- POR BENJAMÍN LIVIERES
- Analista político
Las posiciones se mantienen irreductibles. Los médicos movilizados insisten en el aumento de G. 3.000.000 por vínculo y el gobierno les responde con el ya célebre “no hay plata”, junto con propuestas de impulsar la carrera sanitaria y aumentar la inversión en medicamentos, el año próximo. Las partes hablan de la importancia del diálogo, pero este brilla por su ausencia. Desde la política emergen algunas ideas, por ahora muy generales. ¿Conclusión? El conflicto tiende a agudizarse y es probable que en su desarrollo sume a otros actores.
¿Es tan difícil proponer salidas intermedias? ¿Acaso los médicos podrían rehusarse a aceptar un ajuste inferior al pretendido y, en paralelo, arrancar el debate sobre la ley que reglará sus funciones? ¿Por qué razón el gobierno se aferra a esto último, que comprenderá a los nombrados, dejando por fuera a más de la mitad de todos los médicos?
La negativa del gobierno a tratar el reclamo salarial probablemente obedezca a que eso generaría un efecto cascada. De inmediato reclamarían lo mismo otras áreas de la salud, los docentes y una larga lista de gremios del sector público. Entonces se estaría hablando ya no de USD 150 millones, sino de una cifra dos o tres veces superior, incorporada a los gastos rígidos del Estado, que, a diferencia de otros ítems presupuestados, son de cumplimiento obligatorio.
En consecuencia, es presumible que la respuesta no sea solo para estos trabajadores de la salud, sino para los muchos otros que estarán preparándose para enarbolar reivindicaciones del mismo tipo. Pero es incorrecta. Primero, porque de ellos depende un servicio esencial para 70 % de la población, que no tiene IPS ni posibilidad alguna de acudir a los privados. “Los jodidos de siempre” y los más afectados por esta situación. Y segundo, porque la ya “celebre” expresión, además de ser una media verdad, es propia de un cajero, no de un equipo económico. Este debería promover políticas que generen no solo crecimiento económico, muy importante, por cierto, pero que beneficia principalmente a quienes se encuentran en la cima de la pirámide social y muy poco al resto.
Es una verdad a medias porque, si bien la caja hoy está vacía y las recaudaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones del presente, existen múltiples mecanismos para obtener nuevos ingresos que, de activarlos, bien podrían ser dirigidos a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.
Uno de ellos fue señalado recientemente por el director de la DNIT, Óscar Orué, quien dijo que, reduciendo las exenciones tributarias, así como ciertos privilegios a las industrias maquiladoras que solo tributan 1 % al Tesoro, podrían obtenerse recursos importantes, considerando que esos incentivos les dispensa de pagar un total de USD 900 millones.
Sería un gran avance, aunque todavía no comprende aquellas inversiones públicas multimillonarias que el país requiere ejecutar en áreas clave como energía y obras viales, por lo que será necesario agendar un debate serio sobre la necesidad de introducir cambios al sistema tributario.
La razón es simple. Ni la cuestión social ni las obras de infraestructura pueden abordarse con el latiguillo de que “no hay plata”. Mientras ese sea el rumbo de la economía, nunca habrá plata para eso. Y por esa vía los problemas seguirán creciendo, dejando en evidencia que el conflicto con los médicos no es más que la punta del iceberg.