Lo que muchos analistas y políticos vinculados al progresismo consideran un terremoto electoral, lo ocurrido en Sajonia-Anhalt (Alemania), es un claro síntoma del desgaste político y social europeo. La negativa en diversos países de la Unión Europea a reformar las leyes, desvaloriza y deja sin incentivo la integración justa. Este mismo hecho alimenta la polarización en prácticamente toda Europa.

AfD (Alternativa para Alemania) es un partido político alemán de ideología nacional-conservadora y euroescéptica de derecha y su abrumadora victoria con el 43,8 % de los votos no debe leerse de forma aislada.

Es el síntoma de un electorado desencantado ante el agotamiento del modelo progresista y la incapacidad de los gobiernos tradicionales para proyectar control y seguridad. Cuando el establishment califica de “extremismo” la preocupación ciudadana por la seguridad, las urnas terminan respondiendo con un voto de ruptura.

Cada vez es más notorio que la gestión estatal y el resquebrajamiento del contrato social en varios países de la Unión Europea los llevan inexorablemente hacia un colapso ideológico, similar a lo que está sucediendo en gran parte de América Latina.

Si los partidos moderados y progresistas insisten en calificar las deficiencias de gestión, como por ejemplo los controles migratorios fronterizos, de “relato de extrema derecha” en lugar de resolver la gestión pública, la consecuencia inevitable es el vuelco masivo de votos hacia opciones radicales.

Tenemos el ejemplo español, con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien busca culpables entre los países que cuestionan su actuar. Tan poco conveniente es su proceder que la propia Irene Montero, una de sus incondicionales ideológicamente hablando, también lo está cuestionando por su gestión de la “crisis de migrantes” en Ceuta, algo que el resto de España define como una “invasión”.

El problema en este caso no es la inmigración en sí, sino la disfuncionalidad del sistema legal y penal. Cuando a la legislación se la percibe más protectora con la reincidencia delictiva que con las víctimas, el Estado de derecho entra en erosión. La percepción social es que la laxitud institucional ampara al infractor y no protege totalmente al ciudadano, entre ellos, al migrante honesto.

La ciudadanía buscará respuestas en opciones cada vez más radicales, no por afinidad ideológica, sino por pura supervivencia del contrato social. AfD lo entendió perfectamente en una región de Alemania.

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