- POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
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La memoria histórica de los pueblos no es un archivo muerto: es un territorio vivo donde cualquier chispa reaviva dolores profundos. Las recientes declaraciones del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, al justificar el gasto militar de su país aludiendo a que Paraguay “decidió invadir” Brasil y este respondiera con el genocidio del pueblo paraguayo, generaron una herida profunda en la ciudadanía. Para una nación que cargó con la mayor tragedia demográfica del continente en el siglo XIX, escuchar al líder regional revivir ese relato con liviandad institucional no es solo una afrenta diplomática, sino un recordatorio de asimetrías históricas que aún duelen.
Ese desprecio por las formas no es una novedad en la brújula internacional del mandatario brasileño, el mismo liderazgo que ha optado sistemáticamente por mirar hacia el costado –o ponerse del lado– de dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua.
¿DESLIZ O CORTINA DE HUMO?
Pero detenerse en la condena retórica corre el riesgo del análisis superficial. La pregunta central es si estos exabruptos son meros deslices o funcionan como cortina de humo para tensiones estructurales más urgentes. Y el verdadero epicentro de esa tensión no está en los archivos de Curupayty, sino en las planillas contables y las líneas de producción que cruzan la frontera seca.
En los últimos años, Paraguay se consolidó como un imán corporativo para el capital brasileño. Con un sistema impositivo previsible, inflación controlada y las ventajas del régimen de maquila, cientos de empresas –incluidas fábricas emblemáticas del país vecino– trasladaron total o parcialmente sus operaciones a suelo paraguayo, escapando del laberinto tributario brasileño. Ese éxodo industrial no es inocuo para Brasilia.
Para un Gobierno federal que transita un escenario político delicado a meses de elecciones, la pérdida de industrias y la fuga de inversiones hacia un socio menor pero competitivo se vuelven un flanco político explosivo.
Los gremios industriales presionan, los empleos que migran ocupan portadas económicas en San Pablo, y el modelo fiscal paraguayo empieza a leerse desde Planalto no como virtud del libre mercado, sino como “competencia desleal”.
Allí la retórica adquiere una utilidad táctica: instalar rispideces diplomáticas y reabrir viejos conflictos siembra incertidumbre. Si la relación bilateral se enfriara y la opinión pública paraguaya reacciona con indignación, el mensaje implícito hacia los inversores brasileños que evalúan cruzar el río Paraná empieza a cambiar.
La inestabilidad inducida opera como disuasivo psicológico ante capitales que temen quedar atrapados en tensiones diplomáticas permanentes.
Paraguay enfrenta así un desafío estratégico mayor. Su atractivo actual –estabilidad, competitividad fiscal y dinamismo productivo– lo volvió un competidor incómodo para los gigantes del bloque.
La respuesta inteligente ante los fantasmas del pasado y los roces de conveniencia electoral no es la confrontación estridente, sino blindar la seguridad jurídica, profundizar la institucionalidad y demostrar que el desarrollo de un país no depende de los humores retóricos de la diplomacia coyuntural, sino de la solidez de sus propias reglas de juego.