• POR BENJAMÍN LIVIERES
  • Analista político

La “Mesa energética” convocada por el Gobierno hace un par de semanas, cuyas funciones debe­rían servir a los fines de abordar los serios problemas de nuestro sistema eléctrico, se limitó sin embargo al anun­cio de proyectos legislativos destinados a crear un ministerio del sector y un ente regulador. Nada se dijo sobre la admi­nistración del escaso excedente que aún disponemos –y utilizaremos en su tota­lidad en el 2030, si no antes–, ni de la inexistencia de planes concretos para crear nuevas fuentes de generación, ni de la tarifa de la Ande, aspectos clave hace frente a la crisis que se avecina.

No se trata de contraponer las refor­mas institucionales a las medidas prácticas, de urgencia, que deben implementarse para disipar la tor­menta que asoma en el horizonte. Se trata de definir prioridades, plasmar­las en una hoja de ruta y designar a los responsables de formular e imple­mentar los planes aprobados. Hasta el momento, desconocemos la postura del Ejecutivo respecto a cómo piensa encarar todas estas cuestiones, aun­que, a juzgar por declaraciones de sus referentes de mayor peso, pareciera no dimensionar la magnitud de lo que se aproxima. De esto probablemente se derive la limitada agenda de la “Mesa energética” y el ritmo pausado de sus actividades.

Tampoco estamos al borde del colapso, como algunos profetizan. No habrá “un apagón” generalizado en 3 o 4 años, cuando habremos de utilizar todo el excedente de las hidroeléctricas, ni el Paraguay quedará a oscuras a partir de entonces. Cuando nos acerquemos a esa realidad seguramente se habrá de desconectar una parte de las criptomi­neras, que consumen grandes bloques de electricidad, y esto aportará algo de “alivio”. Pero si no incorporamos nue­vas fuentes de generación, los apago­nes comenzarán a aflorar primero en horarios de mayor consumo, después en otras franjas del día y a ellos tam­bién se irán sumando problemas de transmisión.

Las respuestas oficiales, además de escasas, son insuficientes. Dicen que se instalará una planta solar en el Chaco y que está en marcha la maqui­nización del brazo Aña Cuá. Pero la realidad es que la primera tendrá una capacidad de 140 MW y el lla­mado a licitación sigue en los papales, mientras la segunda significará en su momento 135 MW más, es decir, 275 MW en total, frente a los 400 MW/año que debimos incorporar desde hace varios años, según el Plan Maes­tro de la Ande, pero no lo hicimos.

Así, de no revertirse la tendencia actual, corremos el riesgo cierto de que nos suceda algo inimaginable durante las últimas décadas: dejar de ser “un país con abundancia de energía” y conver­tirnos en importadores. O bien que, pre­sionados por la situación de escasez, terminemos abdicando a la voracidad de empresas privadas que nos vendan la solución a costos muy altos. En cual­quiera de estos casos, de lo que no nos salvaríamos es de sacar más plata de nuestros bolsillos para pagar la boleta de electricidad todos los meses.

Lo importante de esta historia es que aún estamos a tiempo de evitar llegar a ese momento indeseado, a condición, claro está, de rectificar rumbos. Y esto comienza por asumir la realidad tal cual se nos devela, que no es agitando el cuco del apocalipsis, pero tampoco ignorando o minimizando lo que pasa, sino dimensionando la situación en su justa medida, que es delicada, y obrando en consecuencia. En palabras simples, reconociendo que “tenemos un pro­blema”, como lo hicieron los astronau­tas de la misión Apolo 13 en aquella céle­bre frase, y a partir de ahí recibieron las ayudas necesarias para volver a casa.

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