- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
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Condenan a 30 años de prisión a “ministro” Umbanda por abuso sexual infantil y trata de personas
- Ciudad del Este. Agencia regional
Adrián Anselmo Aveiro Silguero (32), quien se hacía pasar como un “ministro” del culto Umbanda fue condenado a 30 años de prisión, más cinco años por medidas de seguridad, tras ser hallado culpable de coacción sexual y violación, trata de personas, trata de personas con circunstancias agravantes, abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.
La fiscal Vivian Coronel defendió la acusación en el juicio oral y público que concluyó hoy en el Complejo Judicial de Ciudad del Este, luego de varias audiencias. El Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo el juzgamiento estuvo integrado por los magistrados Herminio Montiel (presidente), Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.
Durante el debate, la Fiscalía sustentó que entre 2018 y 2025, el acusado habría utilizado su supuesta autoridad como ministro de culto umbandista, bajo el nombre de “Pai Asmud”, para captar a personas en situación de vulnerabilidad, someterlas a servidumbre y cometer abusos sexuales contra niños, adolescentes y adultos.
Los hechos juzgados hoy ocurrieron en tres lugares distintos: Hernandarias, Ciudad del Este y Minga Guazú y la Fiscalía identificó a ocho víctimas y la comisión de más de un hecho punible en contra de algunas de ellas.
Los casos registrados
La Fiscalía sustentó que Aveiro Silguero abusó sexualmente de dos niñas, de 12 y 13 años, además de un niño de 9 años. Asimismo, según lo expuesto en juicio, el acusado realizó actos sexuales con un adolescente de 12 años, ejerció coacción sexual y violación de un joven y cometió coacción sexual contra otro adolescente de 12 años.
También fue acreditada la trata de personas agravada con fines de servidumbre en perjuicio de cinco víctimas, entre ellas una niña y un estudiante extranjero, quienes eran obligados a trabajar sin remuneración, tenían prohibido salir y recibían castigos físicos.
El hoy condenado también amenazaba de muerte a las víctimas y a sus familiares. A esto se sumó la violación del deber del cuidado de una niña de dos años, a quien había inscripto como su hija y la exponía a rituales nocturnos en los que se consumían bebidas alcohólicas y tabaco, además de registrarse actos de violencia.
La fiscal Vivian Coronel manifestó que se aplicaba el mismo método de actuación en todos los casos donde el “Ministro” les ofrecía vivienda, alimentación y protección espiritual, pero luego las aislaba, explotaba y sometía mediante el miedo.
Los relatos fueron corroborados mediante declaraciones testificales, entrevistas realizadas en Cámara Gesell y pericias médico-forenses, psicológicas y psiquiátricas. Estas evaluaciones determinaron que el acusado era plenamente imputable y presentaba un perfil de alto riesgo.
La fiscala presentó también un informe del Viceministerio de Culto que confirmó que el grupo religioso no estaba inscripto.
Reacciones de las víctimas
“Valió la pena tantos años de espera, estoy aliviada porque la persona que nos hizo tanto daño está con condena y va a cumplir; ya no abusará de niños, ya no maltratará a adolescentes, ya no hará daño” dijo a La Nación/Nación Media, una de las víctimas del supuesto líder religioso.
La misma fue captada a los 12 años y permaneció hasta los 15 en poder del culto Umbanda, en cuyo tiempo sufrió las agresiones del “ministro” Aveiro.
Otro de los afectados y denunciante inicial del caso, refirió que se hizo justicia porque sufrieron mucho en poder del hoy condenado. Reconoció que estuvo callado mucho tiempo por miedo, pero ahora instó a niños y adolescentes a no confiar en cualquier casa de santo para no caer en manos de personas malas como le tocó a él y a otros.
El joven contó que llegó a escapar del lugar y lo volvieron a captar hasta que pudo huir nuevamente y ya no pudieron encontrarlo. “Se hizo justicia”, sostuvo el joven, quien adquirió una enfermedad a causa del sometimiento del que fue objeto.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
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Tribunal define este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas
El Tribunal de Sentencia definirá este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado. La jornada judicial inicia a las 9:30 con los alegatos finales de la abogada defensora, Alba Zaracho; una vez concluida esta etapa, y de no presentarse réplicas fiscales, los jueces ingresarán a un cuarto intermedio para deliberar y emitir su fallo.
Durante la fase final de alegatos, la representación del Ministerio Público sostuvo que el cúmulo probatorio exhibido en el juicio oral demostró de forma contundente la irregularidad del documento. Según los investigadores, los antecedentes académicos consignados en el certificado de estudios y la titulación de Rivas no corresponden a ninguna trayectoria universitaria real ni verificable dentro del sistema de educación superior.
En consecuencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez argumentaron que los ilícitos imputados quedaron plenamente acreditados a lo largo del debate procesal. Por ello, la representación fiscal solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exlegislador, por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La decisión final sobre el futuro judicial del exsenador estará en manos del colegiado integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en la presidencia, junto a los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El tribunal deberá valorar las pruebas rendidas para determinar la existencia del delito y expedirse mediante una sentencia condenatoria o la absolución del acusado.