• Jorge Torres Romero

Con el caso de Hugo Javier González, exgobernador de Central, volvió a aparecer una vieja costumbre de nuestra política: convertir cualquier episodio humano, judicial o personal en combustible para la especulación.

Ante las noticias sobre su estado de salud, algunos sectores políticos y mediáticos parecían menos interesados en saber cómo estaba Hugo Javier que en comprobar una teoría que ya tenían preparada. Rápidamente apareció la insinuación de una supuesta “quema de archivo”. Pero la tesis se fue desinflando y quedaron expuestos, una vez más, los que primero construyen la historia y después salen desesperadamente a buscar los hechos que la sostengan.

Y, como suele ocurrir, tampoco faltaron los oportunistas de turno.

Efraín Alegre y Miguel Prieto aparecieron tratando de colgarse del episodio para instalarse en la conversación pública. Cuando faltan ideas y capacidad para construir una agenda política propia, cualquier acontecimiento sirve para intentar ganar unos minutos de protagonismo.

Pero este caso permite discutir algo bastante más importante: el concepto de “soltar la mano”.

Durante décadas se acusó al Partido Colorado de proteger a los suyos a cualquier precio. Hoy, cuando dirigentes colorados cuestionados pierden respaldo político curiosamente también aparecen las críticas.

Erico Galeano, Hernán Rivas, Orlando Arévalo, Óscar “Nenecho” Rodríguez y Hugo Javier son ejemplos diferentes, con situaciones políticas y judiciales distintas, pero atravesados por una misma realidad: frente a denuncias graves, investigaciones o un fuerte desgaste público, el oficialismo no convirtió necesariamente la defensa personal de esos dirigentes en una causa partidaria.

En términos políticos, les soltaron la mano.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué pretendían los críticos? ¿Que el Partido Colorado cerrara filas alrededor de cada dirigente cuestionado? ¿Que utilizara su poder para blindarlos? Si eso hubiera ocurrido, probablemente los mismos sectores estarían denunciando impunidad.

No se puede reclamar que la política deje de proteger a sus dirigentes cuestionados y, cuando efectivamente deja de hacerlo, presentar esa decisión como una conspiración.

Y aquí aparece una contradicción todavía mayor.

Miguel Prieto, destituido de la Municipalidad de Ciudad del Este y sometido a distintos procesos y cuestionamientos sobre su administración, continúa siendo defendido por buena parte de la oposición y proyectado incluso como una posible figura presidencial.

¿Dónde está entonces la vara?

Si un colorado es investigado, debe ser abandonado inmediatamente. Pero si un dirigente opositor enfrenta graves cuestionamientos, entonces se habla de persecución política, liderazgo renovador y candidatura presidencial. Esta es la alternativa que ofrece la oposición. De terror. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

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