- Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- zaratelazaro@gmail.com
La que fuera residencia de Serafina Dávalos (1877-1957), quien en vida fue una abogada, educadora y feminista paraguaya reconocida como la primera mujer paraguaya abogada del Paraguay y una pionera en la lucha por los derechos femeninos, quien se había graduado en 1907 con una tesis icónica sobre el “humanismo”, que cuestionaba la subordinación femenina y abogaba por la igualdad, la educación y el sufragio, hoy lamentablemente se encuentra en ruina, pese a haber sido declarada como patrimonio histórico y cultural de nuestro país.
Serafina falleció en 1957, en Asunción. A pesar de haber enfrentado resistencia social en su época, es reconocida como una “imprescindible” en la historia paraguaya, abriendo el camino para las siguientes generaciones de mujeres universitarias y activistas.
Dicho inmueble es propiedad del IPS. Sin embargo esta entidad deslindó responsabilidades sobre el estado actual de la histórica “Casa Serafina Dávalos”.
Según la Dirección de Patrimonio del ente, tras el convenio de usufructo firmado en 2025, la Procuraduría General de la República se ha constituido en la única encargada de la restauración y adecuación del inmueble, que, sin embargo, hasta hoy día no se ha llevado a cabo a pesar de los reiterados reclamos de la ciudadanía de la puesta en valor de este patrimonio cultural, supuestamente por falta de recursos presupuestarios.
El destino de la emblemática vivienda que perteneció a Serafina Dávalos, primera abogada y feminista del Paraguay, vuelve a generar debate administrativo. La propiedad y el título de dominio son parte del patrimonio del Instituto de Previsión Social (IPS).
En términos jurídicos el inmueble forma parte de las inversiones inmobiliarias de la previsional, las cuales, en la práctica, deben generar rentabilidad o en casos especiales como este, ser cedidas para fines institucionales específicos.
Ante los cuestionamientos sobre el estado de abandono o la falta de mejoras en la propiedad catalogada como patrimonio histórico, la Dirección de Patrimonio del IPS brindó una respuesta tajante: la pelota está en cancha de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según el IPS, la institución ya no es la encargada de responder por el estado actual del edificio. El argumento se basa en el convenio de cooperación interinstitucional firmado el 16 de junio de 2025 entre el IPS, la PGR y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).
Desde el IPS señalaron que en función a dicho acuerdo, la entidad otorgó el inmueble en calidad de usufructo a la PGR, cuyo objetivo primario era de Espacio Cultural: se prevé un área de uso múltiple para el rescate y difusión del patrimonio histórico y jurídico del país.
El convenio entre otros aspectos señalaba lo siguiente:
-Restauración: la intervención debe respetar la declaración de Patrimonio Cultural Nacional, bajo la supervisión técnica de la SNC.
Este histórico inmueble está ubicado en Herrera 892 entre EE. UU. y Tacuary, mostrando un profundo y alarmante estado de deterioro y abandono, contradiciendo el valor histórico que debería ostentar.
Lejos de ser un sitio en proceso de puesta en valor, es un edificio en ruinas y convertido en un vertedero improvisado, sitiado por personas en situación de calle.
Este inmueble no está conformado solo una estructura de ladrillos, sino que significa un símbolo de la lucha por los derechos civiles del Paraguay al haber sido el hogar de la primera mujer en obtener un doctorado en Derecho en el país. Su profundo deterioro representa una deuda pendiente con la memoria histórica y cultural de nuestro país.
Una verdadera pena la desidia de las autoridades que han asumido el compromiso de restauración y puesta de valor nuevamente. Y la falta de reacción de los directivos del IPS ante las idas y vueltas sin solución.
Es hora que nuestras autoridades tengan la debida consideración y respeto a los pocos patrimonios históricos y culturales que aún permanecen en pie, pues lamentablemente muchos de ellos ya han sido derribados