- Jorge Torres Romero
En Paraguay existe una peligrosa costumbre política: cuando un hecho no alcanza para generar el impacto deseado, se lo agranda hasta convertirlo en otra cosa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con el debate sobre las máquinas de votación.
Lo que dio origen a la polémica no fue una denuncia de fraude electoral. No apareció ninguna evidencia que demuestre manipulación de votos. Tampoco se comprobó vulnerabilidad alguna en las máquinas que serán utilizadas en las próximas elecciones municipales.
Lo que existe es un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) referido a una licitación anterior, cancelada en 2025, y a una conducta que el organismo considera irregular por parte de una empresa durante aquel proceso.
Pero una cosa es investigar una posible irregularidad administrativa y otra muy distinta es instalar la idea de que todo el sistema electoral paraguayo está comprometido.
El dictamen de la DNCP no juzga elecciones. No analiza resultados electorales. No concluye que las máquinas de votación sean fraudulentas. No afirma que la voluntad popular pueda ser alterada. Su objeto es mucho más concreto: determinar si existió una conducta irregular dentro de una licitación específica.
Sin embargo, algunos sectores han optado por transformar un expediente administrativo en una supuesta prueba de que el proceso electoral entero carece de garantías.
Es una conclusión que no surge del dictamen y que jurídicamente carece de sustento.
Pero detrás de esta ofensiva contra las máquinas de votación también existen motivaciones políticas que pocos se animan a mencionar. En Asunción se ha conformado una suerte de cóctel de conveniencias. Por un lado, sectores de la disidencia colorada, particularmente el grupo liderado por los hermanos Samaniego, observan con preocupación encuestas y mediciones que no les resultan favorables frente a la candidatura de Camilo Pérez.
Las elecciones municipales no solamente definirán la conducción de la capital; también marcarán quiénes llegan fortalecidos y quiénes llegan debilitados a la gran disputa política de 2028.
Cuando los números no acompañan, la tentación de cuestionar las reglas del juego suele crecer.
A ello se suma un sector del PLRA que nunca terminó de adaptarse al sistema de desbloqueo de listas y al uso de la tecnología electoral. Es el mismo sector que condujo al liberalismo a algunas de las derrotas más duras de su historia reciente, pero que hoy evita plantear abiertamente su verdadero objetivo: volver al viejo sistema de papeletas. Como no se animan a sostener públicamente esa posición, intentan desacreditar el mecanismo vigente instalando sospechas permanentes sobre las máquinas de votación.
La paradoja es evidente. El problema no son las máquinas. El problema es que el sistema actual modificó formas tradicionales de acumulación de poder político y obliga a competir en condiciones distintas a las de antes.
Incluso si la DNCP resolviera eventualmente sancionar o inhabilitar a una empresa para futuras contrataciones, ello no implica automáticamente la nulidad de un proceso ya adjudicado y actualmente en ejecución. Las sanciones administrativas tienen procedimientos, alcances y efectos definidos por la ley. No operan por contagio político ni por especulación mediática.
Lo preocupante es que detrás de este debate pareciera existir una intención más profunda: sembrar dudas anticipadas sobre el resultado electoral antes incluso de que los ciudadanos concurran a las urnas.
Y confundir una cosa con la otra solo contribuye a deteriorar la confianza de los ciudadanos en un sistema democrático que debe ser protegido por todos, independientemente de las diferencias políticas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.