así como “la abolición de la contribución directa para la pequeña propiedad rural”. En la fundamentación, el doctor Hipólito Sánchez Quell afirma que “cuando el país tenga gobiernos realmente elegidos y vigilados por el pueblo, será el momento de pedir la expropiación de los latifundios por el precio de la tasación de la contribución directa, para venderlos en lotes menores al precio de costo, más los gastos de mensura y administración”.

Ya con el Partido Nacional Republicano reunificado, en la Convención de 1938, el joven Juan Ramón Chaves deja señales claras de la orientación agrarista de esta asociación política: “Si un individuo en el Paraguay, con las garantías enunciadas en la Constitución Nacional para su libertad para trabajar no pudiese obtener tierras para desenvolver sus actividades, en vista de que otros individuos, también con iguales garantías, tienen en sus manos la mayor parte de las tierras cultivables, es deber del Estado, por medio de sus instituciones, procurar que el individuo inhabilitado de trabajar por falta de tierra lo obtenga de manos de los otros que la tienen en abundancia y acaparada. De ahí que el derecho de propiedad no debe ser estático, sino dinámico, cumple una función social, puede ser objeto de expropiación para salvar la vida de un ciudadano. En adelante, el derecho de propiedad no debe ser un derecho individual absoluto, egoísta, sino su misión es eminentemente social, toma en cuenta la solidaridad que debe existir entre los hombres que viven en sociedad”. Fin de la cita. Queda para una nota especial la actuación de Roberto L. Petit al frente del Departamento de Tierra y Colonización, quien, al decir de don Carlos Pastore, “toma la bandera de la reforma agraria y se esfuerza en dar cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Agrario”. Es todo lo que quería decir. Por ahora. Buen provecho.