- POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
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En el ejercicio del periodismo, especialmente en zonas de conflicto, la línea que separa al observador del combatiente suele estar demarcada por principios éticos claros y protegida por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, la revelación reciente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la infiltración de integrantes de grupos calificados como terroristas dentro del gremio de prensa en Gaza vuelve a poner sobre la mesa un debate incómodo pero imprescindible: la instrumentalización del estatus periodístico en las guerras de quinta generación.
Este tipo de guerra se caracteriza por el abandono del enfrentamiento bélico tradicional en favor de una lucha eminentemente informacional, psicológica y de saturación narrativa, donde el verdadero campo de batalla es la mente de la opinión pública global.
Según el informe militar israelí, acompañado de documentación y material probatorio capturado en el terreno, al menos 170 individuos presentados globalmente como reporteros y trabajadores de medios eran, en realidad, operativos en las alas armadas de organizaciones como Hamás y la Yihad Islámica.
Más aún, 17 de ellos habrían participado directamente en la masacre del 7 de octubre de 2023. El listado no solo abarca colaboradores locales, sino también a personas que firmaron crónicas y suministraron material visual para cadenas internacionales de enorme peso global como Reuters, CNN, BBC, AP o Le Monde.
El uso del chaleco con la inscripción PRESS como escudo operativo o cobertura de inteligencia no es una táctica nueva en los conflictos, pero su escala en la Franja de Gaza plantea un desafío inédito para la credibilidad del periodismo internacional. Cuando un grupo armado utiliza la credencial de prensa para encubrir actividades terroristas, degrada la protección legal que el Convenio de Ginebra otorga a los verdaderos informadores. La consecuencia inmediata es devastadora: se expone a un riesgo mortal a aquellos periodistas genuinos que arriesgan su vida en el terreno para contar la verdad.
Durante meses, la narrativa dominante en organismos multilaterales como la ONU, la Unesco y diversas ONG de derechos humanos acusó a las FDI de llevar adelante un patrón sistemático de eliminación deliberada de comunicadores. Si bien toda muerte de un trabajador de prensa en ejercicio debe ser investigada con rigor, la imputación apresurada –sin contrastar las identidades ni verificar si el individuo cumplía roles de combate– demuestra una peligrosa ligereza en el tratamiento de la información de guerra.
La guerra moderna ya no se libra únicamente con artillería y maniobras de infantería; la dimensión informativa es un teatro de operaciones igualmente estratégico. Para Hamás y otros grupos en Gaza, la instalación del relato de un “periodicidio” funcionó como una herramienta de presión diplomática y de deslegitimación contra Israel. Cuando las propias organizaciones extremistas reivindican posteriormente a estos caídos como sus “mártires y combatientes”, la narrativa impuesta se derrumba, pero el daño reputacional y la desinformación ya han echado raíces en la opinión pública global.
El periodismo internacional enfrenta la obligación urgente de revisar sus protocolos de contratación y verificación en zonas controladas por regímenes totalitarios o grupos terroristas. Mantener la distancia crítica respecto a las fuentes sobre el terreno no es una opción ideológica, sino un imperativo ético. Ignorar la dualidad de quienes informan de día y operan de noche no solo distorsiona la realidad del conflicto, sino que hiere de gravedad la función más noble del periodismo: la búsqueda insobornable de la verdad.