- Por Benjamín Livieres.
- Analista político
El Consejo de Administración del IPS, presidido por Isaías Fretes, está presto a ejecutar un proyecto que, de concretarse, resultaría altamente inconveniente a los intereses de la previsional y sus asegurados. Desde hace días vienen diciendo que la “situación es catastrófica”, debido a las deudas acumuladas, y que “el presupuesto para compra de medicamentos e insumos (de hechos escasos) alcanzará solo hasta julio”. Como conclusión, anuncian que pedirán autorización del Congreso para contratar nuevos préstamos bancarios, la misma receta que provocó el agujero financiero y que por esta vía se seguiría ampliando.
La escasez actual no respondería a retrasos en las licitaciones, afirman, sino a limitaciones presupuestarias impuestas por la reglamentación de la Ley de Presupuesto. Esto hizo que los G. 220.000 millones destinados a ese fin, se redujeran a G. 60.000 u 80.000 millones. En otras palabras, el Ejecutivo es responsable del desabastecimiento en la previsional, lo que resulta por demás curioso, dado que la eludida reglamentación no es reciente, sino está fechada el pasado 20 de enero, hace casi 6 meses, y Fretes ya lleva 77 días al frente de la institución.
Si fuera cierto lo dicho por los directivos del IPS respecto a los motivos del faltante, bastaría con modificar el impedimento administrativo para resolver el problema y no sería necesario nuevos préstamos, pero si aún así esto no fuera suficiente, la pregunta es ¿por qué recurrir al endeudamiento como única variable para capear la tormenta, que en el pasado le produjo tanto daño?
En diciembre de 2022, la administración del IPS a cargo de Vicente Bataglia (gobierno de Mario Abdo) ya describió el mismo proceso. Faltante de medicamentos e insumos, ultimátum referido al drama que padecerían los pacientes y un largo etcétera que pintaba un panorama apocalíptico. Y la salida a la crisis fue el pedido al Congreso para solicitar préstamos por USD 250 millones. La operación se concretó, pero los fármacos y otros productos imprescindibles no dejaron de faltar y la deuda, al poco tiempo… aumentó.
Los actuales administradores del IPS sabrán de esta “solución fallida” y también reconocerán que nuevos créditos deberán pagarse con los fondos de salud, lo que significará menos dinero destinado a adquirir medicamentos, encima, para un universo de pacientes que seguirá creciendo inexorablemente.
El Consejo y su presidente, al plantear la contratación de nuevos préstamos, no están velando por los intereses de la institución. Si lo hicieren, señalarían como punto de partida que el IPS no solo debe, sino también le deben, siendo su principal deudor el propio Estado paraguayo, por más de USD 700 millones.
Lógicamente, sería impensable que el Ejecutivo salde la deuda total, pero no hay motivo alguno para no reclamar de este un plan de pago, del mismo modo que lo hacen las empresas de la construcción y los grandes laboratorios, para los que se diseña e implementan estrategias específicas, incluida la posibilidad de emitir bonos soberanos, según manifestó el ministro de Economía, Óscar Lovera.
Este podría ser un mecanismo razonable al cual apelar para sortear la crisis, si lo que importa es la previsional y los asegurados, en tanto, se procesa la discusión sobre “las reformas estructurales” tantas veces enunciada, pero nunca puestas en la agenda de debate.