- Por Jorge Torres Romero
Durante más de dos años se instaló una historia que muchos dieron por cierta antes de que existiera una sola conclusión judicial. Se habló de una supuesta sobrefacturación, de un negociado monumental y de un proceso licitatorio que, según algunos referentes políticos y determinados medios de comunicación, era la prueba irrefutable de la corrupción en el Gobierno.
El objeto de la polémica fue la compra de 410.000 pupitres realizada por la Itaipú Binacional, la mayor renovación de mobiliario escolar registrada en la era democrática paraguaya. Miles de instituciones educativas de prácticamente todo el país recibieron equipamientos largamente esperados. Sin embargo, la discusión dejó de centrarse en la necesidad de los estudiantes para convertirse en una batalla política.
Durante ese tiempo, la oposición encontró en los pupitres una bandera de ataque permanente. Editoriales, portadas, conferencias de prensa y publicaciones en redes sociales buscaron convencer a la ciudadanía de que detrás de esa adquisición existía un enorme esquema de corrupción. La condena mediática llegó mucho antes que cualquier investigación.
Tras dos años de trabajo, tres fiscales del Ministerio Público concluyeron la investigación sin encontrar elementos que acreditaran la supuesta sobrefacturación denunciada. Más aún, la pesquisa determinó que los precios pagados por Itaipú resultaban incluso inferiores a los registrados en procesos similares realizados en Brasil y también menores a los costos que habría implicado fabricar esos mismos pupitres con producción nacional.
Ese dato resulta determinante porque derrumba el principal argumento utilizado para sostener la denuncia.
Uno de los pilares de aquella campaña consistió en comparar el precio de los pupitres adquiridos por Itaipú con publicaciones encontradas en Alibaba.com, una plataforma internacional de comercio electrónico. Presentar esa comparación como una investigación periodística seria fue, cuanto menos, una simplificación extrema. Equiparar un precio publicado en internet con una contratación internacional que incluye especificaciones técnicas, certificaciones, logística, transporte, seguros, impuestos, garantías y distribución nacional difícilmente resista un análisis profesional.
Sin embargo, esa comparación ocupó titulares, abrió noticieros y alimentó durante meses una narrativa de sospechas.
Hoy esa construcción pierde sustento frente a las conclusiones de una investigación oficial que se extendió durante dos años.
La investigación fiscal podrá cerrar un expediente, pero difícilmente repare el daño político y reputacional provocado durante todo este tiempo.
¿Quién devuelve el prestigio puesto en duda? ¿Quién repara la desconfianza sembrada durante dos años? ¿Quién responde por los titulares que hoy quedaron desmentidos? ¿Quién asume el costo de haber presentado como verdad lo que finalmente no pudo ser probado?
Las rectificaciones rara vez ocupan el espacio que tuvieron las acusaciones. Y el daño, cuando ya fue causado, casi nunca encuentra reparación. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.