- Víctor Pavón (*)
Lo ocurrido días atrás en el Puesto Policial de la Colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, que costó la vida a dos suboficiales de la Policía y a un civil además de la quema de la comisaría, no fue un hecho aislado e impredecible.
Hace tiempo que los propietarios de la empresa Agro Ganadera Pindó SA venían advirtiendo de esta situación porque conocen sobre la violencia de los llamados “sin tierras” en la zona que, incluso, exigieron en su momento la expropiación de la hacienda en complicidad con políticos.
La propiedad de este establecimiento agropecuario fue invadida en el año 2012. Se destruyeron inversiones, puestos de trabajo, se depredaron más de dos mil hectáreas de bosques nativos dejando a cientos de familias campesinas dependientes del miedo y la extorsión financiados desde el narcotráfico, el rollo tráfico y otros crímenes.
El objetivo es el mismo de siempre. El delirio de la izquierda radical consiste en promover el miedo para que los invasores y criminales sean los que decidan quién y qué se llevará a cabo en ese territorio del país. Hoy, la otrora próspera Estancia Pindó es una “zona liberada”, la misma que se pretende en colonia Naranjito.
El reciente ataque planificado dejó en evidencia un ajusticiamiento, la eliminación de una persona por un grupo armado, con un disparo de ejecución con un tiro en la boca a una de las víctimas, según reporta el informe forense.
Los criminales van extendiendo su zona de influencia. Apelan al método que mejor saben poner en práctica, el miedo y la extorsión. Esto quiere decir dejar en “paz” a los propietarios previa suma de dinero a los criminales, donde nadie sabe cuánto se paga, cómo se paga y a quiénes llega el dinero de la extorsión. Si se acepta la existencia del Estado la misma se encuentra en la provisión del servicio de seguridad. El uso de la fuerza contra los que hacen daño a sus prójimos no debe ser tibia. Caso contrario, caen las inversiones, la producción y el empleo; triunfa el crimen y muere gente inocente.
La respuesta debe ser una y solo más que una: encontrar a los criminales y no llevar a cabo ninguna medida “social” que termina protegiéndolos bajo el manto de la impunidad. No cabe la pasividad. Es preciso dejar un antecedente lo suficientemente disuasivo e implacable para que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.